Nuevas acusaciones sacuden el caso Drummond: Salvatore Mancuso y un exparamilitar señalan a exdirectivos por entregar listas de sindicalistas para ser asesinados 

A 25 años de los crímenes que conmocionaron al Cesar, las declaraciones reservadas ante la Fiscalía reviven el debate sobre presuntos nexos entre la multinacional minera y las AUC. La empresa niega tajantemente cualquier vínculo y habla de “testigos pagados”

Foto:RR.SS.

Cuando se cumplen exactamente 25 años de los asesinatos de líderes sindicales de la multinacional Drummond en el departamento del Cesar, la Unidad Investigativa de Caracol Radio revela testimonios explosivos que reposan en la Fiscalía General de la Nación. Dos exparamilitares, entre ellos el exjefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y el exjefe de seguridad de una contratista, Jairo de Jesús Charris (alias Viejo Miguel), acusan directamente a un exjefe de seguridad de la empresa de haber entregado una lista con nombres de sindicalistas que debían ser eliminados. 

Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2001. Los principales objetivos fueron Valmore Locarno Rodríguez (presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética – Sintramienergética) y Víctor Hugo Orcasita Amaya (vicepresidente). Según las nuevas declaraciones, también figuraban en la lista Cándido Méndez, Gustavo Soler y otros trabajadores que, en algunos casos, lograron salvarse. Los crímenes fueron ejecutados por el Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

“Esta información la entregó el coronel Rodríguez”

En su declaración ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso fue contundente: el entonces jefe de servicios de seguridad de la mina de Drummond en La Loma (Cesar), coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, fue quien entregó personalmente la lista de sindicalistas al frente paramilitar. “Esta información la entregó el coronel Rodríguez y con base en ella se ejecuta la operación en la cual se dan de baja, se asesina a estas personas que estaban en la lista”, afirmó Mancuso. 

Mancuso agregó que él mismo autorizó reuniones entre su subalterno Jorge 40 y el emisario de Drummond, el estadounidense James Lee Atkins (jefe nacional de seguridad de la multinacional). “La Drummond tenía un representante que envió a hablar con las Autodefensas, que era un señor norteamericano llamado James Atkins con Rodrigo Tovar ‘Jorge 40’ (…) le dije que tuviera mucho cuidado porque esta persona hacía parte de la CIA y que lo atendiera en un lugar donde tuviera la seguridad necesaria”, relató. 

Según el exjefe paramilitar, esas reuniones buscaban “acuerdos de seguridad” para proteger las operaciones de la empresa, incluida la línea férrea que transportaba carbón desde la mina hasta el puerto de Santa Marta. “Con base en eso se realizaban esas operaciones militares desafortunadas, que cegaron la vida de miles de personas en esa zona”, dijo Mancuso, citando textualmente la información revelada por Caracol Radio. 

El segundo testigo confirma: “Era orden de Gary Drummond”

El otro testigo clave es Jairo de Jesús Charris, condenado anteriormente por su participación en paramilitarismo y quien trabajaba como jefe de seguridad de la contratista ISA en la zona. Charris corroboró la versión de Mancuso y fue más allá: aseguró que el coronel Rodríguez actuó por instrucción directa de James Lee Atkins y con pleno conocimiento de Alfredo Araújo Castro, actual vicepresidente de relaciones con la comunidad de Drummond. 

Charris detalló que la orden era clara: exterminar por completo al sindicato porque lo consideraban “guerrillero” y aliado de las FARC, que supuestamente facilitaba atentados contra los trenes y secuestros. “Los que estaban de acuerdo con esos homicidios fueron los que ya relacioné: Augusto Jiménez —entonces presidente de Drummond en Colombia—, el coronel Rodríguez, Alfredo Araújo, el señor Jorge Garzón… Que al sindicato tenían que asesinarlo porque eran guerrilleros y ellos no podían tener un sindicato guerrillero, que esa era la orden de Gary Drummond (CEO de la multinacional hasta su muerte en 2016)”, declaró ante la Fiscalía. 

Incluso afirmó que, por conocer el plan, recibieron orden de asesinarlo a él también. Los responsables, según Charris, serían Atkins, Rodríguez, Araújo, junto a Jorge 40 y Édgar Ospino Pacheco, alias Tolemaida (enlace paramilitar con la empresa). “La planeación la dio a conocer James Lee Atkins por orden del señor Garry Drummond: acabar con todo el sindicato, señora fiscal, acabarlo totalmente a manos de las autodefensas”, insistió. 

Contexto histórico: un conflicto que dejó miles de víctimas

Estos testimonios no surgen de la nada. Desde hace más de dos décadas, la multinacional estadounidense Drummond Ltd. ha sido señalada en Colombia y en Estados Unidos por presuntos pagos a grupos paramilitares para “proteger” sus operaciones en el Cesar. En 2001, la zona vivía el auge de la expansión paramilitar del Bloque Norte de las AUC. Jorge 40 controlaba vastos territorios y, según múltiples versiones, las empresas carboneras pagaban “vacunas” o cuotas de seguridad a cambio de tranquilidad.

En declaraciones anteriores ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023, Mancuso ya había mencionado que las AUC recibieron listas de sindicalistas de Drummond y que la empresa financiaba operaciones con “cajas de efectivo”. Otros exparamilitares como Trino Luna (exgobernador del Magdalena) han ratificado ante la JEP acuerdos ilegales en 2003 en una finca de Jaime Blanco Maya, donde se pactó protección a la línea férrea a cambio de pagos. 

Los asesinatos de Locarno y Orcasita ocurrieron el 12 de marzo de 2001. Paramilitares interceptaron el bus de la empresa, identificaron a los líderes sindicales y los ejecutaron. Locarno fue asesinado en el sitio; Orcasita fue torturado y su cuerpo apareció al día siguiente. Fuentes judiciales han documentado al menos otros intentos o crímenes similares en febrero y octubre de ese año contra sindicalistas de la misma empresa. 

Drummond: “Acusaciones falsas de un cartel de testigos”

Consultada por Caracol Radio, la multinacional Drummond rechazó categóricamente las nuevas declaraciones. Afirmó que se trata de “testigos pagados” por el abogado estadounidense Terrence Collingsworth, quien ha representado a familias de víctimas en demandas civiles en EE.UU. La empresa sostiene que esas versiones ya fueron desacreditadas en tribunales norteamericanos y que nunca favoreció ni financió a grupos al margen de la ley. “Drummond no ha tenido ni tiene vínculos con paramilitares”, reiteró en comunicados previos. 

Un caso judicial estancado tras 25 años

Pese a las nuevas pruebas, el proceso en Colombia avanza con dificultad. Han pasado seis fiscales diferentes en la investigación. El juicio contra el actual presidente de Drummond Colombia, José Miguel Linares, y el expresidente Augusto Jiménez (por presunta financiación de paramilitares) está paralizado desde hace tres años por recusaciones, nulidades y apelaciones. El expediente reposa desde mayo de 2025 en el magistrado Jorge Armando Fletscher del Tribunal Superior de Bogotá sin decisión de fondo. 

Mientras tanto, Salvatore Mancuso —deportado a Colombia en 2024 tras cumplir condena en EE.UU. por narcotráfico— fue designado “promotor de paz” por el gobierno de Gustavo Petro, aunque en enero de 2026 fue condenado a 40 años de prisión por 117 crímenes contra la población wayúu (pena que podría reducirse si sigue aportando verdad). Sus testimonios forman parte de su colaboración con la justicia transicional. 

¿Hacia la verdad o un nuevo impasse?

Las revelaciones de Mancuso y Charris reabren heridas en una región aún marcada por el conflicto. Familias de las víctimas, organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos exigen que la Fiscalía acelere las investigaciones y que no se repitan los obstáculos judiciales de las últimas dos décadas y media.

Mientras Drummond insiste en su inocencia y habla de un “cartel de falsos testigos”, los testimonios de dos de los más altos exjefes paramilitares del país siembran nuevas sombras sobre una de las multinacionales más poderosas del sector carbonífero colombiano. La pregunta que persiste, 25 años después, es la misma: ¿quiénes realmente ordenaron el exterminio del sindicato de Drummond?

El caso sigue abierto. La verdad, como siempre en Colombia, parece estar a un paso… pero todavía cuesta alcanzarla.

Publicaciones Similares

Deja un comentario