Cancelar la fibra óptica para la Amazonía: ¿prudencia fiscal o abandono digital de una región histórica?

“Resulta que Brasil ya tiene todos sus ríos amazónicos con fibra óptica y garantiza conexión a ciudades pueblos y aldeas de ríos amazónicos. Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron. El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el gobierno”, dijo Gustavo Petro

Apenas once días después de asumir el cargo, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, anunció la cancelación definitiva de la licitación pública FTIC-LP-001-2026. Se trataba del ambicioso proyecto de red de fibra óptica subfluvial y terrestre destinado a conectar Putumayo y Amazonas, con una inversión estimada de 1,14 billones de pesos. La justificación oficial es contundente: “incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva”.

Sobre el papel, la decisión parece responsable. Un proyecto que pasó de 683.000 millones de pesos (Conpes 4167 de 2025) a 1,14 billones (Conpes 4195 de mayo de 2026) —un incremento del 67,1 %— genera legítimas sospechas de sobrecostos y de una estructuración deficiente. Las vigencias futuras se autorizaron apenas el 4 de agosto, y el nuevo gobierno heredó un proceso que, según el MinTIC, no había logrado concretar adjudicaciones previas y presentaba estimaciones preliminares frágiles. En un país con estrecheces fiscales y una larga historia de megaproyectos fallidos en zonas de difícil acceso, frenar una licitación con estas señales de alerta no es un capricho: es un acto de debida diligencia.

Sin embargo, la crítica no puede quedarse ahí. La Amazonía colombiana no es un territorio cualquiera. Allí la brecha digital es estructural: mientras el promedio nacional de uso de internet supera el 79 %, en Amazonas apenas alcanza el 57 % y en Putumayo el 62 %. Durante más de una década, promesas de conectividad de alta velocidad han naufragado. El proyecto de 2013 con Andired sigue incompleto; hoy faltan cabeceras por conectar y los procesos sancionatorios se arrastran en tribunales de arbitramento. Cancelar ahora, sin anunciar de inmediato un plan B viable, concreto y con cronograma, no solo suspende una iniciativa: perpetúa una exclusión histórica.

El diseño original no era un capricho ideológico. Planteaba 1.600 kilómetros de fibra por el río Putumayo y 70 por el Amazonas, más tramos terrestres, para llegar a unos 100.000 hogares y 227.000 personas. Buscaba articularse con las Infovías brasileñas y el cable submarino SAC en Buenaventura, creando un corredor estratégico Atlántico-Pacífico. Era, en esencia, una apuesta por convertir la geografía fluvial —históricamente un obstáculo— en una ventaja de infraestructura. Que el costo se haya disparado y que existan riesgos ambientales reales (batimetrías, impactos en ecosistemas sensibles) no invalida el problema de fondo: la región sigue desconectada.

La pregunta que debe hacerse el nuevo gobierno no es solo “¿estaba bien estructurado este proyecto?”, sino “¿qué vamos a hacer en su lugar y cuándo?”. Cancelar por riesgos es legítimo; cancelar y dejar el vacío es político. Si las “sospechas de corrupción” que algunos medios mencionan tienen sustento, deben investigarse con rigor y transparencia, no convertirse en un pretexto permanente para la parálisis. Si los riesgos técnicos y ambientales son reales, se necesita una reestructuración seria, no la simple declaración de muerte del proceso.

En el fondo, esta decisión pone de manifiesto una tensión clásica de la administración pública colombiana: la prudencia fiscal versus la urgencia social. Un gobierno que se presenta como defensor de la “Patria milagrosa” y del pueblo no puede limitarse a detectar “fallas en los papeles heredados”. 

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