Declarar a Antifa como terrorista, es ser un fascista

En un movimiento que ha avivado las llamas de la polarización en Estados Unidos, la reciente declaración del presidente Donald Trump, el 17 de septiembre de 2025, de designar a Antifa como “organización terrorista mayor” ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Esta decisión, anunciada en Truth Social tras el trágico asesinato del activista conservador Charlie Kirk, atribuido sin pruebas concluyentes a un individuo de “ideología izquierdista”, busca congelar activos, cortar fondos y facilitar deportaciones contra un movimiento que, en su esencia, se dedica a combatir el fascismo, el racismo y el autoritarismo.
Antifa: Defensores de la democracia, no terroristas
Antifa, abreviatura de “antifascista”, no es una organización con estructura jerárquica, sino un movimiento descentralizado de activistas que se oponen al fascismo, el supremacismo blanco y otras formas de opresión. Sus orígenes se remontan a la Antifaschistische Aktion de la Alemania de los años 30, cuando comunistas, socialistas y otros resistieron el ascenso del nazismo. Sin embargo, el antifascismo no es exclusivo de la izquierda: durante la Segunda Guerra Mundial, conservadores como Winston Churchill, liberales y monárquicos se unieron contra el fascismo de Hitler y Mussolini. En la Guerra Civil Española, incluso algunos católicos y monárquicos se opusieron al régimen de Franco, demostrando que la lucha antifascista trasciende ideologías.
En EE.UU., Antifa ha emergido como una respuesta directa al resurgimiento de grupos de extrema derecha, como los Proud Boys, neonazis y otros movimientos supremacistas que han proliferado desde la elección de Trump en 2016. Sus tácticas, que incluyen protestas pacíficas, vigilancia comunitaria y, en algunos casos, confrontaciones físicas con extremistas, buscan proteger a comunidades marginadas y evitar que ideologías autoritarias ganen terreno. Aunque algunos critican sus métodos más confrontacionales, como el “doxing” o enfrentamientos en manifestaciones, estas acciones suelen ser respuestas directas a la violencia de grupos de extrema derecha, como los registrados en Charlottesville (2017).
Un declive injusto bajo presión política
Desde 2020, Antifa ha enfrentado una campaña de represión orquestada por sectores conservadores. En 2023, resoluciones como la H.Res.202 en el Congreso etiquetaron a Antifa como terrorismo doméstico, mientras que la “Unmasking Antifa Act” buscó penalizar a activistas enmascarados. En 2024, condenas en San Diego por conspiración para amotinar y arrestos bajo cargos RICO en Georgia debilitaron redes antifascistas, mientras que el supuesto corte de fondos de ONG y USAID limitó su capacidad operativa. Para 2025, analistas han declarado a Antifa “inactivo”, con grupos reducidos a pequeñas células de 5-10 personas. En junio de 2025, protestas en Portland fueron reprimidas con fuerza desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional, utilizando municiones no letales y arrestos masivos.
El asesinato de Charlie Kirk en 2025, atribuido sin evidencia clara a Antifa, ha servido como pretexto para una escalada represiva. La designación de Trump, respaldada por el Congreso (H.Res.26), ignora la falta de estructura formal de Antifa y las protecciones de la Primera Enmienda, que garantizan la libertad de expresión y asociación. Activistas denuncian esta medida como una “caza de brujas” destinada a criminalizar cualquier forma de resistencia, mientras que las protestas en el memorial de Kirk, que incluyeron a “Trantifa” (antifa trans), han sido tergiversadas para justificar más represión.
La criminalización de Antifa: Un eco del fascismo
Etiquetar a Antifa como terrorista no solo es jurídicamente problemático, sino que refleja tácticas autoritarias propias de los regímenes fascistas que el movimiento busca combatir. El fascismo, caracterizado por el nacionalismo extremo, el culto al líder y la supresión de la disidencia, históricamente ha criminalizado a quienes desafían su poder. Al declarar a Antifa como terrorista, se arriesga a silenciar no solo a activistas de izquierda, sino a cualquiera que se oponga al autoritarismo, incluidos conservadores antifascistas como Mitt Romney, quien ha condenado el supremacismo blanco, o partidos europeos que rechazan alianzas con la extrema derecha.
La historia demuestra que el antifascismo es una causa universal. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Resistencia francesa unió a gaullistas de derecha con comunistas, y en España, sectores conservadores se opusieron al fascismo de Franco. Reducir el antifascismo a una caricatura de “extremismo de izquierda” ignora este legado y deslegitima una lucha que ha protegido los valores democráticos en momentos críticos.
Por qué Antifa es necesario
En un contexto donde los crímenes de odio han aumentado en EE.UU. (según el FBI, un 11.6% entre 2020 y 2024) y grupos de extrema derecha organizan marchas armadas, Antifa desempeña un papel crucial al exponer y confrontar estas amenazas. Sus acciones, como la vigilancia de reuniones neonazis o la protección de comunidades durante protestas, han evitado que el odio organizado se normalice. Aunque sus métodos más confrontacionales son debatibles, surgen en un contexto donde las instituciones a menudo han fallado en proteger a las minorías frente al extremismo.
Criminalizar a Antifa no solo debilita la lucha contra el fascismo, sino que envía un mensaje peligroso: que resistir el odio es un delito. En un clima de polarización, donde términos como “terrorista” se usan para deshumanizar a los oponentes, esta designación podría justificar la vigilancia masiva, la censura y la represión de movimientos sociales legítimos.
La designación de Antifa como organización terrorista es un ataque directo a los principios democráticos que el movimiento defiende. En un momento en que el extremismo de derecha crece en EE.UU. y el mundo, Antifa representa una barrera vital contra la normalización del odio y el autoritarismo. Su criminalización, lejos de proteger la seguridad pública, recuerda las tácticas fascistas de suprimir la disidencia. El antifascismo no es propiedad de la izquierda, sino un legado compartido por conservadores, liberales y socialistas que han luchado por la libertad y la justicia.
En lugar de demonizar a Antifa, EE.UU. debería reconocer su papel en la defensa de comunidades vulnerables y en la exposición de ideologías tóxicas. Declarar a Antifa como terrorista no solo es un error jurídico, sino un paso hacia la erosión de los derechos democráticos. Como dijo el filósofo George Santayana, “quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. La historia del antifascismo nos enseña que resistir el autoritarismo es un deber colectivo, y Antifa, con sus virtudes y defectos, es parte de esa lucha.
