¿Colombia se adentra a una dictadura?


La posible salida del país de la Corte Penal Internacional reabre el debate sobre impunidad, soberanía y los límites del poder

Foto: RR.SS.

En la mañana del martes 18 de agosto de 2026, el periodista Julio Sánchez Cristo reveló en su programa de Caracol Radio una información que, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en la política exterior y judicial de Colombia. Según fuentes consultadas en La Haya y en círculos diplomáticos, el país se prepara para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y denunciar el Estatuto de Roma. “Dan por segura esta salida”, afirmó el director de 6AM Hoy por Hoy. La noticia llega apenas once días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de un realineamiento de las relaciones con Estados Unidos y de una presión abierta de Washington para que los países de la región se desvinculen del tribunal de La Haya.

La pregunta que inmediatamente surgió en redes, en tertulias políticas y en análisis de derechos humanos no se hizo esperar: ¿Colombia se adentra a una dictadura? La respuesta, como casi todo en política, no es un sí o un no absoluto. Pero el argumento que sostiene esa alarma merece ser examinado con rigor, porque toca el núcleo de lo que significa la rendición de cuentas en un país que lleva décadas intentando cerrar las heridas de un conflicto armado.

El Estatuto de Roma: un “seguro” contra la impunidad

Colombia ratificó el Estatuto de Roma el 5 de agosto de 2002. Desde entonces, aceptó la jurisdicción complementaria de la CPI sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (estos últimos a partir de noviembre de 2009, tras el vencimiento de la cláusula de exclusión temporal que el país invocó). El principio de complementariedad es clave: la Corte solo interviene cuando el Estado no puede o no quiere investigar y juzgar de manera genuina. No sustituye a la justicia colombiana; actúa como última red de seguridad.

Durante casi dos décadas, ese mecanismo sirvió de presión externa. El examen preliminar que la Fiscalía de la CPI mantuvo sobre Colombia desde 2004 hasta 2021 —el más largo de su historia— forzó avances en la investigación de graves violaciones. El cierre del examen en octubre de 2021, bajo el gobierno de Iván Duque, vino acompañado de un acuerdo de cooperación que reconocía los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de otras instituciones. La CPI no abrió una investigación formal, pero dejó claro que podría reconsiderar su decisión ante un “cambio significativo de circunstancias”.

Esa red de seguridad es la que ahora podría desaparecer. Según el artículo 127 del Estatuto, la denuncia produce efectos un año después de la notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. Durante ese lapso, la Corte conserva competencia sobre hechos anteriores y podría, en teoría, abrir investigaciones si considera que el retiro forma parte de un intento de sustraerse a la justicia.

El argumento de la dictadura: cuando desaparece el control externo

Quienes alertan sobre un deslizamiento autoritario parten de una premisa histórica: la impunidad estructural es uno de los rasgos más persistentes de los regímenes autoritarios. Sin un mecanismo externo que pueda intervenir cuando las instituciones nacionales fallan, el poder tiende a protegerse a sí mismo.

En el caso colombiano, la preocupación se centra en varios frentes. Primero, la JEP. Sánchez Cristo lo dijo con crudeza: “¿Sabe quiénes deben estar felices con esta noticia? Los que están esperando condena de la JEP, la cúpula de las Farc, por ejemplo, porque ya no hay un ente ante el cual irse a quejar si la JEP no hace correctamente su trabajo. Lo único que estaba por encima de la JEP era la Corte Penal Internacional”. Sin la CPI, desaparece el último escalón de reclamación internacional para las víctimas que consideren que la justicia transicional se ha debilitado, se ha capturado o se ha convertido en una herramienta de impunidad selectiva.

Segundo, el riesgo de abusos futuros. En un país donde las fuerzas de seguridad, grupos armados residuales y estructuras criminales siguen operando, la ausencia de jurisdicción internacional reduce la disuasión. Crímenes de lesa humanidad —desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ataques sistemáticos contra poblaciones civiles— quedarían exclusivamente en manos de un aparato judicial que, históricamente, ha sido vulnerable a presiones políticas, corrupción y amenazas.

Tercero, el precedente internacional. Países que han denunciado o amenazado con denunciar el Estatuto de Roma —Burundi en 2017, Filipinas bajo Rodrigo Duterte, o más recientemente Venezuela en 2026— lo hicieron en contextos de creciente autoritarismo, de persecución a opositores o de intentos de proteger a altos cargos de investigaciones. Aunque cada caso es distinto, el patrón alimenta la sospecha.

Además, la noticia se produce en un momento de giro político. El nuevo gobierno ha criticado abiertamente la “paz total” del presidente Gustavo Petro y ha anunciado cambios profundos en las instituciones de justicia transicional. Estados Unidos, que nunca ratificó el Estatuto de Roma y que bajo la administración Trump ha intensificado su campaña contra la CPI —incluyendo sanciones a jueces y fiscales—, ha instado a casi veinte países latinoamericanos a abandonar el tribunal. Colombia, recién incorporada a la Coalición de las Américas contra los Cárteles impulsada por Washington, aparece ahora alineada con esa postura.

La contraparte: soberanía y críticas legítimas a la CPI

No todos ven en la posible salida un camino hacia la dictadura. Hay argumentos sólidos del lado de la soberanía. Estados Unidos, China, Rusia, India e Israel nunca se sometieron a la jurisdicción de la CPI. Muchos analistas consideran que el tribunal ha mostrado sesgos: se concentra de manera desproporcionada en África, tarda años en avanzar casos y ha sido acusado de instrumentalización política. En Colombia, sectores críticos de la JEP sostienen que el acuerdo de paz con las FARC generó una impunidad de facto que la CPI, lejos de corregir, terminó avalando al cerrar el examen preliminar.

Desde esta perspectiva, abandonar el Estatuto de Roma no es renunciar a la justicia, sino recuperar la capacidad del Estado para decidir soberanamente cómo investigar y sancionar. “Colombia no ha ganado nada y sí ha perdido con esa vinculación”, escribió recientemente un columnista en un medio nacional, cuestionando la utilidad práctica de la CPI en la reducción de la criminalidad e impunidad internas.

El retiro tampoco es inmediato ni automático. Fuentes diplomáticas consultadas por Caracol Radio advirtieron de un “riesgo”: mientras se tramita la denuncia, la CPI podría abrir una investigación. El limbo jurídico genera incertidumbre. Además, el Congreso y, potencialmente, la Corte Constitucional tendrían un papel que desempeñar, dado que el Estatuto forma parte del bloque de constitucionalidad desde la reforma de 2001 y la Ley 742 de 2002.

Un país entre dos temores

Colombia no es un país cualquiera en esta discusión. Lleva más de medio siglo atravesado por violencia masiva. Las cifras de desaparecidos, masacrados, desplazados y víctimas de violencia sexual son de una magnitud que todavía no ha sido plenamente procesada por la justicia. La CPI nunca juzgó a un colombiano, pero su mera existencia sirvió de presión. Eliminarla no garantiza impunidad, pero sí elimina un contrapeso externo en un momento en que las instituciones internas atraviesan tensiones políticas profundas.

La pregunta “¿Colombia se adentra a una dictadura?” no tiene respuesta definitiva el 18 de agosto de 2026. Una dictadura no se construye solo con un tratado internacional denunciado. Se construye con el control de las fuerzas armadas, el silenciamiento de la oposición, la captura de los medios, la erosión de la independencia judicial y la normalización de la violencia estatal. Sin embargo, la decisión de renunciar voluntariamente a uno de los pocos mecanismos internacionales de rendición de cuentas por los crímenes más graves del derecho internacional no es un gesto menor. Es un mensaje: el poder prefiere no tener testigos externos.

En los próximos meses se sabrá si la información de Sánchez Cristo se confirma, si el gobierno formaliza la denuncia y cómo reaccionan las víctimas, la comunidad internacional y las propias instituciones colombianas. Mientras tanto, el debate ya está instalado. Y en un país donde la memoria de la impunidad sigue viva, la sospecha de que se está quitando un freno no es un capricho ideológico: es una lectura posible —y legítima— de los hechos.

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