Comunidad de Liberia, Anorí, realiza paro por sede educativa inconclusa; niños estudian en iglesias y espacios improvisados

Foto: RR.SS.

La comunidad del corregimiento de Liberia, en el municipio de Anorí (nordeste de Antioquia), adelantó un paro para exigir la culminación de la sede educativa cuya construcción quedó a medias. Mientras tanto, los niños y niñas de la zona reciben clases en iglesias, en la caseta comunal y en otros espacios improvisados.

Según denuncias difundidas por organizaciones sociales y cuentas locales, la obra que debía mejorar las condiciones educativas del corregimiento no se ha terminado, lo que obliga a las familias a buscar alternativas temporales para que los menores no interrumpan su proceso de aprendizaje.

El llamado de la comunidad se centra en que las autoridades competentes (municipales, departamentales y nacionales) retomen y finalicen el proyecto de infraestructura escolar, que había sido socializado años atrás como una solución esperada para el territorio.

Esta situación se suma a las dificultades históricas de acceso a la educación en zonas rurales de Anorí, municipio que ha enfrentado retos de orden público y limitaciones en infraestructura educativa.

Hasta el momento, el reclamo se ha difundido principalmente a través de redes sociales y cuentas de organizaciones como CORPADES y FECODE, que compartieron videos de la protesta comunitaria. No se ha registrado aún una respuesta oficial detallada por parte de la Alcaldía de Anorí ni de la Secretaría de Educación de Antioquia sobre el estado exacto de la obra ni sobre un cronograma de reactivación.

La comunidad insiste en que los niños y niñas tienen derecho a estudiar en condiciones dignas y seguras, y pide celeridad en la terminación de la sede educativa.

Más allá de las marchas, el sistema educativo nacional y departamental entra en una fase de reconfiguración bajo la administración de Abelardo de la Espriella. Con la sintonía ideológica entre la Casa de Nariño y la Gobernación de Antioquia, los recurrentes choques institucionales y los cruces de acusaciones que marcaron la era Petro han quedado atrás. En este nuevo panorama de afinidad política, el gobierno departamental pierde el margen de maniobra que le otorgaba confrontar al Ejecutivo central, quedando directamente bajo la lupa ciudadana para responder por los pasivos históricos en infraestructura, el abandono escolar en las regiones y las garantías presupuestales de planteles insignes como la Universidad de Antioquia.

Sin embargo, la alineación entre la Gobernación y la Presidencia no disipa los nubarrones financieros que pesan sobre la educación pública del país. Diversos sectores académicos y sindicales, incluyendo a FECODE, mantienen un estado de alerta ante una posible contracción de la inversión estatal en las universidades e instituciones públicas, bajo el temor de que las prioridades del nuevo gobierno de corte conservador profundicen los recortes o restrinjan los recursos operativos. A esto se suma el creciente recelo de veedurías ciudadanas y colectivos laicos, que advierten sobre el riesgo de una mayor permeabilidad de doctrinas religiosas —particularmente del cristianismo— en los lineamientos curriculares y espacios estatales, desafiando el principio constitucional de un Estado laico y pluralista.

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