Escalada de violencia en Antioquia y revuelo en las cárceles

Foto: Análisis Urbano

El departamento vive una escalada de violencia que no da tregua. Desde el primero de enero de 2026 se han registrado cientos de homicidios en todo el departamento, con un promedio diario de cuatro a cinco muertes violentas, en medio de disputas territoriales entre grupos armados. Paralelamente, en las cárceles del país se registra un fuerte revuelo por la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales —muchos vinculados al Clan del Golfo y disidencias de las Farc— nombrados “gestores de paz” en el marco de la “paz total”, agravado por la reciente parranda vallenata con concierto del cantante Nelson Velásquez en la cárcel La Paz de Itagüí.  

En este contexto de violencia generalizada, siguen los combates entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales en varias zonas del departamento. Un ejemplo reciente es el ataque con drones cargados de explosivos que dejó tres soldados profesionales heridos el pasado 8 de abril en la vereda Travesías, corregimiento de Briceño, norte de Antioquia. Los uniformados fueron alcanzados por esquirlas de granadas de mortero lanzadas desde tres aeronaves no tripuladas durante patrullajes en la zona rural, en enfrentamientos con el frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Primo Gay” y alias “Calarcá”. El hecho ocurrió a menos de 20 minutos del casco urbano y forma parte de la confrontación armada entre disidencias y el Clan del Golfo (EGC) por el control territorial. Apenas días antes, el 3 de abril durante la procesión del Viernes Santo, una motobomba detonó cerca de la estación de Policía, hiriendo a dos uniformados y generando pánico entre los feligreses. La Defensoría del Pueblo mantiene activa su alerta de máxima gravedad por posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el ataque a una ambulancia en la vía Yarumal-Briceño. En lo corrido de 2026 ya se reportan más de 25 ataques con drones a nivel nacional, varios de ellos en Antioquia, donde esta modalidad se ha convertido en una táctica recurrente de los grupos armados.

Homicidios en Antioquia en 2026: la ola de violencia que no cede

Desde el 1 de enero de 2026, Antioquia registra un preocupante aumento en los homicidios. En los primeros 13 días del año se reportaron 53 asesinatos, 30 más que en el mismo periodo de 2025. Para el 14 de enero la cifra ya alcanzaba 54 casos, con un promedio de cuatro muertes violentas diarias. Al cierre de los primeros 27 días de enero se superaron los 122 homicidios, superando el total de todo el mes de enero del año anterior. En enero completo se contabilizaron 111 casos en la jurisdicción de la Policía departamental (excluyendo algunas subregiones), con un incremento del 20 % frente a 2025. Para los primeros 63 días del año (hasta inicios de marzo) la cifra ya superaba los 300 homicidios, un aumento del 16 % comparado con el mismo periodo anterior. Hasta hoy, 10 de abril, la tendencia se mantiene al alza, con un promedio diario que oscila entre cuatro y cinco asesinatos en todo el departamento.

Medellín, a parte: La capital antioqueña muestra una tendencia a la baja sostenida. En lo corrido de 2026 se registran 39 homicidios hasta inicios de marzo, siete menos que en el mismo periodo de 2025. Febrero cerró como el mes menos violento de los últimos 50 años, con solo 11 casos en 28 días y 19 días consecutivos sin muertes violentas. Hasta el momento, de estos homicidios, siete se atribuyen a problemas de convivencia, ocho a estructuras ilegales, dos a hurto y tres a violencia de género. La tasa proyectada ronda los 10 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional.

Por regiones de Antioquia (desglose):  

  • Valle de Aburrá: Concentra una parte importante de los casos urbanos, con 58 homicidios en los primeros dos meses y 12 solo en los primeros días de enero.  
  • Nordeste: 45 homicidios en los primeros 63 días, con ocho casos en la primera semana de enero; es una de las subregiones más afectadas por disputas entre grupos armados.  
  • Suroeste: 62 homicidios en los primeros dos meses y cuatro en los primeros días de enero; la subregión ha visto un crecimiento explosivo, pasando de concentrar el 2,93 % de los homicidios departamentales en 2010 al 18,63 % en 2025, con una tasa proyectada de 76,8 por cada 100.000 habitantes.  
  • Oriente: 50 homicidios en los primeros 63 días, con un aumento del 85 % frente al mismo periodo de 2025; municipios como Abejorral, La Unión, Marinilla, Rionegro y Sonsón lideran el incremento.  
  • Bajo Cauca: 21 homicidios en los primeros dos meses, aunque muestra reducciones anuales previas.  
  • Urabá: 11 casos en los primeros 63 días.  
  • Magdalena Medio: 12 homicidios en el mismo periodo.  
  • Norte y Occidente: 28 y 21 casos respectivamente en los primeros dos meses.

Total de homicidios desde que Andrés Julián Rendón asumió como gobernador

Andrés Julián Rendón asumió la gobernación en 2024. Ese año el departamento cerró con una reducción significativa, alcanzando la tasa de homicidios más baja en 55 años (24,1 por cada 100.000 habitantes). En 2025 se registraron 1.708 homicidios (o 1.664 según algunos balances oficiales), una cifra similar o ligeramente superior a 2024 pero con la tasa más baja de los últimos doce años (24,6 por cada 100.000 habitantes). En los primeros meses de 2026, con más de 300 casos reportados hasta inicios de marzo y la tendencia al alza continuando, el acumulado bajo su mandato supera ampliamente los 3.000 homicidios. A pesar de las reducciones logradas en 2024 y 2025 en subregiones como Bajo Cauca, Urabá, Nordeste y Valle de Aburrá, el 2026 marca un repunte preocupante, especialmente en Oriente y Suroeste.

Revuelo en las cárceles: suspensión de capturas y la polémica parranda vallenata en Itagüí

Paralelo a la violencia en el terreno, la decisión de la Fiscalía de suspender órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos —muchos de ellos del Clan del Golfo y disidencias— para nombrarlos “gestores de paz” ha generado indignación en Antioquia. El gobernador Rendón radicó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado argumentando que se premia a “los peores criminales del departamento”. Esta medida, enmarcada en la “paz total”, se vio agravada esta semana por la denuncia de una parranda vallenata al interior de la cárcel La Paz de Itagüí, donde están recluidos cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana.  

El 8 de abril se conoció que los internos organizaron y financiaron un concierto con el cantante Nelson Velásquez, con presencia de licor, comida de lujo y rumba durante todo el día. Los cabecillas habrían reunido más de 500 millones de pesos para el evento. El Inpec rechazó los hechos, aseguró que no fue autorizado, ordenó el cambio de director del penal, abrió investigación contra siete funcionarios y tomó medidas disciplinarias. Como consecuencia, la Mesa de Paz Urbana suspendió temporalmente los diálogos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el episodio como “un símbolo de lo que ha sido el gobierno Petro”, mientras que la concejal Claudia Carrasquilla presentó videos y audios que evidencian la fiesta en el patio de máxima seguridad. Este escándalo se suma a la suspensión de la mesa de diálogo con criminales de Medellín y ha generado un verdadero revuelo en las prisiones de Itagüí y Bellavista, donde reclusos vinculados a estos grupos exigen garantías y protagonizan incidentes que mantienen en alerta a las autoridades carcelarias.

Briceño, con cerca de 10.000 habitantes, vive uno de sus periodos más críticos: confinamientos, cierre de servicios básicos y temor constante por la disputa de rutas de narcotráfico, minería ilegal y control territorial. La Gobernación y el Ministerio de Defensa han intensificado operativos y recompensas (hasta 200 millones por alias “Primo Gay”), pero la combinación de violencia en el campo y escándalos en las cárceles pone en evidencia las tensiones de la política de paz total. Mientras los datos de masacres nacionales (35 en el primer trimestre de 2026 con 133 víctimas) y el repunte de homicidios en Antioquia generan alarma, el debate judicial sobre los “gestores de paz” y el concierto en Itagüí podría definir el rumbo de la seguridad en el departamento.

Las investigaciones sobre el ataque con drones continúan. La opinión pública y las autoridades observan con preocupación cómo el norte antioqueño se consolida como epicentro de una crisis que ya trasciende los campos y llega hasta las prisiones del país. La pregunta que permanece abierta este 10 de abril es si el Estado logrará romper el ciclo de violencia antes de que el saldo humano y la confianza institucional resulten irreversibles.

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