42 exintegrantes de la IV Brigada reconocen ante la JEP su responsabilidad en ‘falsos positivos’ en Antioquia

En un hecho histórico para la justicia transicional en Colombia, 42 antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, incluyendo seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles, reconocieron su responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en el patrón macrocriminal de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en el departamento de Antioquia. Este reconocimiento, enmarcado en el Caso 03 de la JEP, abarca la muerte de al menos 581 personas, de las cuales 208 fueron además desaparecidas forzadamente, entre los años 2002 y 2007, en una práctica sistemática que buscaba presentar a civiles como bajas en combate para inflar resultados operacionales.

Una política de “conteo de cuerpos”

La investigación de la JEP ha documentado cómo la IV Brigada, con sede en Medellín, implementó una política de facto conocida como “conteo de cuerpos”, basada en la presión por resultados operacionales medidos en número de bajas. Esta práctica, según la Sala de Reconocimiento de Verdad, se materializó a través de tres modalidades macrocriminales que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas y tentativas de asesinato. Las órdenes, directrices, lineamientos y mensajes cotidianos transmitidos por radio a las tropas condicionaron la conducta criminal de los subalternos, favoreciendo la consolidación de asociaciones ilícitas dentro de los batallones y unidades militares bajo el mando de los imputados.

De los 50 comparecientes de la fuerza pública imputados por la JEP en los dos periodos investigados (2002-2003 y 2004-2007), 42 aceptaron su responsabilidad por escrito dentro del plazo establecido para responder a la imputación. Siete de ellos reconocieron hechos ocurridos entre 2002 y 2003, mientras que 35 admitieron su participación en crímenes cometidos entre 2004 y 2007. Los delitos imputados incluyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, específicamente 581 homicidios, de los cuales 208 implicaron desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato. De estos casos, 147 ocurrieron en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, y los 434 restantes, junto con las tentativas, se registraron en el segundo periodo, entre 2004 y 2007.

Voces de los responsables

Entre los compareientes que aceptaron su responsabilidad destaca el teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien se desempeñó como oficial de operaciones de la IV Brigada entre 2004 y 2007. Junto a él, los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz, todos comandantes de unidades investigadas, reconocieron haber dado órdenes que implementaron esta política criminal. Estos oficiales admitieron haber liderado, de manera directa o indirecta, la práctica de presentar civiles como guerrilleros caídos en combate, pese a conocer los riesgos que esta representaba para la población civil.

A ellos se suman cinco mayores: Juan Carlos Quiroz Osorio, César Augusto Tavera Cardona, Ángel William Martínez, Óscar Odilio Villate Porras y Félix Gabriel Churio Marcucci; cuatro capitanes: Carlos Andrés Nivia, José Alberto Caicedo Antolínez, Beismarck Salamanca Nempeque y Gersson Freddy Buitrago Medina; y cuatro tenientes: Nelson Enrique Carvajal Chisco, Manuel Alejandro Cuéllar, Hernando García García y César Augusto Cómbita Eslava. También figuran ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles, quienes, en diferentes roles, participaron en la ejecución o encubrimiento de estos crímenes.

En sus declaraciones escritas, los compareientes no solo aceptaron los términos de la imputación, sino que, en algunos casos, aportaron información nueva que amplía las responsabilidades inicialmente establecidas. Además, manifestaron su compromiso de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), ofreciendo datos relevantes para localizar a las víctimas de desaparición forzada. Este gesto, según la JEP, representa un avance significativo en el proceso de verdad y reparación, ya que la información proporcionada podría ayudar a cerrar el ciclo de incertidumbre para cientos de familias que aún buscan a sus seres queridos.

El impacto en las víctimas y los territorios

Los compareientes también hicieron referencia a los profundos daños causados a las víctimas, sus comunidades y los territorios afectados. En sus escritos, expresaron su voluntad de contribuir a la restauración integral de las víctimas, incluyendo medidas de reparación simbólica, económica y territorial. Este compromiso se enmarca en el enfoque restaurativo de la JEP, que busca no solo esclarecer la verdad, sino también garantizar la no repetición de estos crímenes y reparar el tejido social roto por la violencia.

El proceso de reconocimiento se ha desarrollado en el marco de un diálogo entre víctimas y compareientes, un espacio que la JEP ha promovido para fomentar la construcción de verdad. Las víctimas han jugado un rol activo, aportando testimonios y exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido con sus seres queridos. Este proceso dialógico ha permitido que los reconocimientos no se limiten a aceptar los cargos, sino que incluyan reflexiones sobre el impacto de los ‘falsos positivos’ en las comunidades antioqueñas, particularmente en el oriente del departamento, donde se concentraron muchos de los casos.

Los que no reconocieron su responsabilidad

A pesar de la contundente evidencia testimonial y documental recopilada por la JEP, no todos los imputados aceptaron los cargos. Cuatro compareientes negaron su responsabilidad como máximos responsables de los hechos, mientras que tres presentaron solicitudes de nulidad, argumentando irregularidades en el proceso. Además, en el caso del compareciente Édgar Emilio Ávila Doria, la Sala de Reconocimiento de Verdad no registra pronunciamiento alguno, lo que deja abierta la posibilidad de que su caso sea tratado de manera diferenciada en futuras etapas del proceso.

Un hito en la justicia transicional

El reconocimiento masivo de responsabilidad por parte de estos 42 exintegrantes de la IV Brigada marca un hito en el Caso 03 de la JEP, uno de los procesos más emblemáticos de la justicia transicional en Colombia. Los ‘falsos positivos’ representan uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado, en el que civiles inocentes, en muchos casos campesinos, jóvenes desempleados o personas en situación de vulnerabilidad, fueron asesinados y presentados como combatientes para satisfacer demandas institucionales de resultados operacionales.

La JEP ha destacado la importancia de este avance, no solo por el número de compareientes que han aceptado su responsabilidad, sino por la profundidad de los aportes que han hecho a la verdad. La evidencia recopilada, que incluye documentos militares, testimonios de víctimas y confesiones de los propios responsables, ha permitido reconstruir cómo esta práctica se institucionalizó en la IV Brigada y cómo se extendió a diferentes unidades bajo su mando.

Hacia la verdad y la reparación

El reconocimiento de estos crímenes por parte de los exintegrantes de la IV Brigada no es el final del proceso, sino un paso crucial en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. La JEP continuará analizando los aportes de los compareientes para determinar las sanciones propias que se impondrán, las cuales podrían incluir medidas restaurativas como trabajos, obras y actividades con impacto social en las comunidades afectadas. Además, la colaboración con la UBPD será clave para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, un aspecto fundamental para las víctimas que aún esperan respuestas.

Este proceso también envía un mensaje claro sobre la importancia de la justicia transicional en Colombia. La JEP, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, ha demostrado ser un mecanismo efectivo para abordar los crímenes más graves del conflicto armado, al tiempo que fomenta la participación de las víctimas y promueve la reconciliación. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos, especialmente frente a las resistencias de algunos compareientes y los debates sobre la aplicación de sanciones.

En Antioquia, donde los ‘falsos positivos’ dejaron una huella imborrable en comunidades enteras, este reconocimiento representa una oportunidad para sanar heridas y construir una memoria colectiva que honre a las víctimas. Mientras la JEP avanza en el Caso 03, el país observa con expectativa cómo este proceso puede contribuir a una paz estable y duradera, basada en la verdad y la justicia.

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