En Antioquia, hay una crisis humanitaria estructural

La semana está siendo marcada por la inestabilidad y la preocupación social, el departamento ha sido escenario de una serie de incidentes violentos que incluyen hostigamientos armados, enfrentamientos entre grupos ilegales, homicidios selectivos y la activación de minas antipersona. Estas alertas, reportadas por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), una organización dedicada a la defensa de derechos humanos y la promoción de la paz urbana, ponen en evidencia la persistente crisis de seguridad en la región. Desde el 12 hasta el 17 de septiembre, al menos ocho eventos graves han sido documentados, afectando a civiles, líderes sociales y fuerzas de seguridad, y cuestionando la efectividad de las políticas de protección del gobernador de Antioquia.
Una ola de violencia se concentra en el occidente y oriente antioqueño, zonas históricamente disputadas por disidencias de guerrillas, grupos delincuenciales organizados (GDO) y remanentes del conflicto armado. CORPADES, que ha registrado 117 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante los primeros nueve meses de 2025 –de los cuales 17 ocurrieron en Antioquia–, ha emitido alertas urgentes dirigidas a autoridades nacionales y departamentales, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al gobernador Andrés Julián Rendón. La organización critica la “Tasa de Seguridad” implementada por la Gobernación de Antioquia, a la que acusa de ineficaz y de ocultar cifras reales de violencia.
Cronología de los sucesos: una semana de alarma
El período analizado inicia el viernes 12 de septiembre con un crimen que impacta directamente a la comunidad comercial de la subregión Suroeste. En el municipio de Andes, Hernando Betancur, conocido localmente como “Frijolero” y propietario de una panadería, fue encontrado sin vida en su vivienda en el sector de La Unión, corregimiento de La Chaparrala. El cuerpo presentaba signos de tortura, con manos atadas y una herida en el cuello, lo que sugiere un homicidio motivado por extorsión o disputas territoriales. CORPADES denuncia que este es el 42º asesinato en Andes durante 2025, con ocho en los últimos diez días, coincidiendo con la temporada de recolección de café, que agrava la inseguridad. La organización cuestiona la respuesta de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación, liderada por Luis Martínez, y exige acciones concretas para proteger a los habitantes rurales.
El sábado 13 de septiembre transcurrió sin reportes mayores, pero la tensión se reavivó el domingo 14 en el occidente antioqueño. En la vereda La Candelaria de Peque, un joven resultó herido grave al detonar una mina antipersona mientras pastoreaba animales. Este incidente, legado del conflicto armado, genera pánico entre las comunidades campesinas, que temen la proliferación de artefactos explosivos en áreas agrícolas y ganaderas. CORPADES exige una investigación inmediata y el despliegue de equipos de desminado humanitario, destacando la vulnerabilidad de la población civil en zonas rurales. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial, lo que intensifica las demandas de intervención estatal.
La madrugada del lunes 15 de septiembre trajo un nuevo homicidio en el oriente antioqueño. En La Unión, un hombre no identificado fue asesinado a tiros a solo una cuadra del parque principal, en un sector céntrico y concurrido. El hecho generó conmoción entre los residentes, quienes reportan un aumento de la inseguridad pese a las medidas anunciadas por la Gobernación. CORPADES acusa a las autoridades de ocultar cifras de muertes violentas y critica la falta de efectos reales de la “Tasa de Seguridad”. Ese mismo día, en un post más amplio, la organización actualizó sus estadísticas nacionales: Antioquia se posiciona como el segundo departamento más letal para líderes sociales, solo por detrás de Cauca con 29 casos. La Unidad Nacional de Protección (UNP) es señalada como un “fracaso estrepitoso”, con acusaciones de ineficiencia, persecución a activistas y ocultamiento de información al presidente Petro.
El martes 16 de septiembre marcó un pico de intensidad con tres incidentes reportados en menos de 24 horas. Primero, en la tarde, se registró el asesinato de Arnol K. Villadiego, de 23 años, alias “Diomedes”, presunto miembro de un GDO, en el sector Alto Bonito de Rionegro. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. con arma de fuego, en medio de disputas territoriales que no cesan pese a las alertas previas de CORPADES y otras organizaciones. Horas después, hacia las 8 p.m., un doble homicidio sacudió El Santuario: David Marín Escobar y William Hernán Serna Giraldo fueron ejecutados en un parqueadero rural previamente allanado por alucinógenos. La organización vincula estos crímenes al fracaso de la política de seguridad departamental y a la escalada de violencia por control territorial en el oriente antioqueño.
Finalmente, en la vereda Morrón de Briceño, se reportaron enfrentamientos armados entre presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN, o EGC según el reporte) y disidencias de las FARC. Al menos un combatiente resultó muerto, lo que activa temores de una confrontación mayor en la zona rural.
El miércoles 17 de septiembre, la semana culminó con un hostigamiento armado en Anorí. Según CORPADES, las Disidencias García atacaron la base militar local, generando alerta en la comunidad. Aunque no se reportan bajas civiles inmediatas, el incidente subraya la presencia de grupos armados ilegales en el nordeste antioqueño.
Implicaciones y llamados a la acción
Estos eventos no son aislados: representan una crisis humanitaria estructural en Antioquia, donde la violencia afecta desproporcionadamente a campesinos, comerciantes y defensores de derechos humanos. CORPADES, en sus publicaciones, dirige un llamado urgente a entidades como la Policía Antioquia, la Fiscalía General y la Unión Europea, exigiendo transparencia, protección efectiva y el fin de la impunidad. La organización advierte que, sin intervenciones reales, la situación podría agravarse durante la temporada de cosechas.
Expertos en derechos humanos coinciden en que la “Tasa de Seguridad” –un mecanismo de incentivos para la reducción de delitos– ha fallado en abordar las raíces del conflicto, como la presencia de minas y el narcotráfico. Mientras tanto, la sociedad civil antioqueña clama por paz: “No más violencia”, como concluye uno de los reportes de CORPADES.
