Contraloría imputa cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón

En una decisión que ha generado controversia, la Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por responsabilidad fiscal contra el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona y varios funcionarios, por un presunto detrimento patrimonial de más de 26.100 millones de pesos en un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño. El caso se remonta a la época en que Rendón era alcalde de Rionegro (2016-2019), donde se suscribió un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia.

Según el ente de control, se desembolsaron alrededor de 26.186 millones de pesos a las firmas contratistas, pero las obras nunca entraron en operación debido a fallas en la planeación, especialmente en la adquisición de predios necesarios. Esto habría resultado en una pérdida significativa de recursos públicos, dejando inconcluso un proyecto destinado a mejorar la movilidad en municipios como Rionegro y Marinilla.

Los imputados incluyen:

  • El gobernador Andrés Julián Rendón.
  • Rodrigo Hernández Alzate, gerente de VIVA y exalcalde de Rionegro.
  • Siete exfuncionarios de Indeportes Antioquia.
  • Una firma contratista involucrada.
  • Una aseguradora internacional.

El gobernador Rendón ha calificado la imputación como “una actuación inusitada” realizada a pocos días del fin del período de la contralora departamental, sugiriendo un posible “tinte político”. Afirmó que ha solicitado la nulidad del proceso por extralimitación de funciones y que la Contraloría General de la República ha asumido el poder preferente en la investigación. Además, Rendón defendió su gestión, señalando que puntos críticos de las ciclorrutas ya están en proceso de contratación bajo su administración actual para su culminación.

Sin embargo, este no es el primer escrutinio a la gestión de Rendón en Rionegro. Fuentes indican que el proyecto ha sido objeto de críticas por ineficiencias y posibles irregularidades, sumándose a otras investigaciones previas. La Contraloría nacional podría derivar el caso a la Fiscalía para evaluar responsabilidades penales, lo que intensifica la presión sobre el mandatario.

La comunidad del Oriente antioqueño expresa frustración por proyectos de infraestructura que no se materializan, mientras el proceso fiscal avanza para esclarecer las responsabilidades y recuperar posibles fondos públicos perdidos. Este caso resalta la importancia de la transparencia en la contratación pública en el departamento.

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