¿EE.UU. usará el oro de Venezuela para ayudar a Israel en la guerra con Irán?

En un nuevo capítulo de la larga y humillante saga de la dependencia venezolana, la totalidad de las 31 toneladas de oro de la República Bolivariana depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra —valoradas en alrededor de 4.000 millones de dólares— serán canalizadas a través de cuentas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Así lo informó el periódico El Nacional, citando al diputado Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que negocia con el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El argumento oficial es edificante: los recursos se destinarán a la reconstrucción tras el doblete sísmico de junio, a viviendas, centros de salud y escuelas en las zonas afectadas, con “mecanismos de control”, “planificación necesaria” y auditorías permanentes a cargo de empresas internacionales. López insiste en que no se trata de un canje por reformas institucionales. Sin embargo, el destino final de los fondos no será el Banco Central de Venezuela ni ninguna institución soberana bajo control venezolano pleno, sino cuentas bajo la supervisión directa de Washington.
Esta operación no es un acto de generosidad ni de solidaridad internacional. Es la confirmación de que la “nueva presidenta” —surgida tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026— ha aceptado, con una docilidad que muchos califican de genuflexión, que los activos más simbólicos de la nación pasen por el filtro del Tesoro estadounidense. El oro, que durante años permaneció congelado por decisiones políticas de Londres alineadas con Washington, ahora se libera… pero solo para ser administrado bajo la tutela del mismo poder que durante más de una década asfixió a Venezuela con sanciones, reconocimiento selectivo de autoridades y presiones económicas.
El mensaje es inequívoco: la soberanía sobre los recursos naturales y financieros del país se diluye. No basta con que el oro pertenezca nominalmente a Venezuela; su uso efectivo queda sujeto a la aprobación y fiscalización de los Estados Unidos. Es el mismo patrón que ya se observa en el manejo de ciertos ingresos petroleros, ahora extendido al metal precioso que representa una porción significativa de las reservas exteriores venezolanas. La “transparencia” y las auditorías internacionales se presentan como garantías, pero en la práctica consolidan un protectorat financiero de facto.
Y no se trata solo de Estados Unidos. En el contexto regional y global, la alineación de la actual administración venezolana con los intereses de Washington arrastra también la sombra de Israel, potencia a la que muchos ven como aliada estratégica prioritaria de la Casa Blanca. La cesión de control sobre recursos estratégicos no ocurre en el vacío: forma parte de un reordenamiento geopolítico en el que Caracas aparece cada vez más como un actor subordinado, dispuesto a entregar piezas clave de su patrimonio a cambio de un alivio temporal y de la promesa de normalización.
Los defensores del acuerdo argumentarán que sin esta vía los 4.000 millones permanecerían bloqueados indefinidamente y que las víctimas de los terremotos necesitan ayuda inmediata. Es un argumento de realismo crudo, pero también de renuncia. Una nación soberana no debería tener que pedir permiso a una potencia extranjera para disponer de su propio oro, ni aceptar que ese oro transite por las cuentas del Tesoro de esa potencia antes de llegar a su pueblo. La pérdida no es solo financiera; es simbólica y política. Cada lingote que pasa por Washington es una demostración de que la independencia formal de Venezuela ha quedado reducida a un formalismo.
Mientras tanto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y los sectores de la oposición que suscriben este esquema se presentan como pragmatistas que priorizan la reconstrucción. Pero para amplios sectores de la opinión pública crítica, el espectáculo es otro: el de una clase política que, tras años de confrontación, ha terminado arrodillándose ante el mismo poder que durante tanto tiempo trató a Venezuela como un problema a contener o a disciplinar. El oro de la República, custodiado en Londres, no regresa a manos venezolanas plenamente autónomas. Se desvía hacia las arcas estadounidenses bajo condiciones impuestas.
La historia de las reservas de oro venezolanas en el exterior ya era un drama de litigios, reconocimientos diplomáticos contradictorios y sanciones. Ahora se convierte en una lección amarga sobre los límites reales de la soberanía cuando un país, debilitado por crisis internas y presiones externas, acepta que sus recursos más preciados sean administrados desde fuera. Cuatro mil millones de dólares pueden reconstruir viviendas y escuelas. También pueden consolidar un precedente: que el destino de la riqueza nacional se decida, en última instancia, en Washington.
