Entre la guerra y el sismo: drones bomba de los grupos armados castigan la ofensiva militar de Abelardo
Hay amenazas a periodistas por parte de estos grupos al margen de la ley, por indagar sobre actuaciones de las administraciones públicas

La nación atraviesa una de sus semanas más trágicas en la historia reciente, atrapada en una tormenta perfecta que combina un recrudecimiento descontrolado de la guerra interna con la devastación humanitaria provocada por la naturaleza. Mientras los organismos de socorro o la ciudadanía sola, aún remueven escombros tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, el país enfrenta una mutación bélica sin precedentes: la consolidación de los drones comerciales adaptados con explosivos como el arma predilecta de las organizaciones ilegales, y la respuesta de “mano dura” del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno ha reactivado los bombardeos aéreos masivos.
El mapa del conflicto actual no muestra una guerra generalizada en las grandes avenidas de las capitales, sino focos de violencia quirúrgica, intensa y simultánea en las periferias del país. En estas zonas rurales, los militares caen copados por la tecnología y la población civil vuelve a poner los muertos y los heridos, quedando atrapada en medio del fuego cruzado y las bombas teledirigidas.
1. El frente del Cauca: El infierno de Ortega y el secuestro de militares
El epicentro de la crudeza bélica de esta semana se localiza en el corregimiento de Ortega, zona rural de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. Las comunidades campesinas de esta región viven bajo confinamiento absoluto desde el pasado domingo 9 de agosto, cuando comandos del frente Jaime Martínez (disidencias de las FARC alineadas con Iván Mordisco) incursionaron para someter a la población y tomar el control del territorio.
La respuesta comunitaria e institucional desencadenó una guerra de tres bandas:
- El Ejército Nacional (a través de la Brigada 29 y la Fuerza Aérea) desplegó operativos de contención.
- Un grupo del Clan del Golfo se reactivó, combatiendo a muerte para evitar el avance guerrillero.
- Las disidencias de las FARC, que superan los 400 combatientes en la zona, recurrieron de manera masiva al lanzamiento de artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas (drones) tanto contra las tropas como contra las viviendas civiles.
Este jueves 13 de agosto fue catalogado por los mandos oficiales como la jornada más violenta del año en la zona. Fuentes militares confirmaron que cuatro soldados terminaron copados y secuestrados por el grupo disidente en medio de los combates. Asimismo, la ofensiva con drones dejó cuatro uniformados heridos, un miembro de las autodefensas campesinas muerto y un poblador civil lesionado por un explosivo lanzado desde un dron el 11 de agosto, quien tuvo que ser evacuado de urgencia hacia un hospital en Popayán. El Ejército denunció formalmente que la guerrilla está usando viviendas y escuelas comunitarias como trincheras para resguardarse y acondicionar sus drones explosivos.
2. El frente del Catatumbo: “Operación Beta” y el regreso de los bombardeos estatales
A cientos de kilómetros de allí, en la frontera con Venezuela, la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) vive su propio calvario. En la noche del lunes 10 de agosto y la madrugada del martes 11, el gobierno de De la Espriella ordenó su primera gran acción de alto impacto: la “Operación Beta”.
La Fuerza Pública ejecutó un fuerte bombardeo aéreo contra campamentos del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en áreas rurales de Tibú y San Calixto. El balance oficial del Ministerio de Defensa arrojó la neutralización de dos presuntos guerrilleros, la destrucción de dos búnkeres y cinco campamentos, y la incautación de 1.5 toneladas de explosivos, que incluían 440 granadas listas para ser ensambladas en drones de ataque.
Sin embargo, como ha ocurrido históricamente en la guerra colombiana, la población civil pagó el precio de la letalidad aérea. La Defensoría del Pueblo y personerías locales denunciaron que el bombardeo fue “desproporcionado” y afectó directamente a pobladores rurales. El ataque dejó tres campesinos civiles heridos (incluyendo una mujer de 44 años) y desató un éxodo forzado de familias hacia el casco urbano del municipio de El Tarra. Aunque el Ministerio de Defensa insistió en que se respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las agencias de derechos humanos encendieron las alarmas por el retorno de operaciones que difuminan las líneas entre combatientes y civiles.
La respuesta del ELN no tardó: el 13 de agosto, la guerrilla ejecutó una ofensiva masiva lanzando 43 drones cargados con explosivos contra una base militar en Convención, Norte de Santander, hiriendo a dos militares y ratificando que el espacio aéreo rural está en disputa.
3. Radiografía de los drones bomba: La “guerra de quinta generación” llegó a los campos
Lo que antes eran juguetes tecnológicos o herramientas de fotografía se han convertido en la pesadilla cotidiana de los soldados y campesinos colombianos. El uso de drones comerciales de bajo costo modificados con sistemas artesanales de liberación de carga útil (comúnmente granadas de fragmentación o explosivos improvisados) ha transformado por completo las dinámicas operacionales.
Organizaciones de monitoreo global como ACLED y Human Rights Watch han documentado que, entre 2023 y mediados de 2026, los grupos armados ilegales (FARC, ELN y el Clan del Golfo) perpetraron más de 460 ataques con drones en Colombia, lo que promedia un bombardeo cada 48 horas. Esta táctica, copiada de los métodos de guerra asimétrica de conflictos internacionales como el de Ucrania, les permite a los criminales atacar guarniciones militares a kilómetros de distancia sin arriesgar a sus combatientes en un choque de infantería directa.
La letalidad de esta herramienta ya muestra cifras alarmantes en otros puntos del país a inicios de agosto de 2026:
- Cesar: En la noche del 7 de agosto, un ataque coordinado con drones contra la subestación policial de San Roque acabó con la vida del subintendente Argemiro Rodelo Canchila.
- Tolima: El pasado 9 de agosto, drones bomba impactaron la alcaldía y la estación de Policía del municipio de Rioblanco, mientras que otro ataque similar dirigido hacia una base militar en Planadas fue interceptado por la Fuerza Pública en el último minuto.
Pese a que la Policía y el Ejército han intentado equipar cerca de 35 estaciones prioritarias con sistemas de inhibición de señal y contracorrientes antidrones (principalmente en el Bajo Cauca antioqueño), las poblaciones pequeñas y los patrullajes móviles de los soldados de infantería siguen estando completamente desprotegidos ante la amenaza que llueve del cielo.
4. Un país que sangra sobre los escombros del terremoto
La tragedia de la guerra se entrecruza de forma macabra con la peor emergencia natural que ha vivido el país en la década. El terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ha dejado un saldo preliminar y oficial de 273 muertos, 377 desaparecidos y miles de heridos. Ciudades del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y barrios enteros de Cali (como el barrio Capri) sufrieron colapsos estructurales masivos.
Ante la magnitud de la catástrofe, algunas facciones de las disidencias de las FARC emitieron comunicados anunciando una supuesta “tregua unilateral” para permitir el paso de ayuda humanitaria. Sin embargo, la realidad territorial desmiente la propaganda armada: en el Cauca, en el Catatumbo y en el Huila, los disparos de fusil, los secuestros de uniformados y los bombardeos estatales no se han detenido un solo segundo. Las comunidades campesinas e indígenas no solo deben buscar agua y comida entre los escombros provocados por el sismo; también deben correr a los sótanos para resguardarse de las granadas que caen de los drones.
Conclusión: El bucle de las estadísticas “positivas” y el dolor real
Como ha sido costumbre en los balances de los sucesivos gobiernos colombianos, la nueva administración presidencial —bajo la doctrina de “mano dura” y la reciente inclusión del país en la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C)— ya proyecta estadísticas para legitimar su estrategia: toneladas de explosivos decomisadas, campamentos bombardeados y líderes neutralizados (como el reciente abatimiento de alias Max Max, temido explosivista de las disidencias, tras combates en Cajibío).
Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras gubernamentales, el panorama real es desolador. El vaticinio para los meses venideros es el de un recrudecimiento del dolor: los soldados seguirán expuestos en primera línea frente a tecnologías comerciales letales, los secuestros de uniformados continuarán como fichas de canje o demostración de poder local, y la población civil continuará sufriendo el confinamiento, las mutilaciones por drones y el fuego desproporcionado de las operaciones de gran escala. Colombia sangra, simultáneamente, por sus fallas geológicas y por sus heridas políticas sin cerrar.
