De la Espriella y su gabinete contra la “ideología de género” y a favor de la censura

Las primeras dos semanas de un gobierno que prometió acabar con el “adoctrinamiento” para imponer el suyo

Foto: RR.SS.

Abelardo de la Espriella apenas lleva dos semanas en el poder y ya ha dejado claro que su gobierno no vino a administrar: vino a reordenar el país según una visión particular de lo que es “normal”, “moral” y “colombiano”. En ese reordenamiento caben el cierre de información pública, el silencio de emisoras comunitarias nacidas del Acuerdo de Paz, el rezo colectivo antes de decidir el destino de la nación, la invocación de Dios como responsable del terremoto y una ofensiva cultural que pretende borrar la palabra “niña” del lenguaje oficial y expulsar de las aulas todo lo que algunos llaman, con tono de alarma, “ideología de género”.

Antes de entrar en el detalle de los hechos, conviene detenerse en dos términos que el nuevo gobierno maneja con soltura y que merecen una explicación sin eufemismos.

La llamada “ideología de género” no es una ideología en el sentido clásico. No es un manifiesto, ni un partido, ni una doctrina secreta que se enseña en las sombras. Es, en la práctica, el nombre peyorativo que sectores conservadores dan a la idea elemental de que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, las personas LGBTIQ+ y quienes no se ajustan a los moldes tradicionales tienen los mismos derechos. Derechos a no ser discriminados, a recibir educación sexual con base científica, a que el Estado no les diga cómo deben vivir su cuerpo o su afecto. En otras palabras: es igualdad. Punto. No existe tal cosa como una “ideología de género” conspirativa; existe el reconocimiento de que todos merecemos los mismos derechos seamos lo que seamos. Quienes la combaten no están combatiendo una ideología: están combatiendo la igualdad. Y lo hacen, paradójicamente, en nombre de “proteger a los niños” mientras les quitan herramientas para entender su propio mundo.

El otro término es “adoctrinamiento”. El gobierno de De la Espriella dice haber llegado para alejar a la gente del adoctrinamiento. Suena noble. Hasta que uno observa que el mismo gobierno empieza sus reuniones ministeriales con oraciones, entrega biblias a los funcionarios, invoca a Dios como autor del terremoto que mató a cientos de colombianos y anuncia que va a “erradicar” de las escuelas cualquier enfoque que no coincida con su visión moral. Eso no es combatir el adoctrinamiento: es cambiar de adoctrinador. Antes, según ellos, era “woke”; ahora es el rezo oficial y el retorno al lenguaje masculino genérico de mediados del siglo XX. La ironía es tan gruesa que casi no necesita subrayado.

La censura que no se llama censura

Empecemos por lo más grave en términos de democracia: el acceso a la información. Tras el terremoto del 10 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) restringió el acceso a su plataforma de evaluación situacional en tiempo real. El Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) lo calificó de “primer acto de censura” del gobierno De la Espriella. La herramienta se cerró apenas 42 minutos después de que el periodista Ronny Suárez Celemín la diera a conocer. No había disposición legal que justificara la reserva. La Constitución dice explícitamente “no habrá censura”. Pero, al parecer, cuando los datos incomodan o simplemente se vuelven públicos sin el filtro oficial, la Constitución se vuelve flexible.

Pocos días después llegó el golpe a las 20 Emisoras de Paz y a las emisoras descentralizadas de Radio Nacional. Por orden de Inravisión —enviada por WhatsApp el 17 de agosto—, se suspendió la programación informativa, de opinión y comunitaria. Las emisoras pasaron a emitir música centralizada desde Bogotá. Más de 463.000 personas en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de ellas en territorios todavía marcados por el conflicto, perdieron de golpe su principal o única fuente de información local. Estas emisoras no son un invento de ningún gobierno de izquierda: nacieron del punto 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, tienen rango constitucional y funcionaron incluso bajo el gobierno de Iván Duque. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la MOE y AMARC rechazaron la medida. El gobierno responde que está acabando con el “aparato de propaganda”. Curiosa forma de acabar con la propaganda: silenciar las voces de los territorios y centralizar el mensaje desde la capital. Si eso no es adoctrinamiento por omisión, se le parece mucho.

Dios en el Consejo de Ministros y Dios en el terremoto

Mientras se restringe la información, se expande la fe oficial. Antes de posesionarse, De la Espriella reunió a su futuro gabinete en un retiro espiritual con misa, oraciones arrodilladas y entrega de biblias. “Hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró. Después del terremoto, en alocuciones públicas, encomendó el país a Jesucristo y afirmó que Dios, “en su sabiduría”, decidió enviar la tragedia “justo el día en que comenzó mi mandato”. Es decir: el sismo no fue un fenómeno tectónico previsible en una zona de fallas; fue una prueba divina personalizada para el nuevo presidente. Esta lectura teológica de una catástrofe natural no solo es científicamente absurda: es políticamente peligrosa. Convierte el sufrimiento de cientos de muertos y miles de damnificados en material de narrativa mesiánica.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, lo dijo con claridad en una entrevista con Marta Ruiz para Cambio. Respetó la conversión religiosa de De la Espriella e incluso la consideró genuina. Pero advirtió: “La utilización de Dios en la política es lo más peligroso”. Y fue más lejos: le pidió al presidente que no use las imágenes religiosas ni el grito de “Cristo Rey” para entusiasmar “una especie de guerra religiosa”. De Roux, que dedicó años a escuchar a las víctimas del conflicto, sabe de sobra lo que ocurre cuando se mezcla el poder temporal con el lenguaje de la divinidad. La historia de Colombia —y la de España con Franco, que el propio de Roux recordó— está llena de ejemplos. El gobierno, sin embargo, parece decidido a ignorar la advertencia.

La “revolución cultural” que borra a las niñas

En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la nueva directora, María Carolina Restrepo, impulsó lineamientos de “lenguaje institucional claro e incluyente”. Según denuncias y el propio comunicado de la entidad, se prioriza el término “niñez” y se prescinde de la palabra “niña” en favor de “niños y adolescentes” o el masculino genérico. Una “revolución” que, en la práctica, devuelve el lenguaje oficial a mediados del siglo XX, cuando las niñas eran gramaticalmente invisibles. La directora se ha defendido diciendo que las niñas seguirán protegidas. Pero el gesto es elocuente: en el organismo encargado de proteger a la infancia se decide que nombrar a las niñas es prescindible. No es un detalle semántico. Es una declaración de principios sobre quién cuenta y quién no.

La cruzada educativa contra la igualdad

La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció que empezará a erradicar la “ideología de género” de las instituciones educativas. Denunció una “campaña woke” que busca “apoderarse de la educación sexual de los niños”. Prometió revisar materiales escolares para que “no se adoctrine” a los estudiantes y se respete el rol de los padres. El anuncio reabrió el debate de fondo: ¿qué contenidos deben abordarse en los colegios y cuál es el papel del Estado?

Aquí regresa la ironía central. El gobierno dice combatir el adoctrinamiento, pero lo que realmente combate es cualquier enfoque que reconozca la diversidad y la igualdad. La educación sexual integral con perspectiva de género no es una conspiración: es una herramienta para prevenir violencias, embarazos no deseados, discriminación y abusos. Eliminarla o vaciarla de contenido en nombre de una moral particular es, precisamente, una forma de adoctrinamiento. Solo que esta vez el adoctrinamiento viene con biblia y con el sello oficial del Estado.

Un patrón, no una coincidencia

En apenas quince días se dibuja un patrón nítido. Se restringe la información pública cuando incomoda. Se silencia la radio comunitaria nacida de un acuerdo de paz. Se introduce la religión en el ejercicio del poder de manera ostentosa y se atribuyen a Dios las catástrofes naturales. Se borra la palabra “niña” del lenguaje oficial. Se anuncia la cacería de la “ideología de género” —es decir, de la igualdad— en las aulas. Y todo se presenta como una cruzada contra el adoctrinamiento anterior.

La contradicción es tan evidente que duele. Un gobierno que reza antes de decidir, que invoca a Dios para explicar un terremoto y que pretende imponer su visión moral en el lenguaje y en la educación no está liberando a nadie de ideologías: está instalando la suya. Y lo hace mientras limita el acceso a la información y silencia las voces de los territorios que más necesitan ser escuchados.

Francisco de Roux lo advirtió: utilizar a Dios en la política es lo más peligroso. Las organizaciones de prensa lo están documentando: las restricciones a la información ya empezaron. Las niñas están siendo gramaticalmente eliminadas del discurso oficial. Y la igualdad se disfraza de “ideología” para poder combatirla con mayor comodidad.

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