Colombia alcanza su menor tasa de pobreza monetaria desde 2012 y Gustavo Petro destaca logros de su gobierno en medio de obstáculos legislativos

Foto: Juan Álvarez

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el 24 de julio de 2024 un informe que marca un hito en la lucha contra la pobreza en Colombia: la incidencia de pobreza monetaria cayó al 31,8%, el nivel más bajo desde 2012, según la serie metodológica comparable. Esta reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto a 2023 (34,6%) equivale a 1.267.063 personas que dejaron de ser consideradas pobres en términos monetarios, de las cuales 352.000 corresponden a Bogotá, representando el 25% del total nacional.

El presidente Gustavo Petro celebró estos resultados como un logro clave de su administración, afirmando en su cuenta de X que “hemos reducido el porcentaje de población pobre al más bajo de la historia estadística desde el 2012”. Según el mandatario, cerca de 2,6 millones de personas han salido de la pobreza desde el último año del gobierno de Iván Duque, y un millón habrían dejado la pobreza extrema en el mismo periodo. “Esto le da una bandera poderosa al Gobierno”, afirmó Petro, posicionando la reducción de la pobreza como un pilar de su gestión.

Pobreza extrema: avances y desafíos pendientes

El informe del Dane también destaca una disminución en la pobreza extrema, que pasó del 12,6% en 2023 al 11,7% en 2024, lo que representa 420.482 personas menos en esta condición. Sin embargo, la pobreza extrema no ha recuperado los niveles previos a la pandemia y sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales y dispersas, donde la incidencia alcanzó el 21,8%, más del doble que en las cabeceras municipales (8,7%).

El Dane define la pobreza monetaria como la proporción de personas con ingresos mensuales inferiores a 386.000 pesos por persona en 2024, mientras que la pobreza extrema se establece en 190.000 pesos mensuales, equivalentes a unos 6.000 pesos diarios, apenas suficientes para la subsistencia alimentaria. Aunque la brecha de ingresos entre las personas pobres y el umbral de pobreza se redujo al 12,6% a nivel nacional (frente al 13,6% de 2023), esta sigue siendo más amplia en áreas rurales (17,9%) que en las metropolitanas (8,9%).

Contrastes regionales y desigualdad

El informe revela marcadas diferencias regionales. Quibdó registró la mayor incidencia de pobreza monetaria con un 59,6%, seguida de Riohacha (48,8%), Valledupar (47,5%), Sincelejo (46,0%) y Florencia (43,5%). En contraste, Manizales (16,7%) y Bogotá (19,6%) presentaron las tasas más bajas. En pobreza extrema, Quibdó también lideró con un alarmante 29,7%, mientras que Manizales mostró el menor porcentaje (3,1%).

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, experimentó una leve mejora, pasando de 0,553 en 2023 a 0,551 en 2024, lo que indica una reducción marginal en la disparidad económica. Además, la pobreza multidimensional, que incluye acceso a salud, educación y servicios básicos, también disminuyó en 2024, según el Dane.

Crecimiento económico como motor, pero con trabas legislativas

Un dato sorprendente del informe es que la reducción de la pobreza en 2024 se atribuye principalmente al crecimiento económico, y no a los subsidios estatales. El Dane desglosa la variación de la pobreza en tres componentes: ajuste de la línea de pobreza, crecimiento económico y redistribución (subsidios). En este caso, el crecimiento económico fue el único factor que contribuyó a la caída de la pobreza extrema, mientras que los subsidios tuvieron un impacto negativo, incrementando la pobreza en 0,35%. Esto se debe a recortes presupuestales, la eliminación de programas como Ingreso Solidario y Familias en Acción, y su reemplazo por el programa Renta Ciudadana, de menor alcance. Iniciativas como Hambre Cero y Jóvenes por la Paz también fueron descontinuadas, y la alta rotación de funcionarios en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) afectó la implementación de las políticas sociales.

En este contexto, el gobierno de Petro ha enfrentado serios obstáculos legislativos que han limitado su capacidad para profundizar estas políticas sociales. La Ley de Financiamiento, una propuesta clave para fortalecer los recursos destinados a programas sociales y económicos, no fue aprobada por el Congreso, lo que ha frenado el avance hacia más objetivos en materia de pobreza y bienestar. La falta de una mayoría absoluta del Pacto Histórico en las cámaras de representantes ha obligado al gobierno a negociar con partidos como Liberales, Verdes y Conservadores, algunos de cuyos representantes, junto con la oposición, han votado en contra de medidas que, según el Ejecutivo, habrían fortalecido la democracia, la economía y el bienestar de los ciudadanos. Esta fragmentación política ha complicado la implementación de reformas estructurales que podrían haber potenciado aún más los resultados celebrados por Petro.

Un balance agridulce

Aunque los datos del Dane reflejan un avance significativo en la reducción de la pobreza monetaria, los retos persisten. La pobreza extrema sigue siendo un problema estructural, especialmente en las zonas rurales y en ciudades como Quibdó, donde las condiciones de vida continúan siendo críticas. La dependencia del crecimiento económico como principal motor para reducir la pobreza, en un contexto de limitaciones presupuestales y cambios en los programas sociales, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estos logros. Además, la falta de apoyo legislativo ha restringido el alcance de las políticas del gobierno, limitando su capacidad para consolidar y expandir estos avances.

El presidente Petro ha presentado estos resultados como una victoria de su administración, pero el panorama es complejo. La mejora en los indicadores de pobreza y desigualdad es innegable, pero la lentitud en la reducción de la pobreza extrema, las disparidades regionales y los obstáculos políticos exigen un esfuerzo coordinado y políticas más robustas para garantizar un progreso sostenido. Mientras tanto, el gobierno sigue ondeando la bandera de la reducción de la pobreza como un símbolo de cambio, en un país que aún enfrenta profundas desigualdades y desafíos legislativos.

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