Caos en el país: recortes a los pobres, apertura al fracking, minería ilegal desbordada y dudas sobre el arroz

Foto: RR.SS.

En menos de dos meses de gobierno, la administración del presidente Abelardo de la Espriella ha marcado un giro radical respecto a la política energética y fiscal del cuatrienio de Gustavo Petro. Mientras se anuncian casi 20 millones de hectáreas para nuevos contratos de exploración de petróleo y gas —incluida la vía hacia el fracking— y se impulsan promesas de empleo e ingresos fiscales, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un recorte cercano al 40 % en subsidios orientados a la población más vulnerable. Paralelamente, un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía revela que el 75 % de la minería de oro de aluvión detectada en ríos es ilegal y sigue expandiéndose, con fuerte presión sobre áreas protegidas y territorios étnicos. A esto se suma la polémica generada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al recomendar a productores de La Guajira y Cesar que dejen de sembrar arroz porque “ya no es negocio”.

El contraste genera interrogantes sobre las prioridades del nuevo gobierno, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la legitimidad institucional en un país donde la desconfianza hacia el Estado y los políticos sigue siendo profunda.

Recortes a los pobres y apuesta energética

Según análisis del presupuesto 2027, los diez principales subsidios (energía, vivienda, transferencias monetarias como Renta Ciudadana o Colombia Mayor, entre otros) pasarían de aproximadamente 22 billones de pesos en 2026 a 13 billones, una reducción de unos 9 billones (cerca del 40 % en términos reales). El subsidio a las tarifas de energía eléctrica, clave para estratos bajos especialmente en el Caribe, caería de alrededor de 6 billones a poco más de 1 billón. El subsidio familiar de vivienda se desplomaría de 890 mil millones a 80 mil millones, y el programa Frech prácticamente desaparecería.

El gobierno justifica el ajuste por la necesidad de priorizar el servicio de la deuda y el peso de vigencias futuras heredadas. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos impulsan la reasignación de casi 20 millones de hectáreas para nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. De la Espriella, quien en campaña prometió “todo el fracking posible” con criterios de responsabilidad ambiental, ha reiterado que la seguridad energética es soberanía nacional y que el país no puede aceptar la caída de reservas. Empresas como Ecopetrol, Drummond Energy y GeoPark se preparan para retomar pilotos o desarrollar yacimientos no convencionales, con expectativas de inversiones millonarias y generación de empleo.

Críticos señalan que se está sacrificando el gasto social inmediato para financiar una apuesta extractiva cuyos beneficios —si llegan— serán a mediano y largo plazo, y cuyos riesgos ambientales son significativos.

Fracking: promesas de empleo frente a riesgos sísmicos y ambientales

Durante el gobierno Petro se congelaron los pilotos de fracking (Kalé y Platero en Puerto Wilches) y se presentaron varios proyectos de ley para prohibirlo, el último apenas semanas antes del cambio de mando. El nuevo gobierno revirtió esa línea de inmediato. Expertos del sector estiman que, si se desbloquean trámites ambientales y consultas previas, podría haber actividad de fracturamiento hidráulico en uno o dos años, como complemento al gas costa afuera (proyecto Sirius).

La evidencia científica indica que el fracking y, sobre todo, la reinyección de aguas residuales pueden inducir sismicidad. La mayoría de los eventos son de baja magnitud e imperceptibles, pero se han documentado sismos de hasta magnitud 4 asociados a estas operaciones. En Colombia, la regulación exige suspender un piloto si se registra un sismo de magnitud local 4 o superior dentro del volumen de vigilancia alrededor del pozo. No hay evidencia de que el fracking pueda generar terremotos de gran magnitud y profundidad como el de 7,4 del 10 de agosto de 2026 en Chocó (de origen tectónico), pero el riesgo de sismos inducidos locales y de contaminación de acuíferos o afectación a ecosistemas permanece.

Ambientalistas y comunidades advierten que la naturaleza pagará el costo: posible contaminación de aguas subterráneas, uso intensivo de agua, emisiones y alteración de territorios. El gobierno anterior intentó frenar la expansión de hidrocarburos y proteger áreas como la Amazonía (resolución que excluyó vastas zonas de nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos), pese a la presencia de grupos armados y a la minería ilegal. El nuevo rumbo prioriza la producción doméstica frente a las importaciones de gas, que ya se han vuelto necesarias.

Minería ilegal: el otro extractivismo que crece

Mientras se abre la puerta al fracking legal, la minería ilegal de oro de aluvión continúa expandiéndose. El informe UNODC-Ministerio de Minas 2025 muestra 118.410 hectáreas con evidencias de explotación, de las cuales el 75 % es ilícita (aumento del 10 % en el área ilegal respecto al año anterior). Chocó, Antioquia y Bolívar concentran el 82 % de la explotación ilícita. Solo 10 municipios concentran más de la mitad de la actividad.

La presión crece sobre parques nacionales (incremento del 87 % en evidencias dentro del Sistema de Parques), tierras de comunidades afrodescendientes (45 % de la detección nacional, 88 % ilegal) y, en menor medida, resguardos indígenas. Hay alta coincidencia con cultivos de coca (45 % de los territorios con minería aluvial también registraron coca) y presencia de grupos armados. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, ha insistido en que no se trata de un debate sobre minería, sino de una confrontación del Estado contra economías criminales que financian la violencia. El nuevo gobierno ha intensificado operativos: entre agosto y finales de septiembre se reportaron cientos de capturas y destrucción de maquinaria.

¿Por qué se hace de manera ilegal? En muchos territorios la formalización es costosa, lenta o inviables por falta de títulos, presencia de grupos armados que controlan o cobran vacunas, debilidad estatal y desconfianza profunda hacia las instituciones. La minería ilegal genera ingresos rápidos, pero destruye ríos con mercurio, deforesta y financia la guerra. El gobierno anterior registró aumentos en el área afectada; el actual promete formalizar a quien tenga vocación de legalidad y perseguir estructuras criminales, pero el resultado aún está por verse.

El arroz: esencial para los colombianos, cuestionado por el ministro

En medio de este panorama, el ministro de Agricultura Indalecio Dangond generó indignación al afirmar ante productores de La Guajira y Cesar que “el arroz ya no es negocio. No siembren arroz… es muy riesgoso, necesita mucha agua”. Recomendó alternativas como el marañón (con rentabilidades superiores al 24-34 %), coco o palma. Posteriormente aclaró que se refería específicamente a zonas ineficientes de La Guajira, donde costos superan los 10 millones de pesos por hectárea y los rendimientos no compensan.

El arroz es un alimento básico en la dieta colombiana. Aunque el país produce la mayor parte de lo que consume, las importaciones han crecido. En el primer cuatrimestre de 2026, Estados Unidos captó el 71 % de las importaciones colombianas de arroz (alrededor de 96.700 toneladas de un total de 117.420), desplazando a Ecuador tras fricciones comerciales. El Tratado de Libre Comercio con EE.UU. ha facilitado el ingreso del grano estadounidense y, hacia 2030, se espera la desgravación total de aranceles.

Productores y Fedearroz ven en las declaraciones del ministro un mensaje que favorece las importaciones y debilita la producción nacional, especialmente en un contexto de bajos precios, altos costos de insumos y estrés hídrico por El Niño. La combinación de presión sobre el agro local, apertura extractiva y recortes sociales alimenta temores de inestabilidad en precios de alimentos y mayor dependencia externa.

Desconfianza, participación electoral y la imagen de autoridad

Las elecciones de 2026 mostraron una participación histórica en segunda vuelta (alrededor del 63,6 %), superior a muchas elecciones previas. De la Espriella ganó por un margen muy estrecho frente a Iván Cepeda. Sin embargo, más de un tercio del censo no votó. En regiones periféricas y zonas de influencia de grupos armados, la desconfianza hacia el Estado y los partidos es crónica: muchos ciudadanos viven bajo normas locales o de actores armados porque no confían en que las instituciones les ofrezcan seguridad, justicia o oportunidades.

La imagen de autoridad fuerte que proyecta el nuevo presidente —heredera de un discurso de mano dura— choca con la realidad de un país que ha visto décadas de conflicto, paramilitarismo, guerrilla y corrupción institucional. La guerra no terminó; se transformó y se financia en buena medida con oro ilegal, coca y otras economías ilícitas. Recortar subsidios a los más pobres mientras se apuesta por extractivismo de alto impacto ambiental y se cuestiona un cultivo básico como el arroz puede profundizar esa desconfianza.

Un caos que se aproxima

La convergencia de factores es delicada: menor gasto social para los vulnerables, expansión de hidrocarburos no convencionales con riesgos sísmicos y ambientales, minería ilegal que crece y contamina ríos y territorios étnicos, y señales de debilidad en la producción de un alimento esencial. El gobierno sostiene que la reactivación petrolera y gasífera generará empleo, regalías y seguridad energética, y que combatirá con firmeza las economías criminales. Los críticos responden que se está repitiendo, con matices, el extractivismo del pasado, pero ahora con menos red de protección social y en un contexto de mayor polarización y cambio climático.

La naturaleza, las comunidades rurales y los hogares de menores ingresos serán los primeros en sentir las consecuencias. Si los hallazgos de petróleo y gas tardan en llegar, si los sismos inducidos o la contaminación generan conflictos, y si el arroz y otros alimentos se encarecen por menor producción local y mayor dependencia externa, el “humo” de las promesas de campaña podría disiparse rápido. Colombia enfrenta una vez más la tensión entre extraer recursos para financiar el Estado y proteger el medio natural y a su población más vulnerable. El equilibrio que logre —o no— este gobierno definirá gran parte del próximo cuatrienio.

Publicaciones Similares

Deja un comentario