Más de 130 muertos por el terremoto y fallas institucionales en cadena: la UNGRD y la UNP en la mira

El balance del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 se agrava hora a hora. Según reportes de varios medios y autoridades locales actualizados en la madrugada del martes, la cifra de fallecidos asciende a 132 y los heridos superan los 570 en todo el país. Al menos 32 ciudades se encuentran en alerta roja por graves afectaciones estructurales, colapsos parciales o totales de edificaciones, daños en infraestructura vital y dificultades de acceso. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar (Chocó), pero el impacto más severo se concentra en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y zonas aledañas.
El presidente Abelardo De la Espriella, quien asumió el cargo apenas el 7 de agosto, había confirmado horas antes un balance oficial de 111 muertos. La revisión al alza confirma lo que ya advertían estimaciones del USGS y reportes territoriales: el recuento seguirá creciendo mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate entre escombros. El Gobierno declaró la situación de “desastre nacional”.
En medio de esta emergencia de gran magnitud, persiste un vacío institucional de alto impacto. David Santiago Tamayo Roldán, ingeniero geólogo y magíster en Gestión del Riesgo designado el 21 de julio por De la Espriella como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no aparece confirmado públicamente como posesionado. En fuentes oficiales y portales institucionales sigue figurando como designado o entrante, mientras la entidad opera con dirección encargada. La UNGRD es el organismo encargado de coordinar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y articular la respuesta estatal. Que en las horas más críticas de un sismo que ya deja 132 muertos no exista claridad formal sobre quién encabeza la entidad genera interrogantes legítimos sobre la cadena de mando y la fluidez de la coordinación.
Esa falta de definición no es un hecho aislado. Hoy, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) denunció públicamente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha cumplido dos sentencias judiciales perentorias a favor de protegidos. La entidad argumenta que “el personal ni se ha contratado ni se ha posesionado”. CORPADES calificó la actitud de irrespetuosa e irresponsable y advirtió que esto configura posibles incidentes de desacato. El reclamo se dirige directamente al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien se le recuerda su compromiso de liderar los temas de seguridad y protección. La organización reporta 83 líderes asesinados en lo que va de 2026.
Lara, ministro del Interior del nuevo Gobierno, tiene a su cargo la coordinación política de la seguridad ciudadana y la protección de líderes sociales. Que tanto la UNGRD como la UNP invoquen demoras en posesiones y contrataciones —exactamente el día en que el país enfrenta un desastre natural con 132 muertos, 570 heridos y 32 ciudades en alerta roja— expone un patrón preocupante de la transición de poder: anuncios de perfiles técnicos y compromisos políticos que no se concretan con la celeridad que exigen las emergencias.

Colombia es un territorio de alto riesgo sísmico y de violencia persistente contra líderes sociales. La gestión del riesgo de desastres y la protección de la vida requieren instituciones con mando claro, personal en funciones y cumplimiento estricto de las órdenes judiciales. Cuando las demoras administrativas se convierten en justificación para dilatar respuestas operativas, el costo se mide en vidas humanas y en confianza ciudadana.
El nuevo Gobierno tiene apenas días en el poder y los empalmes suelen ser complejos. Sin embargo, cuando esas demoras coinciden con un terremoto de esta escala y con denuncias de incumplimiento de fallos judiciales en materia de protección, dejan de ser un asunto burocrático y se transforman en un problema de responsabilidad política inmediata. La posesión formal y pública del director de la UNGRD, así como el cumplimiento urgente de las sentencias por parte de la UNP, no son trámites secundarios: son condiciones mínimas para que el Estado responda con seriedad a las crisis simultáneas que enfrenta el país.
Mientras los equipos de rescate continúan trabajando bajo los escombros y las cifras de víctimas se actualizan, la ciudadanía exige claridad institucional. La naturaleza no espera posesiones ni contrataciones. Tampoco la violencia.
