La Trocha de la Muerte, el abandono y la resistencia en el Chocó

En el corazón de la selva chocoana, la vía conocida como “La Trocha”, un tramo de 55 a 96 kilómetros entre El Carmen de Atrato y Quibdó, se alza no solo como una carretera sin pavimentar, sino como un símbolo del abandono estatal y la resiliencia de sus comunidades. Este corredor, parte de la estratégica vía Quibdó-Medellín, ha sido escenario de tragedias recientes, tensiones interétnicas y una lucha constante de indígenas, afrodescendientes y campesinos por sobrevivir en un contexto de pobreza extrema, violencia armada y promesas incumplidas. En 2025, La Trocha sigue siendo un grito de auxilio en una de las regiones más olvidadas de Colombia.
Tragedias que marcan la vía
La Trocha, apodada “la trocha de la muerte”, es tristemente célebre por su peligrosidad. Su terreno montañoso, saturado por las lluvias intensas del Chocó —una de las regiones más lluviosas del mundo—, sufre constantes derrumbes que han cobrado decenas de vidas. En enero de 2024, un deslizamiento masivo en el sector de Las Toldas, kilómetro 17, sepultó a 40 personas, dejando 30 heridos y varios desaparecidos. La tragedia, que ocurrió mientras las víctimas se resguardaban en una vivienda, conmocionó al país. El presidente Gustavo Petro declaró la zona como área de desastre natural, prometiendo 500 mil millones de pesos para finalizar la vía y mitigar riesgos. Sin embargo, líderes locales denuncian que, un año después, las ayudas se limitaron a mercados básicos y agua, sin avances significativos en infraestructura.
En mayo de 2025, un nuevo deslizamiento en el sector El 17 y Toldas cobró la vida de Nelson de Jesús Jiménez Mejía y su hijo John Henry, dejando una tercera persona herida. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, calificó la vía como una de las más peligrosas del país y exigió soluciones estructurales como viaductos, túneles y estudios técnicos para estabilizar los taludes. “Transitar por La Trocha es vivir con miedo”, afirmó Córdoba, reflejando el sentir de los chocoanos que dependen de esta ruta para acceder a servicios de salud, educación y comercio en Medellín.
Un siglo de promesas rotas
La construcción de la vía Quibdó-Medellín, que incluye La Trocha, comenzó a planearse en la década de 1920, pero un siglo después sigue incompleta. Los cortes inadecuados en la montaña, realizados por consorcios como Latinco, han agravado la inestabilidad del terreno, mientras que la falta de pavimentación, drenajes y barreras protectoras convierte cada lluvia en una amenaza mortal. Puentes y muros abandonados, oxidados por la humedad, son testigos mudos de proyectos estancados por problemas financieros y presuntos sobrecostos. La gobernadora Córdoba ha señalado que el Chocó merece equidad en inversión, comparada con regiones como Antioquia, donde las carreteras de última generación contrastan con el lodazal de La Trocha.
Comunidades en resistencia
La Trocha atraviesa territorios de comunidades indígenas Emberá Katío y Chamí, afrodescendientes y campesinas, que representan el 8.43% de la población de El Carmen de Atrato. Estas comunidades, asentadas en veredas como El Dieciocho, La Puria y El Quince, enfrentan condiciones de pobreza extrema, con limitado acceso a salud, educación y servicios básicos. La falta de vías terciarias dificulta el transporte de cultivos como maíz, plátano y caña de azúcar, condenando a estas poblaciones a una economía de subsistencia.
Las tensiones interétnicas han marcado la región. Las comunidades indígenas han recurrido a bloqueos de la vía, conocidos como “mingas”, para exigir atención estatal. En octubre de 2022, un bloqueo de 18 días causó desabastecimiento en Quibdó, generando roces con transportadores. En abril de 2023, la retención de un campesino, Carlos Arturo Muñoz, por guardias indígenas en El Dieciocho desató críticas, aunque el caso se resolvió mediante diálogo y una disculpa pública de los líderes indígenas, quienes aclararon que aplicaron su “ley indígena” y sancionaron a los responsables. Estas acciones, aunque controversiales, son respuestas a un abandono histórico que ha dejado a estas comunidades sin escuelas, puestos de salud o electrificación.
Por otro lado, las comunidades indígenas han sido víctimas de abusos sistemáticos. Desde la década de 1990, han enfrentado masacres, desplazamientos forzados y amenazas por parte de grupos armados como las AUC, el Clan del Golfo, el ELN y las Águilas Negras. En 1996, una masacre paramilitar en El Siete y, en 1998, otra en Sabaleta dejaron cicatrices imborrables. En mayo de 2022, un ataque del Clan del Golfo en El Dieciocho, con ráfagas de fusil y pintas de “AGC”, obligó a 60 personas a huir hacia Medellín. La estigmatización también persiste: los indígenas son señalados como colaboradores de grupos armados o como responsables de la inseguridad, narrativas que ignoran su vulnerabilidad.
Impactos de la vía y el conflicto
La construcción de la vía Quibdó-Medellín ha generado tensiones adicionales. Comunidades indígenas denuncian la pérdida de tierras sin compensación adecuada y el daño ambiental en territorios sagrados. En 2023, el líder Narciso Estevez Tequia acusó al consorcio Latinco de reubicar familias a El Palmar sin garantizar condiciones dignas. Líderes como Javier Arrieta han exigido un “saneamiento espiritual” del territorio, dado su valor cosmogónico para los Emberá.
El conflicto armado sigue presente. La Trocha es un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que atrae a actores armados que amenazan a las comunidades. En 2022, la Comisión de la Verdad facilitó un encuentro en El Carmen de Atrato, donde las extintas FARC-EP reconocieron su responsabilidad en desplazamientos y estigmatización durante los años 2000, un paso hacia la reconciliación que aún enfrenta desafíos.
Esfuerzos por un futuro mejor
A pesar de la crisis, hay iniciativas para transformar La Trocha. En abril de 2023, una mesa de diálogo entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, mediada por la Diócesis de Quibdó, acordó promover la convivencia y solicitar al Ministerio del Interior capacitaciones en justicia indígena y ordinaria. La creación del Parque Natural Regional Las Tángaras en enero de 2024, con 2,316 hectáreas, busca proteger la biodiversidad y fomentar el ecoturismo como alternativa económica. Organizaciones como Manos Unidas han apoyado proyectos educativos y de protección territorial.
Sin embargo, las promesas gubernamentales siguen sin materializarse. Tras la tragedia de 2024, el gobierno de Petro anunció un puente aéreo y recursos para la vía, pero líderes como Ramiro, de El Quince, denuncian la falta de apoyo psicosocial y claridad en los fondos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, ha instado a Invías a investigar los retrasos y garantizar soluciones estructurales.
Un llamado urgente
La Trocha no es solo una carretera; es un reflejo del abandono del Chocó, una región rica en biodiversidad pero marginada por el Estado. Las comunidades indígenas, lejos de ser responsables de los problemas, son víctimas de un sistema que les niega derechos básicos. Los bloqueos y tensiones son gritos de resistencia frente a un siglo de promesas rotas. La solución requiere inversión urgente en infraestructura, diálogo interétnico y respeto por los derechos de los chocoanos. Mientras La Trocha siga siendo un camino de lodo y muerte, el Chocó continuará esperando justicia.
