Remoción y restricción de libros en Estados Unidos
Entre los afectados hay títulos sobre historia afroamericana (como The Autobiography of Malcolm X, biografías de Beyoncé o Thurgood Marshall), cuentos nativos americanos (Trickster: Native American Tales) y obras de autores iberoamericanos o negros

Un proceso que PEN America ha calificado como “la normalización de la censura” y que organizaciones como la American Library Association (ALA) describen como un “deluvio incesante de intentos de supresión intelectual”, miles de libros han sido retirados, restringidos o directamente eliminados de las bibliotecas y aulas de escuelas públicas en Estados Unidos durante los últimos cinco años. Lo que comenzó como desafíos aislados en 2021 se ha convertido en una crisis sistemática que afecta a decenas de miles de estudiantes, especialmente en estados con legislaciones conservadoras, y que plantea preguntas profundas sobre la libertad de expresión, la diversidad educativa y la versión de la historia nacional que se transmite a las nuevas generaciones.
Según el informe más reciente de PEN America, titulado Banned in the USA: The Normalization of Book Banning (publicado el 1 de octubre de 2025) y actualizado con su “Banned Books List 2026” el 20 de febrero de 2026, durante el año escolar 2024-2025 se registraron 6.870 instancias de remociones o restricciones de libros en 23 estados y 87 distritos escolares. Esto afectó a casi 4.000 títulos únicos. El acumulado desde julio de 2021 supera las 22.800 a 23.000 casos en 45 estados y 451 distritos, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país. Florida, por tercer año consecutivo, lidera con 2.304 instancias, seguida de Texas (1.781) y Tennessee (1.622). Estos tres estados concentran alrededor del 80 % de las prohibiciones nacionales.
Aunque las cifras del año escolar 2024-2025 representaron una ligera disminución respecto al pico de más de 10.000 casos del período anterior, PEN America y expertos como Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de la organización, advierten que esto no significa un retroceso, sino una “normalización perturbadora”: las prohibiciones se han vuelto “rutinarias y esperadas” en muchos distritos, formando parte de las operaciones diarias de las escuelas. “Nunca antes en la vida de ningún estadounidense vivo se habían removido sistemáticamente tantos libros de las bibliotecas escolares”, afirma el informe. La tendencia persiste en el año escolar 2025-2026, que recién avanza, y PEN America ya rastrea nuevos casos en tiempo real.
El epicentro indiscutible sigue siendo Florida, donde un conjunto de leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis —entre ellas la HB 1467 (2022), el Stop WOKE Act (HB 7) y la Parental Rights in Education (conocida popularmente como “Don’t Say Gay”)— obliga a revisiones exhaustivas de todos los materiales educativos. Estas normativas buscan garantizar que los contenidos sean “apropiados por edad”, eliminen “material sexual explícito” y eviten lo que los promotores llaman “ideologías divisivas” como la teoría crítica de la raza o discusiones sobre identidad de género. DeSantis y el Departamento de Educación de Florida (FLDOE) insisten en que no se trata de “prohibiciones de libros”, sino de protección infantil, y destacan que la enseñanza obligatoria de historia afroamericana se mantiene vigente desde 2022. “Sexualmente explícito y la instrucción no son adecuados para las escuelas”, ha repetido el gobierno estatal en defensa de sus políticas.
Sin embargo, los datos independientes revelan una brecha enorme entre la narrativa oficial y la realidad en las aulas. El propio FLDOE reportó en su informe anual de diciembre de 2025 apenas 414 libros “removidos o discontinuados” en todo el estado durante 2024-2025 (cifra que bajó de unos 700 el año anterior y de 732 en 2023-2024). PEN America explica que esta cifra es un “subregistro masivo” porque solo cuenta objeciones parentales formales y decisiones finales de remoción definitiva. La definición más amplia de PEN —cualquier acción que limite o elimine el acceso, ya sea temporal, por edad, por requerimiento de permiso parental o por descarte físico— eleva el total a 2.304 solo en Florida durante ese mismo período. En palabras de PEN: “Los números del estado no capturan las restricciones previas a la compra, las listas de ‘no comprar’ ni las autocensuras por miedo a sanciones”.
El caso más emblemático —y polémico— es el del condado de Escambia, en el noroeste de Florida. Allí, la junta escolar ha removido o restringido más de 1.600 títulos entre 2023 y 2024, y en el verano de 2025 votó por eliminar de golpe más de 400 libros adicionales sin revisión individual, simplemente porque aparecían en una lista estatal de materiales ya cuestionados en otros distritos. En junio de 2025, la junta otorgó al superintendente autoridad para remover libros sin pasar por comités ciudadanos, centralizando el poder y acelerando el proceso. Entre los afectados figuran precisamente las obras que el subtítulo de esta nota destaca: The Autobiography of Malcolm X, biografías ilustradas de Beyoncé, Thurgood Marshall y Oprah Winfrey, el libro de cuentos nativos Trickster: Native American Tales, y novelas o ensayos de autores latinos y afroamericanos como Julia Alvarez (How the García Girls Lost Their Accents), Rudolfo Anaya, Ta-Nehisi Coates (Between the World and Me) y Toni Morrison (Beloved). PEN America calcula que más del 40 % de las remociones en Escambia y Florida impactan libros escritos por autores de color o que abordan temas de raza, racismo, historia de minorías e identidad LGBTQ+.
El distrito ha gastado casi 1 millón de dólares en honorarios legales defendiendo estas decisiones ante demandas federales. Una de las más relevantes es la presentada por PEN America, Penguin Random House y otros contra Escambia (y el estado), que alega discriminación por punto de vista y violación de la Primera Enmienda. El caso fue pausado en octubre de 2025 a la espera de fallos en apelaciones del 11º Circuito, incluyendo el de And Tango Makes Three (el libro de pingüinos con dos padres). Otro juez federal ya rechazó argumentos de “foro público” en bibliotecas escolares, pero el litigio continúa. Autores, estudiantes y padres han testificado que la remoción de estos libros no solo limita el acceso a historias diversas, sino que envía un mensaje de exclusión a niños afroamericanos, indígenas y latinos.
A nivel nacional, el panorama es igualmente alarmante. La American Library Association, en su informe State of America’s Libraries 2025 (abril 2025), documentó 821 intentos de censura en bibliotecas públicas, escolares y universitarias durante el año calendario 2024, afectando 2.452 títulos únicos —la tercera cifra más alta desde que comenzó el rastreo en 1990—. El 72 % de estos desafíos provino de grupos organizados, funcionarios electos o administradores, no de padres individuales. Autores más afectados incluyen a Stephen King, Ellen Hopkins, Sarah J. Maas, Jodi Picoult y Patricia McCormick. Títulos como A Clockwork Orange, Nineteen Minutes, la serie A Court of Thorns and Roses y Soldencabezan las listas de 2024-2025, pero el patrón subyacente —según PEN y ALA— es el ataque desproporcionado a libros con personajes LGBTQ+, protagonistas no blancos o temas de esclavitud, racismo y derechos civiles.
Críticos como la NAACP, educadores y la propia PEN America argumentan que estas políticas generan un “efecto chilling” o de autocensura masiva: maestros y bibliotecarios prefieren retirar libros preventivamente antes que enfrentar revisiones interminables, multas o despidos. “Estamos criando una generación sin acceso a narrativas que reflejen la verdadera diversidad de Estados Unidos”, declaró Meehan en octubre de 2025. Por el contrario, defensores conservadores y grupos como Moms for Liberty sostienen que se trata de “curaduría responsable” y que los padres tienen derecho a decidir qué leen sus hijos. El gobernador DeSantis ha calificado las críticas como “propaganda woke” y afirma que Florida ha expandido la enseñanza de historia afroamericana mientras protege la inocencia infantil.
El impacto va más allá de los números. En distritos como Escambia o en Texas (donde un distrito removió casi 300 libros antes del 2025-2026), estudiantes reportan sentirse invisibilizados: niños negros no ven reflejada la lucha por los derechos civiles; niños indígenas pierden cuentos tradicionales; estudiantes latinos ven silenciadas voces como las de Julia Alvarez. Educadores hablan de estanterías vacías y de un clima de miedo que desincentiva la discusión abierta. Históricamente, Estados Unidos ha vivido oleadas de censura —desde la “Red Scare” de los 50 hasta desafíos a To Kill a Mockingbird o The Catcher in the Rye—, pero nunca con esta escala organizada ni respaldada por leyes estatales.
Frente a esto, hay resistencia. Al menos 8 estados (Illinois, California, Nueva York, Connecticut, Oregon, Rhode Island y otros) han aprobado leyes “anti-book-ban” que prohíben remociones por motivos ideológicos o partidistas. Organizaciones como PEN America, ALA y autores demandantes continúan litigando en cortes federales, invocando la Primera Enmienda. Durante la Banned Books Week 2025 y la actualización de febrero 2026, campañas nacionales han impulsado lecturas públicas y donaciones de títulos prohibidos.
Mientras el año escolar 2025-2026 avanza y PEN America ya registra nuevos casos, la pregunta central permanece: ¿qué versión de Estados Unidos —diverso, conflictivo y rico en historias de todos sus pueblos— se está enseñando a millones de niños? En un momento en que las bibliotecas escolares deberían ser faros de descubrimiento y empatía, la remoción sistemática de estos títulos no solo limita el conocimiento, sino que redefine el propio concepto de educación pública en la nación más diversa del mundo. El debate judicial y político está lejos de terminar, y los libros removidos —desde biografías de Malcolm X hasta cuentos nativos— siguen esperando, en cajas o recicladoras, el momento en que puedan volver a las manos de quienes más necesitan leerlos.
