Denuncian presunto reclutamiento de menores por el ejército liderado por De la Espriella

En La Gabarra mientras la violencia se recrudece en el Catatumbo: madres se plantan, Defensoría alerta y la ofensiva del presidente de Colombia genera nuevos desplazamientos

Una grave denuncia surgió este martes 18 de agosto desde el corazón del Catatumbo. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, organización social reconocida por su trabajo de años contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, acusó a tropas del Ejército Nacional de haber llegado al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, para adelantar labores de reclutamiento que, según su presidenta Carmen García, habrían incluido a menores de edad.

La dirigente social hizo pública la denuncia a través de declaraciones recogidas por Caracol Radio y de videos difundidos en redes sociales. En ellas, García cuestionó con dureza que, después de años de resistencia frente a los grupos armados ilegales que operan en la región, ahora sean las propias Fuerzas Militares las que, de acuerdo con su señalamiento, intenten incorporar a jóvenes del territorio.

“Nos queremos dirigir a ustedes con mucho respeto y decirles que la lucha que hemos dado las Madres del Catatumbo por la Paz para que los grupos al margen de la ley no recluten a nuestros niños ha sido grande en estos años”, afirmó García. Y añadió con contundencia: “No nos vamos a prestar para que ustedes ahorita vengan a llevarse nuestros niños del Catatumbo, que bastante han sufrido la violencia”.

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La presidenta de la asociación sostuvo que las madres de la región han enfrentado durante años a estructuras armadas ilegales para proteger a sus hijos, asumiendo riesgos personales, amenazas y desplazamiento. “Nos ha tocado a las madres enfrentarnos a los grupos armados para que ahora el Ejército Nacional venga a reclutar nuestros jóvenes en el territorio, para mandarlos a pelear en el mismo territorio donde ya tenemos un confrontamiento de dos guerrillas”, señaló.

El mensaje central de la organización se resume en una frase que se ha convertido en su lema desde su fundación: “No le vamos a permitir al Ejército Nacional que reclute uno de nuestros jóvenes en el territorio, porque nosotras, las Madres del Catatumbo, no parimos hijos e hijas para la guerra”.

Hasta el momento de esta publicación, no se conoce una respuesta oficial pública del Ejército Nacional ni del Ministerio de Defensa sobre los hechos denunciados en La Gabarra. Caracol Radio indicó que consultaría a la Fuerza Pública para establecer qué procedimiento se adelantó, quiénes fueron abordados y si efectivamente hubo intento de incorporación de menores de edad. La clarificación resulta fundamental, pues el reclutamiento de personas menores de 18 años por parte de la fuerza pública está prohibido por la legislación colombiana y por el Derecho Internacional Humanitario.

Combates intensos, drones y el temor de una escalada mayor

La denuncia ocurre en medio de un recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo. La región vive desde enero de 2025 una de las crisis humanitarias más graves de las últimas dos décadas, marcada por la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC (vinculado al Estado Mayor de los Bloques y Frentes). Los enfrentamientos han dejado cientos de muertos, decenas de miles de desplazados y un uso creciente de drones cargados con explosivos, minas antipersonal y artefactos improvisados.

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas reiteradas sobre nuevas afectaciones a la población civil. El 15 de agosto de 2026, la entidad expresó su preocupación por hechos en Sardinata y Tibú: en el sector de Mate Lata (zona rural de Sardinata), seis personas resultaron heridas —tres de gravedad— tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron. En Pachelli (Tibú), un adulto mayor perdió una extremidad por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar (MAP-MUSE). La Defensoría también denunció amenazas y mensajes estigmatizantes en redes sociales contra personeros del Catatumbo, y pidió reforzar su protección.

La entidad ha advertido de manera reiterada que la persistencia de la confrontación y las operaciones militares elevan el riesgo de que la violencia aumente y la situación humanitaria empeore. Desde 2024 y a lo largo de 2025 emitió alertas tempranas sobre el escalamiento del conflicto. En octubre de 2025 publicó la Alerta Temprana 017-25 específica para Tibú, y la Corte Constitucional ordenó al Gobierno rendir cuentas sobre su cumplimiento. La Defensoría ha insistido en que, de no tomarse medidas preventivas y humanitarias oportunas, las comunidades seguirán expuestas a nuevos desplazamientos, confinamientos, heridos y muertes.

Los primeros bombardeos de la era De la Espriella y los desplazamientos iniciales

El 7 de agosto de 2026 asumió la Presidencia Abelardo de la Espriella, quien llegó con una política de “mano dura”, cero negociaciones con grupos armados y la promesa de recuperar la seguridad. Antes de posesionarse, desde Cúcuta, declaró objetivos militares a alias Alfred (Frente de Guerra Nororiental del ELN) y alias Andrey (Frente 33), dándoles un mes para entregarse o enfrentar “todo el peso de la ley”.

Los primeros bombardeos de su gobierno se registraron en la noche del 11 y madrugada del 12 de agosto de 2026 contra campamentos del ELN en zona rural entre Tibú y San Calixto. Según la Fuerza Pública, se destruyeron campamentos, búnkeres y se incautaron grandes cantidades de explosivos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, personeros y líderes locales denunciaron que la operación dejó al menos tres campesinos heridos (incluida una mujer de 44 años), viviendas afectadas y desplazamientos forzados hacia El Tarra y zonas aledañas. El Ministerio de Defensa negó afectaciones a civiles y sugirió un posible montaje del ELN.

Estos hechos constituyen los primeros desplazamientos masivos documentados bajo el gobierno de De la Espriella en el Catatumbo. Comunidades enteras huyeron por temor a quedar atrapadas entre el fuego de la ofensiva estatal y las respuestas de los grupos ilegales. El miedo se ha apoderado de la población civil: muchas familias no se atreven a trabajar en sus parcelas, los niños dejan de asistir a la escuela y los líderes sociales reportan un clima de zozobra permanente.

Los grupos armados no han tardado en responder. El ELN ha intensificado el uso de drones explosivos contra instalaciones militares. En Convención y Ábrego se registraron ataques con decenas de aeronaves no tripuladas que dejaron un soldado muerto y varios heridos. En un video difundido, combatientes del ELN desafiaron al nuevo presidente, conocido como “El Tigre”, con mensajes de confrontación directa.

Operaciones en otras zonas del país y el panorama nacional

La ofensiva no se limita al Catatumbo. En las primeras semanas del gobierno de De la Espriella se han reportado operaciones en Cauca y Meta contra estructuras de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, con capturas y abatimientos de cabecillas. En el Guaviare y otras regiones de la Amazonia continúan las disputas entre facciones disidentes. El Clan del Golfo y el ELN se enfrentan en el sur de Bolívar y Chocó. Según estimaciones, hay más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos ocho focos de violencia activos.

En este contexto, el miedo de los civiles es transversal. En el Catatumbo, las Madres del Catatumbo por la Paz han reiterado que los jóvenes de la región “bastante han sufrido la violencia” y rechazan cualquier forma de vinculación, sea por grupos ilegales o por la fuerza pública. La asociación, fundada hacia 2019 por Carmen García, ha rescatado o protegido a cientos de menores a lo largo de los años y mantiene su lema como bandera de resistencia.

Interrogantes abiertos y llamado a la protección

La denuncia de presunto reclutamiento de menores en La Gabarra se suma a un escenario de alta tensión. ¿Se trató de un operativo de reclutamiento ordinario para el servicio militar? ¿Hubo verificación de edades? ¿Qué protocolos se aplicaron en una zona de alerta humanitaria? Mientras se espera la versión oficial, la Defensoría insiste en que cualquier operación militar debe respetar los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad para evitar daños a la población civil.

El Catatumbo sigue siendo el escenario de una disputa que trasciende lo militar. Se trata de una lucha por el control territorial, las rentas del narcotráfico y, en el fondo, por el futuro de una generación atrapada entre el fuego cruzado. Las madres del Catatumbo, la Defensoría y las comunidades locales coinciden en un llamado urgente: proteger a la población civil, especialmente a los niños y jóvenes, antes de que la violencia se agrave aún más, tal como ha advertido reiteradamente la Defensoría del Pueblo.

En una región donde la guerra ha arrebatado la infancia a generaciones enteras, la voz de las madres se alza una vez más: “No parimos hijos e hijas para la guerra”.

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