La “venganza” de “Lucho” Herrera, él habría contratado a paramilitares para asesinar a 4 campesinos

El legendario ciclista colombiano, Luis Alberto “Lucho” Herrera, que conquistó la Vuelta a España en 1987 y se alzó como símbolo de superación en el ciclismo mundial, enfrenta el desafío más sombrío de su vida. A los 64 años, el “Jardinerito de Fusagasugá” está bajo investigación por su presunta implicación en la desaparición forzada y asesinato de cuatro campesinos en 2002, un crimen perpetrado por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Dos exparamilitares denuncian que el exdeportista pagó por el asesinato de estos vecinos, mientras que Herrera asegura tajantemente que “nunca ha pertenecido a organizaciones criminales ni pretendido causar daño”. Con el 12 de mayo de 2025 marcado como una fecha crucial para avances judiciales, incluyendo resultados de exhumaciones y posibles cargos, el caso ha conmocionado a Colombia y al mundo, poniendo en jaque el legado de un ícono.
Óscar Rodríguez, sobrino de una de las víctimas, señaló en el programa “El Reporte Coronell” de W Radio que, tras su secuestro en marzo de 2000, Herrera habría tomado represalias contra personas que creía, equivocadamente, estaban ligadas a la guerrilla. Según Rodríguez, Herrera, junto a su hermano, trajeron desde los Llanos Orientales a un grupo paramilitar, las Autodefensas Campesinas del Casanare, para “hacer justicia por su cuenta”. Las víctimas, sin embargo, eran vecinos y trabajadores agrícolas del exdeportista.
El crimen de La Aguadita: Un relato de horror
El caso se centra en los hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002 en la vereda La Aguadita, Fusagasugá, a 70 kilómetros de Bogotá. Cuatro campesinos —Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez— fueron secuestrados, degollados, descuartizados y enterrados en un acto de extrema violencia. El Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá ordenó investigar a Herrera tras las confesiones de tres exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, lideradas por Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”: Luis Fernando Gómez Flórez (“Ojitos”), Óscar Andrés Huertas Sarmiento (“Menudencias”) y Héctor Díaz Gaitán (“Camargo”).
Dos de estos exparamilitares, “Ojitos” y “Menudencias”, denuncian directamente que Herrera pagó 40 millones de pesos para que se ejecutara el crimen, acusando a las víctimas de ser milicianos de las FARC que planeaban secuestrarlo. Según sus testimonios, el verdadero objetivo habría sido despojar a los campesinos de sus tierras, que no superaban una fanegada. “Camargo” aportó detalles escalofriantes, confesando que estuvo en la camioneta Toyota Hilux beige de cuatro puertas usada para el secuestro. Relató que, disfrazados con chalecos y gorras del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), capturaron a las víctimas entre las 6 y 7 de la noche. “Menudencias” describió el desenlace: “Recogimos a dos en un sitio y a los otros dos en diferentes partes. Metimos a dos en el platón y dos en la parte de adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a La Aguadita, en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete”. Los restos, según los exparamilitares, fueron enterrados en dos fosas en un predio presuntamente ligado a Herrera, identificado por algunos como su finca.
La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, declaró el caso como crimen de lesa humanidad, lo que lo hace imprescriptible. Entre el 21 y 26 de abril de 2025, se realizaron diligencias de exhumación en una finca en Silvania, Cundinamarca, para localizar los restos de las víctimas. Los resultados de estas acciones, junto con posibles avances en la investigación, se esperan para el 12 de mayo. Según Noticias Uno, un tercer paramilitar confesó haber estado en camioneta en la que secuestraron a vecinos de Lucho Herrera. “Los subo a la camioneta, eran tres hombres y los llevo hasta la vereda Tibacuy, adelante del club El Bosque. A mano izquierda hay una finca, bajo a las personas, se matan y se entierran en esa finca”, Héctor Díaz alias “Camargo”.
Una venganza tras el secuestro del 2000
Una hipótesis alternativa, planteada por Andrés Rodríguez, sobrino de las víctimas, sugiere que el crimen pudo ser una venganza tras el secuestro de Herrera por las FARC en marzo de 2000. El exciclista fue retenido durante 24 horas en Fusagasugá y liberado tras el pago de una extorsión de más de 4.000 millones de pesos. Rodríguez afirmó en W Radio: “Lucho, en compañía de su hermano Rafael, en sus ansias de venganza, lo que hicieron fue traer ese grupo paramilitar desde los Llanos Orientales —donde Rafael Herrera tiene una finca— para que hicieran justicia por sus propias manos, culpando a personas totalmente inocentes”. Esta versión apunta a que Herrera, marcado por el trauma de su secuestro, habría contactado a “Martín Llanos” para ejecutar un ajuste de cuentas, señalando erróneamente a los campesinos como colaboradores de la guerrilla.
Esta hipótesis diverge de la narrativa inicial de despojo de tierras, pero refuerza la conexión entre Herrera y los paramilitares. Algunos informes sugieren que el secuestro de 2000 llevó al exciclista a buscar protección en grupos armados de derecha, una práctica no infrecuente en regiones afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, las declaraciones de los exparamilitares, quienes podrían estar motivados por beneficios judiciales bajo la Ley de Justicia y Paz, están bajo escrutinio, y la Fiscalía busca pruebas materiales para corroborarlas.
Herrera ha rechazado vehementemente las acusaciones. En un comunicado emitido el 21 de abril de 2025, afirmó: “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Rechazo las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria de más de 40 años dedicada al ciclismo y al trabajo honesto”. Aseguró no conocer a los exparamilitares y estar consultando con sus abogados para presentarse ante la Fiscalía, prometiendo esclarecer los hechos una vez conozca los cargos específicos. Su equipo legal ha planteado que las acusaciones podrían ser un intento de desprestigiarlo, posiblemente motivado por los beneficios judiciales que los exparamilitares podrían obtener o por enemistades personales.
La defensa de Herrera también ha señalado el contexto de su secuestro en 2000 como un factor que pudo haberlo convertido en blanco de acusaciones. “Lucho fue víctima de la violencia que azotó a Colombia. Es injusto que ahora se le señale sin pruebas contundentes”, afirmó un allegado en El Tiempo. Sin embargo, la gravedad de las denuncias, respaldadas por múltiples testimonios, ha generado escepticismo sobre su narrativa de inocencia.
El dolor de las víctimas y la indignación pública
Los familiares de las víctimas han vivido más de dos décadas de angustia. Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel y José del Carmen, expresó en Blu Radio: “No importa el nombre del responsable; lo que queremos es saber qué pasó con nuestros seres queridos. Han sido 23 años de sufrimiento sin respuestas”. Andrés Rodríguez, sobrino de las víctimas, negó cualquier conflicto previo con Herrera o ofertas por las tierras, que calificó de “insignificantes” por no superar una fanegada. “Nunca hubo problemas con Lucho. Queremos que se sepa la verdad y que haya justicia”, afirmó. Los familiares también han reportado temor por su seguridad, exigiendo protección al Estado ante posibles represalias.
El caso ha desatado una polarización en la opinión pública. En Fusagasugá, el 25 de abril de 2025, manifestantes arrojaron pintura roja sobre una estatua de Herrera y colocaron un fusil simbólico, en un acto de protesta que reflejó la indignación de algunos sectores.
El contexto del conflicto armado
El caso de Herrera es un reflejo de las heridas abiertas del conflicto armado colombiano. Los paramilitares, surgidos en los años 70 como respuesta a las guerrillas de izquierda, se convirtieron en actores clave de la violencia, responsables de masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierras. Las Autodefensas Campesinas del Casanare, lideradas por “Martín Llanos”, operaron en los Llanos Orientales y otras regiones, dejando miles de víctimas hasta su desmovilización parcial en los 2000 bajo el proceso de Justicia y Paz. La posible vinculación de una figura pública como Herrera con estos grupos resalta cómo el conflicto permeó todos los niveles de la sociedad, incluso a quienes eran considerados héroes nacionales.
La Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005, permitió la confesión de miles de crímenes paramilitares, pero muchos casos de desaparición forzada siguen sin resolverse. Las familias de las víctimas de La Aguadita, como tantas otras, han esperado décadas por justicia, y el caso de Herrera podría visibilizar estas historias olvidadas.
El 12 de mayo: Un momento decisivo
El 12 de mayo de 2025 está marcado como un punto de inflexión. La Fiscalía podría revelar los resultados de las exhumaciones realizadas en Silvania, que buscan confirmar la presencia de los restos de las víctimas y recopilar evidencia forense. Si se hallan las fosas descritas por los exparamilitares, la investigación podría avanzar hacia la formalización de cargos contra Herrera y otros implicados por delitos como desaparición forzada agravada y homicidio agravado, que conllevan penas de hasta 40 años de prisión. Ese mismo día, Herrera, acompañado de su equipo legal, podría rendir declaraciones formales ante la Fiscalía, un momento clave para su defensa.
La Fiscalía también está evaluando la credibilidad de los testimonios de los exparamilitares, cotejándolos con registros históricos, declaraciones de testigos y posibles vínculos documentales entre Herrera y las Autodefensas. Además, se analizan movimientos financieros de la época para determinar si existieron pagos como los descritos por los excombatientes. La combinación de evidencia forense, testimonial y documental será crucial para determinar el rumbo del caso.
Implicaciones para el legado de Herrera
Lucho Herrera, conocido por su humildad y sus hazañas en las montañas, fue un pionero que abrió camino para generaciones de ciclistas colombianos como Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Su imagen de campesino convertido en campeón resonó en un país marcado por la desigualdad y el conflicto. Sin embargo, las acusaciones actuales plantean preguntas dolorosas: ¿pudo el trauma de su secuestro en 2000 haberlo llevado a decisiones fatales? ¿Es víctima de una campaña de desprestigio, o hay verdades ocultas tras su figura heroica?
El caso también reaviva el debate sobre la impunidad en Colombia. A pesar de los avances de la Ley de Justicia y Paz, miles de víctimas del conflicto siguen sin obtener justicia. El caso de Herrera, al involucrar a una figura pública de su calibre, podría convertirse en un símbolo de la lucha contra la impunidad, pero también en un recordatorio de cómo el conflicto armado marcó a toda una nación.
Un país en vilo
El 12 de mayo de 2025 no será solo una fecha en el calendario, sino un momento que podría redefinir la historia de Lucho Herrera y de Colombia. Si las exhumaciones confirman los testimonios, el caso podría derivar en un juicio histórico que exponga los nexos entre figuras públicas y el paramilitarismo. Si las acusaciones no se sustentan, Herrera podría recuperar su reputación, aunque el daño a su imagen ya es profundo. Para las familias de las víctimas, como Pastor y Andrés Rodríguez, la esperanza es que, tras 23 años, la verdad salga a la luz.
Mientras Colombia espera respuestas, las palabras de Herrera resuenan en contraste con las denuncias de los exparamilitares: “Nunca he pretendido causar daño”. Pero en La Aguadita, cuatro familias aún lloran a sus seres queridos, y el 12 de mayo podría ser el primer paso hacia la justicia que han buscado por tanto tiempo. Para Lucho Herrera, el ascenso hacia la verdad será más empinado que cualquier montaña que haya conquistado en su bicicleta.
