El Pacífico y el suroccidente viven el retorno del terror: entre el éxodo indígena y las volquetas bomba
Un pueblo entero huye por el río mientras una carga explosiva destrozó un pueblo en la Panamericana. Dos caras de la misma guerra que el Estado no contiene

En la tarde del 1 de noviembre, cerca de un centenar de botes cargados con familias enteras abandonaron Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó). Aproximadamente 500 indígenas del pueblo Emberá Dobidá —niñas, niños, mujeres gestantes, personas mayores y autoridades tradicionales— dejaron atrás sus viviendas, sus cultivos, sus sitios sagrados y su territorio ancestral. Huían de la disputa armada entre el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional.
Tres días después, en la mañana del 4 de noviembre, una volqueta cargada de explosivos estalló cerca de la estación de Policía en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía (Cauca). Murió Felipe Joaquín Rivera, un barbero de 20 años. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas ancianos. El comercio local quedó destrozado. El vehículo, robado días antes en Timbío, fue detectado por conductores civiles; los responsables lo detonaron antes de alcanzar su objetivo principal.
Dos hechos separados por más de 500 kilómetros y por realidades étnicas distintas. Sin embargo, ambos condensan el mismo diagnóstico que se repite en alertas tempranas, reportes de la Defensoría del Pueblo y análisis de seguridad: el Estado colombiano ha perdido el control efectivo de amplias zonas del Pacífico y del suroccidente. La guerra entre grupos armados ilegales —Clan del Golfo, ELN, Estado Mayor Central de alias ‘Iván Mordisco’— avanza sobre territorios ancestrales y sobre la principal arteria vial del país, mientras la respuesta oficial se limita a discursos de “mano dura” y despliegues tardíos.
El éxodo de Villa Nueva: “Sin territorio no hay pueblo”
La salida masiva de la comunidad Emberá Dobidá no fue sorpresiva para quienes siguen la situación de orden público en la costa Pacífica. Ocurrió apenas dos días después de que la Defensoría del Pueblo emitiera un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024. En ese documento se advertía el agravamiento de las condiciones de seguridad en Nuquí, Bahía Solano y Juradó tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
Los cuerpos correspondían al líder indígena Ramiro Forastero y a su hijo Elmer, secuestrados el 24 de octubre. Los hechos, enmarcados en la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, generaron el pánico que empujó a la comunidad completa a huir. Las familias permanecieron temporalmente en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente vecina, sin poder completar de inmediato el traslado a la cabecera municipal de Nuquí por las difíciles condiciones de seguridad y la falta de transporte fluvial suficiente y protegido. El 3 de noviembre, gran parte logró llegar a Nuquí y se instaló en el coliseo municipal, donde aún esperan atención humanitaria digna, con enfoque étnico y diferencial.
Las organizaciones indígenas lo expresaron con claridad: “De esta manera se atenta contra la pervivencia de nuestras comunidades. Cada niño, niña, joven o adulto que se desplaza forzadamente de su territorio prolifera la extinción física y cultural de las comunidades étnicas del Chocó. Sin territorio no hay pueblo. Esto no es solo un desplazamiento: es un pueblo que desaparece en tiempo real, ante los ojos del Estado. Exigimos protección, atención inmediata y garantías para el retorno. Nuestra pervivencia no se negocia”.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Nuquí Jurubirá Chorí (Aciokendo) y el Resguardo Indígena Jurubirá Chorí Alto Baudó exigieron transporte fluvial prioritario y suficiente con acompañamiento de seguridad, agua potable, kits de alimentación, atención médica de urgencia y alojamiento temporal digno. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas avanzó en la articulación con la Alcaldía de Nuquí para consolidar el censo de la población afectada. La directora general de la entidad, Jensy Osorio Porras, señaló que la respuesta debe construirse con las autoridades indígenas.
Durante 2026, la misma Unidad ya había atendido por confinamiento a más de 770 familias (más de 2.000 personas) de comunidades indígenas y de la comunidad afrodescendiente de Tribugá. Este nuevo desplazamiento se suma a un patrón de afectaciones recurrentes: confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos de reclutamiento de menores. La Defensoría advirtió además que la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando desplazarse ante las mismas condiciones de inseguridad.
El suroccidente bajo fuego: dos semanas de terror
El atentado de El Estrecho cierra una de las quincenas más oscuras de la historia reciente de Colombia. Entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 se registró una ofensiva criminal generalizada que combinó tácticas clásicas de coches bomba con el uso de drones cargados de explosivos:
- 23-24 de octubre: ataque combinado con drones y explosivos contra un puesto de control fluvial en Guapi (Cauca). Un infante de marina muerto y múltiples militares heridos. Simultáneamente, un coche bomba en un peaje de Casanare dejó civiles mutilados.
- 27 de octubre: detonación de una volqueta cargada de artefactos improvisados cerca del puente Portugal, en Patía (Cauca).
- 31 de octubre: una motocicleta bomba asesinó al patrullero Julián Esmith Castaño López en Algeciras (Huila). Ataques coordinados a peajes como El Mango (La Sierra) paralizaron la movilidad regional.
- 1 de noviembre: en Planadas (Tolima), una volqueta bomba estalló junto a una base militar y el hospital local. Cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses. Más de 15 heridos y la infraestructura sanitaria colapsada.
- 4 de noviembre: la volqueta bomba de El Estrecho dejó un muerto y seis heridos, con bloqueo total de la vía Panamericana.
El ataque de Patía fue atribuido preliminarmente a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Discursos oficiales frente a la realidad del territorio
Ante el recrudecimiento de la violencia, la administración del presidente Abelardo De La Espriella ha respondido con el guion habitual: indignación en redes sociales, promesas de persecución implacable y órdenes de desplegar tropas que, a la luz de los resultados, llegan tarde. “¡Al narcoterrorismo lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado! Los vamos a perseguir y los vamos a capturar”, clamó el mandatario tras la tragedia de Patía, reiterando que se mantendrán los bombardeos a “objetivos militares legítimos”.
Analistas de seguridad y organizaciones territoriales advierten, sin embargo, un alarmante vacío de estrategia real. “El Gobierno de De La Espriella está atrapado en un enfoque puramente reactivo”, señala un investigador de orden público que pide reserva de su nombre. “Mover batallones después de que explota una volqueta no es hacer política de seguridad. Falta inteligencia militar, infiltración de redes urbanas y, sobre todo, control institucional de las economías ilícitas que financian estos artefactos”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya reporta para 2026 una de las tasas de masacres y confinamientos más altas de la última década. A diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas FARC, las estructuras disidentes no solo se reorganizaron de forma masiva, sino que sustituyeron el debate ideológico por el pragmatismo puro del narcotráfico y la minería ilegal. Hoy, el EMC de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el ELN operan en el suroccidente y en el Pacífico como señores feudales, imponiendo fronteras invisibles y restricciones de movilidad a poblaciones enteras.
Un patrón histórico que amenaza la pervivencia
El Chocó, departamento de mayoría afrodescendiente e indígena, con una de las biodiversidades más ricas del planeta y una de las tasas de pobreza más altas del país, lleva décadas atrapado en la disputa por el control territorial de grupos armados. El Clan del Golfo y el ELN se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y el control social de las comunidades.
Los desplazamientos y confinamientos de pueblos Emberá (Dobidá, Katío y otros) son recurrentes. En agosto de 2026, más de 100 indígenas Emberá Katíos llegaron a Medellín desplazados por alteraciones de orden público atribuidas al ELN y el asesinato de un líder; días después retornaron de manera voluntaria tras atención humanitaria. Casos similares se repiten en Carmen de Atrato, Alto Baudó y otras zonas del departamento.
Cada desplazamiento forzado no solo genera una crisis humanitaria inmediata. Rompe el tejido social, interrumpe la transmisión de saberes ancestrales, aleja a las comunidades de sus sitios sagrados, de sus ríos, de sus chagras y de su autonomía. Para los pueblos indígenas del Chocó, el territorio no es solo tierra: es el fundamento de la existencia cultural, espiritual y física. Sin él, el riesgo de extinción física y cultural es real y se acelera con cada éxodo.
En el suroccidente, la vía Panamericana se ha convertido en una trampa mortal. Los desplazamientos forzados hacia Popayán, Pasto y Cali van en aumento, desbordando las capacidades de atención humanitaria de las alcaldías locales.
El llamado urgente
Las organizaciones indígenas y la Defensoría del Pueblo coinciden en la exigencia: protección efectiva, atención humanitaria inmediata con enfoque étnico, medidas preventivas para evitar nuevos desplazamientos (especialmente en Puerto Indio) y, sobre todo, garantías reales para el retorno seguro, digno y voluntario a los territorios.
“La disputa territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades”, reiteró la Defensoría. El organismo pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales actuar con urgencia.
Hasta el cierre de esta crónica, las familias de Villa Nueva permanecen en condición de desplazamiento en el coliseo de Nuquí. El río, que siempre ha sido vía de vida y comunicación para estas comunidades, se transformó en la ruta de escape de un pueblo que no quiere desaparecer. En El Estrecho, los vecinos aún recogen los escombros del comercio destrozado y entierran a un joven barbero.
El éxodo de Villa Nueva Jurubidá y la volqueta bomba de Patía no son hechos aislados. Son el síntoma más reciente de una guerra que, a pesar de los esfuerzos de paz y las alertas institucionales, sigue consumiendo a las comunidades étnicas del Pacífico y a la población civil del suroccidente. Cada familia que abandona su casa, cada niño que deja su escuela comunitaria, cada autoridad tradicional que se ve obligada a huir, cada civil que muere en un atentado, suma a la lenta pero constante erosión de la seguridad y de la diversidad cultural de Colombia.
Las comunidades lo han dicho con claridad: alertaron, pidieron ayuda y ahora exigen protección, atención y retorno. La pervivencia de los pueblos indígenas del Chocó no se negocia. Tampoco se negocia el derecho de los habitantes del Cauca a transitar por la Panamericana sin temor a una carga explosiva. El desenlace de esta crisis dependerá de si las palabras de alerta y los discursos de “enfrentar con todo” se convierten, por fin, en acciones efectivas de protección y de paz territorial. Mientras tanto, un pueblo desaparece bote a bote y otro pueblo entierra a sus muertos ante los ojos de un Estado que aún no encuentra la forma de recuperar el control.
