Puerto Antioquia, avances a costo de los derechos colectivos y la omisión del gobernador Andrés Julián Rendón

El megaproyecto Puerto Antioquia, ubicado en el Golfo de Urabá, municipio de Turbo, Antioquia, se perfila como una de las obras de infraestructura portuaria más ambiciosas de Colombia. Con una inversión aproximada de 400 millones de dólares y una capacidad proyectada de 7.8 millones de toneladas anuales, este terminal multipropósito promete impulsar la economía de la región, especialmente el sector bananero, y posicionar a Urabá como un nodo logístico clave en el Caribe. Sin embargo, el proyecto avanza envuelto en una polémica que pone en entredicho el respeto por los derechos fundamentales de las comunidades negras del Chocó y Urabá, particularmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. En el centro de esta controversia se encuentra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión ha sido señalada por su aparente indiferencia hacia las demandas de las comunidades étnicas y por priorizar intereses económicos sobre la justicia social y territorial. Este artículo examina en detalle el impacto del proyecto, las violaciones a los derechos colectivos, y ofrece una crítica fundamentada a la actuación de Rendón, basándose en hechos, declaraciones públicas y el contexto sociohistórico de la región.

El Proyecto Puerto Antioquia: Un Gigante con Pies de Barro

Puerto Antioquia es una iniciativa liderada por la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá, con socios de peso como Puertos, Inversiones y Obras S.A.S., la naviera francesa CMA CGM y empresas bananeras como Unibán. La construcción, iniciada en 2022, está en su fase final, con planes para recibir su primer barco en 2025. El puerto abarca un área significativa en el Golfo de Urabá, incluyendo tierras reclamadas por comunidades afrodescendientes, y promete generar empleo, mejorar la infraestructura vial y fortalecer el comercio exterior. Sin embargo, este desarrollo económico viene acompañado de un costo social y ambiental que ha sido ampliamente ignorado por las autoridades, incluyendo al gobernador Rendón.

El proyecto se inserta en una región marcada por la desigualdad, el despojo histórico y el conflicto armado. Urabá y el Chocó, territorios con una fuerte presencia de comunidades negras e indígenas, han sido escenario de violencia paramilitar, desplazamiento forzado y apropiación indebida de tierras desde hace décadas. Las comunidades afrodescendientes, amparadas por la Ley 70 de 1993, tienen derecho a la titulación colectiva de sus territorios ancestrales y a participar en decisiones que afecten sus tierras, cultura y modos de vida. No obstante, Puerto Antioquia ha avanzado sin garantizar este derecho fundamental, generando un clamor de auxilio desde las comunidades afectadas.

La Consulta Previa: Un Derecho Pisoteado

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 70 de 1993 establecen que las comunidades étnicas deben ser consultadas de manera previa, libre e informada antes de que se implementen proyectos que impacten sus territorios. Este proceso no es un mero trámite administrativo, sino un mecanismo para proteger los derechos colectivos, garantizar la participación efectiva y mitigar los impactos negativos de megaproyectos. En el caso de Puerto Antioquia, las comunidades negras de Puerto Girón, Nueva Colonia y Cocomanorte, entre otras, han denunciado que no se ha cumplido con este requisito.

Un reporte de BluRadio (30 de abril de 2025) cita a Maufran Machuca, representante del Consejo Mayor de Comunidades Negras de Nueva Colonia (Comanuco), quien calificó el proceso de consulta previa programado para mayo de 2025 como “discriminatorio” y excluyente, ya que dejó fuera a comunidades directamente afectadas. Asimismo, Emigdio Pertuz, del Consejo Comunitario Cocomanorte, hizo un llamado al gobierno nacional para intervenir, señalando que las comunidades están perdiendo acceso a sus territorios ancestrales. Estas denuncias reflejan una constante en la región: la marginalización de las voces afrodescendientes en favor de intereses privados.

El Consejo Comunitario de Puerto Girón, cuyas tierras abarcan 11,269 hectáreas en disputa, ha enfrentado obstáculos para obtener la titulación colectiva desde 2001. La demora en estos procesos, sumada a la presión de proyectos como Puerto Antioquia, evidencia un incumplimiento sistemático del Estado colombiano. En 2022, Puerto Girón firmó un acuerdo con los promotores del puerto que incluía beneficios como becas educativas y proyectos productivos a cambio de no exigir la consulta previa. Sin embargo, según un informe de Consejo de Redacción, estos compromisos han sido incumplidos en gran medida: de diez becas prometidas anualmente, solo una se otorgó en 2022, y otros proyectos siguen en el aire. Esta situación pone en evidencia una estrategia de cooptación que debilita los derechos colectivos bajo promesas vacías.

El Rol de Andrés Julián Rendón: Omisión y Prioridad a los Intereses Privados

Como gobernador de Antioquia desde enero de 2024, Andrés Julián Rendón tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de todos los habitantes del departamento, incluyendo las comunidades étnicas de Urabá. Sin embargo, su gestión ha sido criticada por su aparente alineación con los intereses de las élites económicas y su falta de acción frente a las violaciones de derechos en el contexto de Puerto Antioquia. A continuación, se detallan los puntos clave que sustentan esta crítica:

1. Silencio Frente a las Denuncias de las Comunidades

Rendón no ha emitido pronunciamientos claros ni ha tomado medidas concretas para garantizar que el proyecto Puerto Antioquia cumpla con la consulta previa. Mientras las comunidades claman por intervención, el gobernador ha optado por un enfoque que prioriza la finalización de la obra sobre los derechos territoriales. Por ejemplo, en abril de 2025, el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente a Rendón que asegurara el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del proyecto, incluyendo la consulta previa. La respuesta de Rendón fue evasiva, lamentando que Petro “se atormente” por los avances de Antioquia y afirmando que la Gobernación no tiene competencia directa en licencias ambientales o consultas previas (,). Esta postura no solo elude su responsabilidad como autoridad regional, sino que ignora el rol de la Gobernación en la coordinación con el gobierno nacional y las comunidades para proteger los derechos colectivos.

2. Promoción de un Modelo Económico Excluyente

Rendón, miembro del partido Centro Democrático y defensor de políticas uribistas, ha impulsado una visión de desarrollo que favorece grandes proyectos de infraestructura y agroindustria, a menudo en detrimento de las comunidades más vulnerables. Su plan de desarrollo departamental 2024-2027, “Por Antioquia Firme”, destina 10 billones de pesos a proyectos de infraestructura y productividad, pero no incluye medidas específicas para abordar las demandas de titulación colectiva o la protección de los territorios étnicos (). En el caso de Puerto Antioquia, Rendón ha celebrado los avances del proyecto como un logro para el departamento, sin mencionar los impactos negativos en las comunidades negras. Esta narrativa refuerza un modelo económico que privilegia a las élites bananeras y navieras, mientras margina a las poblaciones afrodescendientes que han habitado la región por generaciones.

3. Confrontación con el Gobierno Nacional

La relación tensa entre Rendón y el gobierno de Gustavo Petro ha obstaculizado los esfuerzos para abordar las violaciones de derechos en Puerto Antioquia. En lugar de buscar un diálogo constructivo, Rendón ha optado por una postura confrontacional, acusando al gobierno nacional de querer “imponer el socialismo” o de obstaculizar el progreso de Antioquia (). Esta retórica polarizante desvía la atención de los problemas reales, como la falta de consulta previa, y refuerza la percepción de que el gobernador está más interesado en disputas políticas que en resolver las demandas de las comunidades. Por ejemplo, cuando Petro pidió garantizar los requisitos sociales y ambientales del puerto, Rendón respondió con sarcasmos en lugar de comprometerse a trabajar con el Ministerio del Interior o la Dirección de Consulta Previa para asegurar un proceso inclusivo ().

4. Antecedentes de Insensibilidad hacia Comunidades Étnicas

La propuesta de Rendón de un referendo para la autonomía fiscal de Antioquia, lanzada en 2023, generó controversia por su aparente exclusión de departamentos como el Chocó. Críticos como el senador Humberto de la Calle señalaron que la iniciativa podría agravar las desigualdades regionales, dejando a territorios como el Chocó, con alta población afrodescendiente, en desventaja (). Aunque Rendón ha propuesto fondos compensatorios para departamentos menos favorecidos, su discurso sobre la autonomía ha sido interpretado como un reflejo de una visión elitista que prioriza los intereses de Antioquia sobre la equidad territorial. Este antecedente sugiere una falta de sensibilidad hacia las necesidades de las comunidades étnicas, que se repite en el caso de Puerto Antioquia.

5. Falta de Liderazgo en Seguridad y Contexto de Violencia

El proyecto Puerto Antioquia se desarrolla en una región marcada por la presencia del Clan del Golfo y otras estructuras criminales, que han intimidado a las comunidades y limitado su capacidad de oposición. Rendón ha criticado la política de “paz total” del gobierno Petro, argumentando que legitima a grupos criminales (,). Sin embargo, no ha propuesto medidas efectivas para proteger a las comunidades afrodescendientes de Urabá frente a estas amenazas, ni ha abordado el impacto de la violencia en su derecho a la consulta previa. Su propuesta de reactivar “frentes de seguridad ciudadana” ha generado temores por su similitud con las cuestionadas Convivir de los años 90, que contribuyeron a violaciones de derechos humanos en la región (). Este enfoque securitista no aborda las raíces estructurales del conflicto ni protege a las comunidades afectadas por el megaproyecto.

Impactos en las Comunidades Negras: Un Despojo Continuado

Las comunidades negras del Chocó y Urabá enfrentan un nuevo capítulo de despojo con Puerto Antioquia. Las tierras en disputa, ricas en recursos hídricos y estratégicas por su acceso al Atlántico, son esenciales para la subsistencia de estas comunidades, que dependen de la pesca, la agricultura y la recolección. La construcción del puerto ha generado desplazamientos, restricciones de acceso a los ríos León y Suriquí, y una creciente presión sobre los ecosistemas locales. Además, la falta de titulación colectiva perpetúa la inseguridad jurídica de las comunidades, dejándolas vulnerables frente a proyectos de gran escala.

Organizaciones como el Movimiento Nacional Cimarrón y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado que las comunidades afrocolombianas enfrentan pobreza extrema (98% en algunas zonas) y discriminación estructural. Puerto Antioquia, lejos de mitigar estas desigualdades, las exacerba al priorizar los beneficios económicos para empresas privadas sobre el bienestar de los habitantes ancestrales. La exclusión de las comunidades en el proceso de consulta previa no solo viola la normativa internacional, sino que refuerza un patrón histórico de racismo estructural y colonialismo interno.

Crítica al Gobernador Rendón: Una Gestión Desconectada de la Justicia Social

La gestión de Andrés Julián Rendón en el caso de Puerto Antioquia refleja una desconexión profunda con los principios de justicia social y equidad territorial. Su silencio frente a las denuncias de las comunidades, su defensa acrítica del proyecto y su confrontación con el gobierno nacional revelan una postura que privilegia los intereses de las élites económicas sobre los derechos de las poblaciones vulnerables. A continuación, se resumen los puntos críticos de su actuación:

  1. Evasión de Responsabilidad: Al afirmar que la Gobernación no tiene competencia en la consulta previa, Rendón elude su rol como mediador entre las comunidades, el gobierno nacional y los promotores del proyecto. Como líder departamental, tiene la obligación de garantizar que los derechos fundamentales se respeten, especialmente en un proyecto de tal magnitud.
  2. Falta de Empatía: La retórica de Rendón, centrada en el progreso económico de Antioquia, ignora el sufrimiento de las comunidades negras, que enfrentan despojo y exclusión. Su incapacidad para reconocer públicamente las violaciones de derechos en Puerto Antioquia refleja una falta de sensibilidad hacia las luchas históricas de las poblaciones afrodescendientes.
  3. Priorización de Intereses Privados: La promoción entusiasta de Puerto Antioquia, sin abordar las demandas de las comunidades, sugiere una alineación con los intereses de las empresas bananeras y navieras. Esto refuerza la percepción de que Rendón representa a las élites antioqueñas, no a la diversidad de su departamento.
  4. Politización del Problema: En lugar de buscar soluciones dialogadas, Rendón ha utilizado el caso de Puerto Antioquia para alimentar su confrontación con el gobierno Petro. Esta estrategia política desvía la atención de las necesidades de las comunidades y perpetúa un clima de polarización que dificulta la justicia territorial.
  5. Ausencia de Propuestas Concretas: Más allá de críticas al gobierno nacional, Rendón no ha presentado un plan claro para proteger los derechos de las comunidades afectadas por el puerto. Su gestión carece de iniciativas para acelerar la titulación colectiva, fortalecer la seguridad en la región o garantizar un proceso de consulta inclusivo.

Conclusión: Un Llamado a la Acción

El proyecto Puerto Antioquia simboliza el choque entre el desarrollo económico y los derechos colectivos en Colombia. Si bien el puerto tiene el potencial de transformar la economía de Urabá, su avance sin consulta previa constituye una violación flagrante de los derechos de las comunidades negras del Chocó y Antioquia. Estas comunidades, que han resistido siglos de exclusión y violencia, merecen ser escuchadas y respetadas como actores centrales en las decisiones que afectan sus territorios.

La gestión del gobernador Andrés Julián Rendón ha fallado en responder a esta crisis con el liderazgo y la empatía que exige la situación. Su silencio, evasivas y priorización de intereses privados han contribuido a perpetuar un modelo de desarrollo que margina a las poblaciones más vulnerables. En lugar de celebrar los avances del puerto, Rendón debería liderar esfuerzos para garantizar la consulta previa, resolver los litigios de titulación colectiva y proteger a las comunidades frente a la violencia y el despojo.

Es imperativo que el gobierno nacional, las autoridades regionales y la sociedad civil trabajen juntos para corregir estas injusticias. Las comunidades negras de Urabá y el Chocó no solo necesitan auxilio, como han pedido, sino también el reconocimiento pleno de sus derechos. Puerto Antioquia no puede construirse sobre la base de la exclusión; su éxito debe medirse no solo en toneladas exportadas, sino en la justicia y dignidad que garantice a quienes han habitado estas tierras por generaciones. Rendón, como gobernador, tiene la oportunidad de rectificar su rumbo y priorizar la equidad sobre el lucro. La pregunta es si estará dispuesto a hacerlo, o si seguirá siendo cómplice de un despojo que mancha el futuro de Antioquia.

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