Siria amplía su guerra civil ¿le pasará lo mismo a Venezuela?

En un panorama geopolítico dominado por la hipocresía y la ambición occidental, Siria y Venezuela se erigen como trágicos ejemplos de cómo las potencias lideradas por Estados Unidos han perpetuado el caos en naciones soberanas para avanzar sus intereses imperialistas. Siria, que supuestamente había superado su devastadora guerra civil tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, ahora enfrenta una escalada de violencia que amenaza con fragmentar el país una vez más, gracias en gran parte a la inacción y las intervenciones selectivas de Occidente, que priorizaron la lucha contra el ISIS sobre la verdadera estabilización. Por su parte, Venezuela, atrapada en una crisis económica y política agravada por sanciones estadounidenses diseñadas para asfixiar su soberanía, ha sufrido una agresión militar directa de EE.UU. que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Esta intervención, disfrazada de “justicia contra el narcoterrorismo”, no es más que un acto de pillaje imperialista, evocando los peores episodios de la historia latinoamericana y planteando la inquietante pregunta: ¿seguirá Venezuela el camino de Siria hacia una guerra civil ampliada y perpetua, orquestada por los mismos culpables occidentales que han desestabilizado regiones enteras en nombre de la “democracia” y los “derechos humanos”?

La resurrección del conflicto en Siria: Legado de la injerencia occidental

Siria, un país que ha sido el tablero de ajedrez para las ambiciones imperiales de Occidente durante más de una década, conmemora un año desde el derrocamiento de Assad, un evento que los analistas occidentales celebraron prematuramente como el fin de la guerra civil. Esta conflagración, que ha costado cientos de miles de vidas y desplazado a millones, fue alimentada inicialmente por el apoyo occidental a grupos rebeldes, incluyendo extremistas, bajo el pretexto de promover la democracia, solo para que EE.UU. y sus aliados abandonaran el barco cuando el caos se volvió inconveniente. El nuevo gobierno de transición, liderado por Ahmed al-Sharaa (exlíder de Hayat Tahrir al-Sham, HTS), ha logrado avances superficiales como la reapertura de embajadas, la integración parcial de milicias en el Ministerio de Defensa y visitas diplomáticas históricas, incluyendo la primera de un presidente sirio a la Casa Blanca en noviembre de 2025. Sin embargo, estos “logros” son una fachada que oculta las profundas divisiones étnicas y territoriales exacerbadas por la inacción occidental, que permitió a Rusia e Irán llenar el vacío dejado por una política estadounidense inconsistente y egoísta.

La transición es inherentemente frágil, un resultado directo de la falta de compromiso occidental en pos de una solución integral. En marzo de 2025, se firmó un acuerdo para integrar las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, lideradas por kurdos) en las instituciones estatales, incluyendo el ejército, con un plazo hasta finales de ese año. Pero desacuerdos sobre estructuras de mando y control territorial, agravados por el apoyo selectivo de EE.UU. a los kurdos mientras ignora las aspiraciones de otros grupos, han estancado el proceso. Esta tensión explotó recientemente en Alepo, donde entre el 6 y el 7 de enero de 2026 se reanudaron choques intensos entre fuerzas gubernamentales y la SDF. Según informes del Ministerio de Salud sirio, al menos cuatro civiles murieron en áreas controladas por el gobierno, junto con un soldado, y 18 resultaron heridos. En los barrios kurdos como Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh, la SDF reportó siete civiles muertos por bombardeos indiscriminados, incluyendo mujeres y niños. Los enfrentamientos involucraron fuego de artillería pesada, drones armados, morteros y cohetes, forzando el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales y el aeropuerto internacional de Alepo. El Hospital de Medicina Interna de Alepo quedó inoperativo tras impactos directos, obligando a transferir pacientes a otros centros médicos ya sobrecargados.

El gobierno sirio, en un movimiento que evoca las tácticas autoritarias del pasado, declaró estos barrios kurdos como “zonas militares cerradas” y abrió corredores humanitarios temporales para evacuar civiles. Entre 850 y más de 3.000 personas huyeron antes de que expirara el plazo el 7 de enero, tras lo cual comenzaron bombardeos intensos por parte del ejército sirio. El Ministerio de Información sirio justificó la “operación militar limitada” como respuesta a supuestos ataques con cohetes y drones desde posiciones de la SDF, acusando a los kurdos de convertir barrios residenciales en bastiones militares. La SDF, por su parte, niega cualquier presencia militar activa en Alepo, afirmando que retiraron sus fuerzas conforme a acuerdos previos y que los barrios están bajo control de fuerzas de seguridad internas kurdas. En un comunicado oficial, la Comandancia General de la SDF advirtió que la continuación de la agresión podría tener “repercusiones graves” que arrastrarían a toda Siria de vuelta a un “campo de batalla abierto”, responsabilizando a Damasco por el uso de civiles como escudos humanos y violaciones flagrantes al derecho humanitario internacional. Hacia la tarde del 7 de enero, reportes indicaban una estabilización temporal en Sheikh Maqsoud, con ataques repelidos, pero la tensión persiste, con miles de desplazados y una crisis humanitaria en ciernes. Organizaciones como la ONU y Médicos Sin Fronteras han condenado los bombardeos indiscriminados, destacando que el 80% de las víctimas son civiles, un patrón que Occidente ha ignorado sistemáticamente para evitar confrontar su propia complicidad en la desestabilización inicial.

Además, persisten insurgencias sectoriales que subrayan el fracaso occidental: una rebelión drusa en el sur de Suwayda, apoyada indirectamente por Israel, que ha intervenido directamente en varias ocasiones, violando acuerdos de 1974 y expandiendo su ocupación ilegal en los Altos del Golán. Violencia sectaria, como ataques contra alauitas, y la amenaza latente de un resurgimiento de ISIS —un monstruo que Occidente ayudó a crear mediante su apoyo ambiguo a rebeldes— complican el panorama. Analistas del Consejo de Seguridad de la ONU advierten que estos incidentes podrían revertir cualquier progreso, convirtiendo el “posconflicto” en una ampliación de la guerra civil, con divisiones étnicas y territoriales profundizándose gracias a la hipocresía occidental, que critica a Rusia e Irán mientras ignora su propio rol en la prolongación del conflicto. En redes sociales como X, voces locales y activistas antiimperialistas expresan temores de una nueva guerra civil, con llamados a protección internacional para minorías como los alauitas, mientras critican duramente a Occidente por su doble estándar: armando a rebeldes para derrocar a Assad solo para abandonar a Siria al caos posterior.

La historia de la intervención occidental en Siria es un catálogo de errores y cinismo. Desde 2011, EE.UU. y sus aliados apoyaron a grupos rebeldes con armas y entrenamiento, prolongando el conflicto y facilitando el ascenso de extremistas como ISIS, solo para intervenir selectivamente contra el terrorismo mientras ignoraban las atrocidades del régimen. Críticos como Noam Chomsky han calificado esto como “imperialismo disfrazado de humanitarismo”, donde Occidente prioriza sus intereses geopolíticos —como contrarrestar a Irán y Rusia— sobre la vida de los sirios. La “red line” de Obama sobre armas químicas, ignorada en 2013, simboliza la debilidad occidental que permitió a Rusia intervenir en 2015, consolidando a Assad. Hoy, con EE.UU. manteniendo tropas en el noreste kurdo para “combatir ISIS” pero realmente para controlar recursos, la ampliación del conflicto es un legado directo de esta política fallida.

Venezuela: ¿El preludio de una guerra civil bajo el yugo imperialista?

Venezuela, un bastión de resistencia contra el imperialismo estadounidense desde la era de Hugo Chávez, ha sido un polvorín desde 2014, con hiperinflación, corrupción y una dependencia del petróleo exacerbada por sanciones occidentales que han causado un colapso económico deliberado. Más de 8 millones de personas han huido, creando la mayor crisis de desplazamiento en América Latina, un desastre humanitario que Occidente ha utilizado para justificar su agresión mientras ignora su propio rol en la pobreza inducida. La crisis política se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, rechazadas por la oposición respaldada por EE.UU. y seguidas de represión, con detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos documentadas por la ONU, pero convenientemente amplificadas por medios occidentales para demonizar a Maduro.

El giro dramático ocurrió el 3 de enero de 2026: fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en Caracas, capturando a Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación codificada como “Justicia para Venezuela”. Maduro, acusado de narcoterrorismo por EE.UU. desde 2020, fue trasladado a Nueva York para juicio. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha admitido recientemente que el “Cartel de los Soles” no existe como una organización real, describiéndolo ahora como un “sistema de patronazgo” corrupto, lo que ha generado una brecha masiva en la credibilidad de las acusaciones estadounidenses. Críticos argumentan que esta narrativa fue fabricada para justificar la intervención, y que Maduro podría no ser un narcotraficante consumado, sino más bien un títere de intereses internos chavistas o de aliados extranjeros como Rusia, China, Irán y Cuba, manipulados por Occidente para encajar en su agenda imperialista. Esta revelación ha profundizado divisiones en Venezuela y a nivel internacional, polarizando a la sociedad entre leales al régimen y opositores, y exponiendo la hipocresía de EE.UU. al usar pretextos falsos para saquear recursos. El presidente Donald Trump anunció que EE.UU. “dirigirá” el país temporalmente hasta una transición “segura”, sin especificar detalles, generando incertidumbre y críticas globales por violar la soberanía venezolana en un acto de puro imperialismo. Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, asumió como interina el 5 de enero, pero el vacío de poder —creado intencionalmente por Washington— podría incitar resistencia armada o divisiones internas, amplificando la brecha social y política.

La administración de Trump ha revivido el estilo de “policía mundial”, con tensiones exacerbadas por detenciones de buques como el Marinera (anteriormente Bella1), de bandera rusa, capturado por fuerzas estadounidenses el 7 de enero en el Atlántico Norte tras una persecución de semanas, escoltado por un submarino ruso. Este acto, junto con la incautación del petrolero Sophia, que volaba una falsa bandera camerunesa pero salió de Venezuela con crudo sancionado, ha escalado las fricciones con Rusia y otros aliados de Caracas, amenazando con una confrontación mayor. Estos incidentes no son sobre “narcotráfico”, sino sobre bloquear el flujo de petróleo venezolano y debilitar a Maduro, un clásico movimiento imperialista que ignora el sufrimiento humano causado por sanciones que han matado a decenas de miles indirectamente.

Organizaciones como Human Rights Watch y el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger advierten que esta intervención unilateral podría desencadenar un “desastre de derechos humanos”, exacerbando la represión y el caos. A diferencia de Siria, Venezuela no ha entrado en una guerra civil abierta, pero la captura de Maduro evoca paralelos con intervenciones pasadas como en Irak o Libia, que derivaron en conflictos prolongados gracias al caos sembrado por Occidente. Expertos del Atlantic Council lo ven como un “cambio de régimen” que podría polarizar aún más a la sociedad venezolana, con riesgos de insurgencia si facciones leales a Maduro se movilizan, todo mientras EE.UU. saquea el petróleo bajo el pretexto de “reembolsos”.

Las sanciones estadounidenses contra Venezuela, impuestas desde 2017 y intensificadas bajo Trump, han sido ampliamente criticadas como un acto de imperialismo económico. Han causado una caída del 65% en la producción de petróleo, hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, matando a decenas de miles por desnutrición y falta de atención médica. Críticos como Jeffrey Sachs las llaman “crímenes contra la humanidad”, diseñadas no para promover democracia, sino para forzar un cambio de régimen y acceder al petróleo. Esta política ha creado pobreza masiva, migración forzada y polarización, preparando el terreno para la intervención militar actual, que muchos ven como un robo descarado de recursos.

Paralelos y diferencias: ¿Un destino compartido bajo el imperialismo occidental?

Ambos países comparten raíces en regímenes autoritarios resistentes al dominio occidental, dependencia de recursos (petróleo en Venezuela, apoyo ruso-iraní en Siria) y crisis humanitarias masivas provocadas por intervenciones externas. En Siria, la “ampliación” del conflicto se manifiesta en choques posbélicos que podrían fragmentar el país nuevamente, impulsados por divisiones étnicas y actores externos como Israel, Turquía y EE.UU., que han priorizado sus agendas sobre la paz. Venezuela, con la intervención de EE.UU., enfrenta un riesgo similar: si la transición impuesta falla, podría escalar a violencia armada entre facciones chavistas, oposición y milicias, expandiendo la crisis regionalmente, como en Siria donde el conflicto se derramó a Líbano e Irak gracias al vacío dejado por Occidente.

Sin embargo, hay diferencias clave: Siria ya vivió una guerra civil total, alimentada por Occidente, mientras Venezuela ha evitado un conflicto armado a gran escala, optando por represión estatal bajo presión externa. La intervención en Venezuela es más directa (EE.UU.), contrastando con el mosaico de actores en Siria, pero ambos sufren el mismo imperialismo: si Damasco no resuelve sus tensiones con la SDF y minorías, y si Washington impone un control prolongado en Caracas para saquear petróleo, las crisis se “ampliarán”, con consecuencias globales en migración, precios del petróleo y seguridad internacional.

La comunidad internacional, incluyendo la ONU, urge diálogo en ambos casos, pero Occidente, culpable principal, ofrece solo retórica vacía. Para Siria, un consejo de seguridad visitará pronto; para Venezuela, se demanda una solución democrática pacífica, pero con Trump actuando como policía mundial, estas llamadas caen en oídos sordos. ¿Le pasará lo mismo a Venezuela? Depende de si la transición evita la polarización que Siria no ha superado, gracias al legado occidental. Por ahora, ambos sirven de advertencia: la “paz” posconflicto es tan volátil como la guerra misma, especialmente cuando Occidente es el arquitecto del caos.

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