Un exagente de la DEA y otro de la CIA arrestados por lavado de dinero y apoyo a un cártel de México

En un golpe sorprendente a la integridad de las agencias federales estadounidenses, Paul Campo, un ex alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) con 25 años de servicio, y su socio Robert Sensi, un veterano con historial de operaciones vinculadas a la CIA, han sido arrestados e imputados por conspirar para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico y proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada como terrorista extranjera por el Departamento de Estado de EE.UU. en febrero de 2025.

La acusación, revelada el 5 de diciembre en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, detalla un esquema en el que Campo y Sensi acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas del CJNG, convirtiendo ya unos 750.000 dólares en criptomonedas. Además, facilitaron un pago para la distribución de alrededor de 220 kilogramos de cocaína en Nueva York, valorados en cerca de 5 millones de dólares, con la expectativa de recibir comisiones y una porción de las ganancias.

El esquema y la operación encubierta

Según el Departamento de Justicia, el plan involucró múltiples reuniones con un informante confidencial (CS-1) que se hacía pasar por un miembro del CJNG. Sensi inició los contactos a finales de 2024, presentando a Campo como un experto capaz de lavar dinero y proporcionar información sensible sobre investigaciones de la DEA. Campo, quien se retiró en enero de 2016 como subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, utilizó su experiencia para asesorar sobre la producción de fentanilo y métodos de lavado, incluyendo inversiones en bienes raíces y contrabando de efectivo.

Los acusados también discutieron la adquisición de armas militares y equipo para el cártel, como rifles AR-15, carabinas M4, rifles M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes. Además, exploraron el uso de drones comerciales equipados con explosivos C-4, con capacidad para transportar hasta seis kilogramos, suficientes para “destruir todo”.

La operación fue una trampa montada por las autoridades: el dinero lavado provenía de fondos controlados por el gobierno, y no hubo contacto real con miembros del CJNG. Campo y Sensi realizaron transacciones iniciales, como el envío de más de 200.000 dólares en criptomonedas a una billetera controlada por el IRS, disfrazada como vendedor de drogas.

Antecedentes de los acusados

Paul Campo, de 61 años y residente en Oakton, Virginia, fundó una firma de consultoría financiera tras su retiro de la DEA. Durante su carrera, supervisó operaciones contra el lavado de dinero, lo que hace aún más irónica su presunta participación en actividades similares.

Robert Sensi, de 75 años y radicado en Boca Raton, Florida, tiene un historial controvertido. Como exoperativo de la CIA desde finales de 1983, Sensi actuó como “arreglador” en temas de inmigración, aduanas y sobornos para diplomáticos y VIP árabes. Fue condenado a seis meses de prisión en 1988 por robar 2,5 millones de dólares a Kuwait Airways, aunque sus lazos con la CIA fueron reconocidos por el gobierno federal. Además, participó en un esquema piramidal en Hong Kong y fue demandado por la SEC en 2015 por transferencias fraudulentas. Sensi también ha sido citado en teorías sobre el “October Surprise” de la administración Reagan, relacionado con la demora en la liberación de rehenes estadounidenses en Irán en 1980.

Ambos se declararon inocentes en su comparecencia inicial y permanecen detenidos. Sus abogados no han comentado públicamente sobre el caso.

Reacciones y implicaciones

El fiscal federal Jay Clayton condenó el presunto comportamiento: “Campo traicionó la misión que le fue encomendada durante su carrera de 25 años en la DEA. CJNG es una empresa criminal violenta y corruptora que los neoyorquinos quieren desmantelada”.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, enfatizó: “La acusación envía un mensaje poderoso: aquellos que traicionan la confianza pública, pasado o presente, serán responsables al máximo. No hay tolerancia para esta clase de traición”.

Este caso resalta las vulnerabilidades en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el uso de criptomonedas para el lavado y el riesgo de corrupción entre exfuncionarios. El CJNG, responsable de innumerables muertes por violencia y tráfico de drogas en EE.UU. y México, continúa siendo un objetivo prioritario para las autoridades.

Los cargos incluyen conspiración por narcoterrorismo (mínimo 20 años, máximo cadena perpetua), distribución de cocaína (mínimo 10 años, máximo perpetua), apoyo a una organización terrorista (máximo 20 años) y lavado de dinero (máximo 20 años). El juicio está pendiente, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

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