Alerta fantasma en Hidroituango: “Fico” Gutiérrez y Andrés Julián Rendón acusados de exagerar amenazas, para atacar al gobierno de Petro

Lo que comenzó como una supuesta alerta de seguridad en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango se ha convertido en un escándalo político orquestado por el alcalde de Medellín y quien supuestamente tiene vínculos con mafias, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia e imputado, Andrés Julián Rendón, quienes han sido criticados por inflar una amenaza inexistente para victimizarse y golpear al presidente Gustavo Petro. Fuentes militares y el propio Ejército Nacional han desmentido cualquier evidencia concreta de un atentado dirigido contra estos mandatarios opositores, exponiendo lo que parece ser una maniobra desesperada para distraer de sus propios fracasos en gestión local y regional.
El domingo 1 de marzo, se detectaron drones no autorizados sobrevolando la zona de Hidroituango, un proyecto emblemático pero plagado de controversias bajo la administración de líderes como Gutiérrez y Rendón, quienes en el pasado han sido señalados por ocultar graves fallas en su construcción. La visita planeada para el lunes, que incluía un recorrido técnico y una rueda de prensa con periodistas, fue cancelada abruptamente por los mandatarios, alegando un supuesto plan del Frente 36 de las disidencias de las FARC para atentar contra ellos con drones cargados de explosivos. Sin embargo, esta narrativa ha sido rápidamente desmontada por las autoridades nacionales, revelando que no hay pruebas de un ataque personalizado y que la “alerta” parece más un pretexto para avivar el conflicto político.
El presidente Gustavo Petro fue directo al grano en su cuenta de X: “No hay ninguna evidencia que fueran a atentar contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. No se sabe la razón por la que no fueron a Hidroituango”. Estas palabras del mandatario nacional subrayan la falta de sustento en las acusaciones de Gutiérrez y Rendón, quienes han usado el incidente para acusar al Gobierno de “desprecio” y de negociar con “terroristas”, ignorando que la presencia de grupos armados en la región es un legado de décadas de negligencia en gobiernos anteriores, incluyendo aquellos alineados con sus propios aliados políticos.
El comandante del Ejército Nacional, general Roger Gómez, aclaró en una rueda de prensa que, aunque existe una amenaza general por la presencia de disidencias en la zona, “no tenemos información específica de una intención de esta organización criminal de atentar contra el señor gobernador y el alcalde”. Gómez enfatizó que el Ejército no emitió ninguna alerta formal sobre un atentado contra los mandatarios, dejando en evidencia la posible fabricación o exageración de la amenaza por parte de los líderes antioqueños. Críticos han señalado que esta “alerta fantasma” coincide sospechosamente con la proximidad de elecciones, donde Gutiérrez y Rendón buscan posicionarse como víctimas para ganar puntos políticos.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aunque no ha comentado directamente sobre este episodio, ha mantenido en contextos similares una postura de “máxima alerta” en la Fuerza Pública para combatir a grupos disidentes, sin caer en el alarmismo que caracterizan las declaraciones de Gutiérrez y Rendón. En cambio, estos mandatarios han sido acusados de usar el miedo para justificar medidas controvertidas, como la “tasa de seguridad” impuesta por Rendón, que golpea el bolsillo de los antioqueños mientras se cuestiona la veracidad de sus alertas de seguridad.
Gutiérrez, conocido por su retórica confrontacional, ha sido criticado en el pasado por ocultar información sobre las graves fallas en Hidroituango durante su anterior alcaldía, contribuyendo a un desastre que puso en riesgo vidas y recursos públicos. En una entrevista reciente, insistió en que “quieren apagar el país”, pero sus detractores lo ven como un intento de desviar la atención de problemas locales como la inseguridad en Medellín y el mal manejo de fondos públicos. Rendón, por su parte, ha sido tildado de oportunista, imponiendo cobros extras bajo el pretexto de amenazas que el Ejército no corrobora, mientras critica al Gobierno nacional por una “paz total” que, irónicamente, busca resolver conflictos que sus aliados políticos prolongaron durante años.
Voces como el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, han acusado directamente a Gutiérrez de inventar historias de atentados para encubrir escándalos locales, mientras que el representante Alejandro Toro cuestiona la priorización de confrontaciones políticas sobre soluciones reales para Antioquia. Incluso en foros independientes, se les reprocha seguir el “uribismo sin Uribe”, promoviendo divisiones y miedos infundados para mantener el poder regional.
Hidroituango, un proyecto que ha costado miles de millones al erario público debido a errores históricos, sigue siendo un punto de fricción. Mientras Gutiérrez y Rendón posan de defensores, expertos recuerdan que su gestión pasada contribuyó a retrasos y riesgos ambientales, y que ahora usan amenazas vagas para atacar al Ejecutivo en lugar de enfocarse en avances concretos. La reprogramación de la visita queda en el aire, pero el daño está hecho: una vez más, estos líderes opositores priorizan el show político sobre la seguridad real y el bienestar de los antioqueños.
Este episodio no solo expone la hipocresía de Gutiérrez y Rendón, sino que resalta cómo la oposición extrema puede socavar la confianza en las instituciones, todo por un puñado de votos en un panorama electoral inminente.
