El Aro: reparación a víctimas tras 28 años; Uribe y Pérez señalados por Operación Orión

Han pasado casi tres décadas desde la Masacre del Aro, un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano que dejó un rastro de dolor en Ituango, Antioquia. Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrasaron el corregimiento de El Aro, asesinando a al menos 17 personas, incendiando 42 viviendas, robando ganado y desplazando a cerca de 1.000 habitantes. La comunidad, atrapada en el fuego cruzado de la guerra, sufrió no solo la pérdida de vidas, sino la destrucción de su tejido social y económico. En 2025, el Estado colombiano, bajo la presidencia de Gustavo Petro, ha dado pasos hacia la reparación integral de estas víctimas, pero las heridas siguen abiertas y las responsabilidades, especialmente las del expresidente Álvaro Uribe Vélez, permanecen bajo escrutinio.
Reparación a las víctimas de El Aro: un avance agridulce
En un acto simbólico a principios de octubre, la Unidad para las Víctimas indemnizó a nueve sobrevivientes directos de la Masacre del Aro, parte de un esfuerzo que suma más de 4.500 pagos en Ituango desde 2012, con una inversión superior a los $60.000 millones. La Agencia Nacional de Tierras también ha entregado títulos por más de 800 hectáreas, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a la comunidad como “víctima colectiva” en el Caso 08, permitiendo su participación en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Placas conmemorativas y diálogos psicosociales buscan sanar el trauma colectivo, pero los sobrevivientes, como Ramón Gerardo Posada, quien perdió todo en 1997, señalan que la reparación llega tarde y no compensa décadas de exilio forzado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2006 condenó al Estado por omisión y complicidad en la masacre, ordenó medidas que aún no se cumplen del todo: viviendas dignas, servicios de salud y mejores vías para El Aro. Mientras el gobierno de Petro avanza en el reconocimiento del daño, las víctimas exigen que la verdad plena salga a la luz, especialmente sobre las figuras políticas que, por acción u omisión, permitieron esta tragedia.
La Operación Orión: el peso de la responsabilidad
Paralelamente, la JEP ha puesto la lupa sobre otro episodio de violencia en Antioquia: la Operación Orión, ejecutada los días 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Esta intervención militar urbana, la más grande en la historia del país, buscaba desmantelar el control guerrillero, pero dejó un saldo devastador: 80 civiles heridos, 71 homicidios atribuidos a paramilitares, 17 a la Fuerza Pública y al menos 105 desapariciones forzadas, muchas sepultadas en fosas como La Escombrera. La JEP citó al exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, para rendir cuentas el 20 de noviembre de 2025 sobre su rol en esta y otras 30 operaciones similares. Sin embargo, la figura que planea sobre este caso es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, como jefe de Estado, fue uno de los principales ordenantes de la operación.
Contexto político: quiénes gobernaban
En 1997, durante la Masacre del Aro:
- Presidencia: Ernesto Samper Pizano (1994-1998), cuya administración enfrentó críticas por su manejo del conflicto y el escándalo del Proceso 8.000.
- Gobernación de Antioquia: Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), quien dejó el cargo meses antes de la masacre, pero ha sido señalado por exparamilitares como Salvatore Mancuso por supuesta aquiescencia con grupos armados ilegales.
- Alcaldía de Ituango: Jorge Iván Pérez (1995-1997), con poca capacidad de respuesta frente al dominio paramilitar en la región.
En 2002, durante la Operación Orión:
- Presidencia: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien impulsó una política de “seguridad democrática” que priorizó la confrontación militar, pero toleró, según múltiples denuncias, alianzas con paramilitares.
- Gobernación de Antioquia: Guillermo Gaviria Correa (2001-2003), asesinado en 2003 por las FARC, pero con limitado control sobre las decisiones de seguridad en Medellín.
- Alcaldía de Medellín: Luis Pérez Gutiérrez (2001-2004), quien defendió Orión como una operación exitosa, pero enfrenta cuestionamientos por la coordinación con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC.
Crítica a Álvaro Uribe: la sombra de la complicidad
Álvaro Uribe Vélez, figura central en ambos episodios, encarna una contradicción que aún divide a Colombia. Como gobernador de Antioquia en 1997, su administración promovió las Convivir, cooperativas de seguridad privada que, según la CIDH y testimonios en la JEP, sirvieron de fachada para acciones paramilitares. Exjefes como Carlos Castaño y Mancuso han señalado a Uribe como conocedor de operaciones en Ituango, aunque él lo niega y atribuye las acusaciones a retaliaciones políticas. La falta de acción estatal para proteger a El Aro, pese a advertencias previas, refuerza las sospechas de omisión deliberada.
En 2002, como presidente, Uribe lideró la Operación Orión junto a su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. La coordinación con paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, liderado por Diego “Don Berna” Murillo, es una mancha imborrable. Testimonios en la JEP y la Comisión de la Verdad describen cómo el Estado permitió que las AUC tomaran el control de la Comuna 13 tras la operación, consolidando un régimen de terror con desapariciones y entierros clandestinos. Los hallazgos de restos en La Escombrera en 2024-2025 reavivaron el debate, con Uribe minimizando las evidencias y acusando a la JEP de “sesgo político”, mientras el presidente Petro señala un “blanqueo” paramilitar bajo su mandato.
La negativa de Uribe a asumir responsabilidad, su retórica de “mano dura” que encubrió abusos y su influencia en el Centro Democrático para deslegitimar la justicia transicional son obstáculos para la verdad. Mientras víctimas de El Aro y la Comuna 13 claman justicia, su defensa de estas operaciones como “éxitos” de seguridad ignora el costo humano y perpetúa la impunidad. La JEP, al citar a Pérez, podría estar acercándose a Uribe, pero su reticencia a rendir cuentas y la polarización que genera dificultan esclarecer su rol.
Un llamado a la memoria y la justicia
La reparación a las víctimas de El Aro y las investigaciones sobre Orión son pasos hacia la verdad, pero insuficientes mientras figuras como Uribe eludan su responsabilidad. La JEP y el gobierno actual deben redoblar esfuerzos para cumplir las sentencias de la CIDH, garantizar el retorno digno de los desplazados y esclarecer las cadenas de mando que permitieron estas atrocidades. Colombia no sanará mientras la verdad siga enterrada en fosas como La Escombrera o silenciada por el poder político. Las víctimas merecen más que indemnizaciones: merecen justicia plena.
