Rendón y Gutiérrez “disparan” contra lo público y los más vulnerables

En un año marcado por el déficit fiscal nacional y la promesa de “austeridad responsable”, los líderes de Antioquia y Medellín, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez, han convertido los presupuestos públicos en un arma selectiva contra los más desprotegidos. Mientras el gobernador Rendón intenta disfrazar sus ataques a la educación superior como una “modernización”, y el alcalde Gutiérrez proclama un “billón de esperanza” para la ciudad, la realidad es cruda: recortes que cierran puertas a estudiantes pobres, mujeres migrantes y comunidades étnicas. ¿Prioridades? Sí, pero para la deuda y las “grandes obras”, no para la gente.
La polémica estalló en Antioquia con el Proyecto de Ordenanza 52, impulsado por Rendón, que buscaba eliminar las estampillas pro-universidad –esos mecanismos autónomos que financian al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Digital de Antioquia (U Digital) y el Tecnológico de Antioquia–. Vendido como una “base presupuestal fija” de $23.000 millones anuales (aumentando con el IPC por 10 años), el plan fue desmontado por el movimiento estudiantil y la Asamblea Departamental en octubre. Gracias a protestas masivas, las estampillas se mantuvieron intactas, evitando un recorte efectivo de $35.000 millones para 2025. Pero el daño ya está hecho: la incertidumbre ha congelado contrataciones docentes y cupos para 1.200 estudiantes nuevos, mayoritariamente de estratos 1 y 2.
Rendón, con su retórica de “hechos no ideología socialista”, ha sumado fracaso tras fracaso. Su intento de supeditar los recursos universitarios a su “discrecionalidad” –como denunció el medio Al Poniente– huele a control político disfrazado de eficiencia. Mientras el presupuesto departamental crece a $6,8 billones para 2025 (un 17% más que en 2024), las áreas sociales se desangran: -25% en programas étnicos ($1,2 billones en inclusión), dejando a indígenas Emberá y afrocolombianos del Bajo Cauca sin protección cultural ni alimentación. -30% en subsidios para discapacitados ($315.000 millones), elevando la deserción de servicios al 35%. Y para migrantes venezolanos, un -40% en ayuda humanitaria ($150 millones), condenando a 500.000 a la explotación laboral en Turbo y Carepa.
| Identidad Vulnerable en Antioquia | Recorte 2025 | Impacto |
|---|---|---|
| Poblaciones Étnicas (indígenas/afro) | -25% ($1,2 billones en inclusión) | Suspensión de alimentación en Chocó antioqueño; 78% beneficiarios en estratos bajos sin acceso a tierra. |
| Personas con Discapacidad | -30% ($135.000 millones) | 200.000 sin apoyo; deserción al 35%. |
| Mujeres y Niñas (violencia de género) | -20% ($800 millones) | 10.000 niños sin cupo en jardines; riesgo para migrantes en Bajo Cauca. |
| Comunidad LGBTQ+ | -15% ($200 millones) | Fin de “Antioquia Región Arcoíris”; + vulnerabilidad en Medellín. |
| Migrantes/Desplazados | -40% ($150 millones) | 500.000 sin regularización; pérdida de salud en Norte de Antioquia. |
| Rurales/Pobres (estratos 1-2) | -35% ($1,5 billones en agricultura) | Fin de PAE; 450.000 hogares afectados en Oriente antioqueño. |
Estos números, extraídos del POAI 2025 de la Asamblea, pintan un panorama de abandono sistemático. Rendón prioriza $2,5 billones en deuda y “obras por impuestos” (19 proyectos educativos vía OXI), pero ¿dónde queda la permanencia estudiantil? La deserción, ya en 28%, podría saltar al 35%. Su estigmatización a estudiantes “lenta” de la UdeA –en plena crisis de $350.000 millones de déficit– revela una aversión ideológica a lo público, aliada con disputas contra el Gobierno nacional de Petro. ¿Reelección en 2027? Con este historial, Rendón pesca en río revuelto, pero los jóvenes del campo –como él mismo admite– le pedirán cuentas en las urnas.
En Medellín, la narrativa de Gutiérrez es igual de hipócrita: un presupuesto de $10,9 billones para 2025 (Acuerdo 23 de 2024), con $8,79 billones en inversión y $416.113 millones en infraestructura educativa. Suena bien, pero el filtro nacional –recortes del 72% al ICBF ($52.000 millones menos, afectando 54.000 niños)– obliga a la Alcaldía a tapar huecos con recursos locales. Gutiérrez clama “justicia social” mientras culpa a Petro, pero ¿y su responsabilidad? Programas como “Alianza Cero Hambre” ($428 millones) se diluyen en ejecución baja (41% a octubre), dejando a estratos bajos en comunas como Robledo y Manrique sin red de seguridad.
Los vulnerables pagan el pato: -15% en étnicos ($68 millones), impactando afro en San Antonio; -20% en discapacitados ($60 millones), con 150.000 sin movilidad; -18% en género ($600 millones), suspendiendo refugios para mujeres migrantes en El Poblado. Para LGBTQ+, un -12% en “Medellín Diversa” agrava 50 casos de discriminación en 2025. Y migrantes: -35% ($200 millones), con 20.000 venezolanos sin salud en Itagüí. Gutiérrez invierte $327 millones en “Tacita de Plata”, pero ¿para quién? Su “casa en orden” ignora el deterioro en recolección de basuras y mobiliario público, como critica Razón Pública.
| Identidad Vulnerable en Medellín | Ajuste 2025 | Impacto |
|---|---|---|
| Poblaciones Étnicas | -15% ($68 millones) | Reducción en comunas 1 y 8; 65% afro sin servicios. |
| Personas con Discapacidad | -20% ($60 millones) | Deserción al 30% en Manrique. |
| Mujeres y Niñas | -18% ($600 millones) | 5.000 niños sin cupo; trata en occidente. |
| Comunidad LGBTQ+ | -12% ($150 millones) | Suspensión de campañas; +50 casos. |
| Migrantes/Desplazados | -35% ($200 millones) | 20.000 sin vivienda en comunas 10/13. |
| Rurales/Pobres (estratos 1-2) | -25% ($900 millones) | Fin parcial de Renta Ciudadana; 300.000 en periferias. |
Gutiérrez, con su Plan “Medellín Te Quiere” ($40 billones cuatrienales), prioriza Metro ligero y $1,2 billones en educación, pero la austeridad nacional –y su inacción local– revierte avances. Demanda al Gobierno por salud ($217.409 citas gestionadas en 2024), pero ¿dónde está su lucha por los refugios de género, recortados al 4,3% nacionalmente? Su alianza con el Concejo de Creemos le da carta blanca presupuestal, pero tensiones con la Gobernación por impuestos a seguridad muestran un liderazgo fragmentado, más enfocado en “grandes obras” que en equidad.
La ciudadanía no se deja engañar. Movilizaciones como la del 30 de octubre (9 a.m., Parque de las Luces) y cabildos el 28 en la Asamblea gritan #NoAlRecorteEducativo y #DefiendeLoPúblico. Peticiones en Change.org acumulan firmas, y en 2027, Rendón y Gutiérrez enfrentarán el veredicto: ¿austeridad para los ricos o inversión real? Mientras, estudiantes, madres y desplazados pagan el precio de una “esperanza” que solo beneficia a la élite. Es hora de defender lo público en las calles y las urnas. Antioquia merece líderes que construyan puentes, no abismos.
