Petro denuncia a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional

Con un movimiento que marca un nuevo capítulo en la lucha del Gobierno colombiano contra los grupos armados ilegales, el presidente Gustavo Petro ha formalizado una denuncia contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción, confirmada por fuentes cercanas al Ejecutivo, representa no solo una escalada en la presión legal sobre uno de los criminales más buscados del país, sino también una respuesta directa a las recientes provocaciones de Mordisco, quien ha intentado forjar alianzas con otras organizaciones insurgentes en medio de un contexto regional tenso marcado por la intervención estadounidense en Venezuela.

La denuncia, radicada en las últimas horas, se centra en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo el reclutamiento forzado de menores, ataques indiscriminados contra civiles y comunidades indígenas, así como posibles crímenes de lesa humanidad como el genocidio cultural en regiones como el Cauca. Según expertos en derecho internacional, esta iniciativa busca activar el Estatuto de Roma, del cual Colombia es signataria desde 2002, para que la CPI investigue y eventualmente juzgue a Mordisco por actos que trascienden las fronteras nacionales y afectan la estabilidad regional.

El contexto: La provocación de ‘Iván Mordisco’ y la propuesta de alianza criminal

Esta decisión presidencial surge como respuesta inmediata a un video difundido recientemente por Mordisco, en el que el disidente convoca a una “cumbre de comandantes insurgentes” con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En la grabación, fechada el 7 de enero de 2026, Mordisco invoca la figura histórica de Simón Bolívar para denunciar lo que califica como “agresión imperialista” de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Venezuela. “Dejemos de lado las diferencias pasadas y formemos un gran bloque insurgente contra la amenaza común a nuestra soberanía”, proclama el cabecilla, rodeado de combatientes armados y bajo la bandera de las FARC-EP.

Analistas políticos interpretan esta convocatoria no como un gesto ideológico genuino, sino como un acto de desesperación ante el debilitamiento de su estructura. Durante los últimos 12 meses, las Fuerzas Militares colombianas han intensificado operaciones contra el EMC, resultando en la neutralización de aliados clave como alias ‘Polo’ en el Amazonas y la captura de decenas de miembros. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha calificado el llamado de Mordisco como un “llamado de auxilio” a otros “carteles del narcotráfico”, enfatizando que refleja la soledad y vulnerabilidad del disidente.

El presidente Petro, en declaraciones recogidas por medios como RTVC Noticias y Revista Semana, ha respondido con firmeza a esta propuesta. “La alianza que propone ‘Iván Mordisco’ no defiende a Venezuela ni a Colombia ni a América Latina; por el contrario, sería la excusa perfecta para una invasión y sabotear procesos democráticos como las elecciones”, afirmó el mandatario, advirtiendo sobre “dineros oscuros” que podrían estar financiando esfuerzos para desestabilizar la región.

Confirmación oficial: El rol del abogado Alejandro Carranza

La confirmación de la denuncia ante la CPI proviene directamente de Alejandro Carranza, abogado personal del presidente Petro y reconocido experto en derecho penal internacional. En una entrevista exclusiva con Caracol Radio, Carranza detalló que la acción legal se basa en evidencia recopilada durante meses, incluyendo testimonios de desmovilizados, informes de inteligencia y documentación de violaciones sistemáticas. “Tras la propuesta de alianza criminal con el ELN y la Segunda Marquetalia, hemos acelerado el proceso. En los próximos días, radicaremos una denuncia adicional ante la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el Departamento de Justicia (@TheJusticeDept)”, reveló Carranza, subrayando la cooperación internacional como clave para combatir el narcoterrorismo transfronterizo.

Carranza, conocido en redes como @HombreJurista, es un jurista con amplia experiencia en casos de alto perfil. Su trayectoria incluye defensas en crisis políticas y asesorías en materia de derechos humanos. En su perfil de X, donde cuenta con miles de seguidores, ha enfatizado la importancia de la justicia universal para enfrentar a figuras como Mordisco, quien enfrenta una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por su captura en Colombia.

Antecedentes históricos: De las negociaciones fallidas a la confrontación abierta

Para entender la magnitud de esta denuncia, es esencial remontarse al contexto histórico. Iván Mordisco, un exmiembro de las FARC que rechazó el Acuerdo de Paz de 2016, ha liderado el EMC desde 2019, expandiendo su influencia en departamentos como Cauca, Putumayo y Amazonas a través del control de rutas de narcotráfico y minería ilegal. Bajo su mando, el grupo ha sido acusado de reclutar a más de 500 menores en los últimos años, un crimen que Petro ha calificado repetidamente como “criminal de guerra”.

El Gobierno de Petro inició diálogos de paz con el EMC en 2023, pero estos colapsaron en 2025 tras ataques como el atentado en Balboa, Cauca, que dejó 13 heridos, incluyendo civiles. Desde entonces, el presidente ha optado por una estrategia dual: operaciones militares intensas y acciones judiciales internacionales. En noviembre de 2025, Petro anunció públicamente su intención de denunciar a Mordisco por reclutamiento de menores, un anuncio que se materializa ahora en medio de la crisis venezolana.

Expertos como Abelardo de la Espriella han señalado vínculos históricos entre figuras políticas y grupos armados, aunque en este caso, la denuncia de Petro busca desmarcarse de cualquier acusación pasada y enfocarse en la protección de comunidades vulnerables.

Implicaciones regionales y globales: Narcotráfico, terrorismo y cooperación internacional

La denuncia no se limita a la CPI. Carranza confirmó que se extenderá al Departamento de Justicia de EE.UU., donde Mordisco ya figura en listas de narcotraficantes buscados. Esto podría activar mecanismos de extradición y sanciones financieras, considerando que el EMC financia sus operaciones con el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. La intervención en Venezuela añade complejidad, ya que Mordisco intenta posicionar su alianza como una “defensa antiimperialista”, un discurso que resuena en sectores izquierdistas pero que Petro rechaza categóricamente.

En el ámbito regional, esta acción podría tensionar relaciones con Venezuela, donde Maduro ha sido capturado, y fortalecer alianzas con EE.UU. bajo la administración de Pam Bondi. Analistas advierten que una “cumbre insurgente” podría intensificar la violencia en zonas fronterizas, donde compiten por control territorial, exacerbando migraciones forzadas y crisis humanitarias.

Reacciones en redes sociales y sociedad civil

La noticia ha generado un torbellino en plataformas como X, donde hashtags como #PetroVsMordisco y #DenunciaCPI dominan las tendencias. Usuarios como @ClaudiaLuci1018 han instado a líderes internacionales como @POTUS y @marcorubio a no normalizar el terrorismo, mientras que defensores del Gobierno, como @Romanosky_PH, destacan los avances en capturas bajo Petro.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos, como las del pueblo Nasa, han aplaudido la medida, recordando el “genocidio” en Cauca. Sin embargo, opositores como @GermnAndrs92683 critican al Gobierno por supuestas concesiones pasadas, aunque datos muestran una reducción en tasas de homicidio bajo Petro.

Perspectivas futuras: Hacia una paz sostenible o mayor confrontación

Esta denuncia podría marcar un punto de inflexión en la política de “paz total” de Petro, combinando diálogo con presión judicial. Si la CPI acepta el caso, Mordisco se uniría a una lista de criminales internacionales, limitando su movilidad y financiamiento. El Gobierno insta a la desmovilización y colaboración ciudadana a través de líneas como 107 y 157.

Mientras tanto, las autoridades monitorean cualquier movimiento derivado de la “cumbre” propuesta, advirtiendo que el narcotráfico no une, sino acelera la autodestrucción de estos grupos. En un año electoral, esta acción refuerza el compromiso de Petro con la justicia, pero también expone las complejidades de un conflicto armado que persiste pese a esfuerzos de paz.

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