Regresó la fumigación de cultivos de coca con un veneno “nuevo” para los colombianos

Colombia vuelve a mirar al cielo en busca de una solución fácil a la coca. El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de dar luz verde a un plan piloto de fumigación aérea con aeronaves tripuladas. No será con glifosato, el herbicida proscrito desde 2015, sino con glufosinato de amonio 200 SL. El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó una fase “experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable” de máximo siete días y 1.000 hectáreas. Los medios hablan de Putumayo como posible escenario.
La periodista Paola Herrera lo resumió con claridad: es un veneno igual o peor. Indepaz advierte que produce intoxicación grave en quienes se exponen, afecta seriamente la fauna y la flora, y resulta una “falsa solución”: actúa más rápido, pero el rebrote es mayor y exige más fumigaciones.
El cambio de nombre no cambia la lógica
El Ejecutivo presenta el glufosinato como herbicida de “última generación” o incluso “bioherbicida”. La realidad química es otra. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como Clase II (moderadamente peligroso), mientras el glifosato está en Clase III (ligeramente peligroso). Es decir, según la escala de peligrosidad aguda de la OMS, el “nuevo” es más peligroso que el “viejo”.
Su mecanismo de acción es la inhibición de la glutamina sintetasa. Esto genera acumulación de amoníaco (hiperamonemia). En casos de intoxicación humana se reportan convulsiones, pérdida de memoria, coma, insuficiencia respiratoria y riesgos sobre el desarrollo fetal y la fertilidad. No es especulación de activistas: son datos toxicológicos conocidos y citados por Indepaz y por la literatura médica.
Ambientalmente, es un herbicida de contacto no selectivo. Quema lo que toca. En topografías montañosas, con vientos, deriva y ecosistemas frágiles —exactamente las zonas cocaleras—, la promesa de “precisión” se vuelve retórica. Estudios independientes advierten impactos en plantas no objetivo, invertebrados, mamíferos y ecosistemas acuáticos. Indepaz subraya que la evidencia disponible proviene de usos agrícolas convencionales y no es extrapolable sin más a operaciones de erradicación en zonas de conflicto, con población civil y biodiversidad sensible.
La historia se repite, solo cambia el empaque
Entre 1994 y 2015 Colombia fumigó cientos de miles de hectáreas con glifosato. Los resultados fueron modestos en reducción sostenida de cultivos y elevados en costos sociales, ambientales y de legitimidad estatal. La suspensión de 2015 no fue capricho: respondió a alertas de la IARC (posible carcinógeno), a fallos de la Corte Constitucional y al ambiente del proceso de paz. La Corte nunca prohibió de raíz la aspersión; exigió condiciones estrictas de salud, ambiente y consulta previa. El nuevo gobierno deroga la resolución de 2015 y abre la puerta, pero elige un químico que, según la propia OMS, es más peligroso en toxicidad aguda.
El piloto se vende como “evaluable” y con exclusiones (no resguardos indígenas ni comunidades afro sin consulta, no áreas protegidas, no centros poblados). En el papel suena cuidadoso. En la práctica, la historia de la aspersión aérea en Colombia está llena de promesas de control de deriva que terminaron en cultivos de pancoger afectados, denuncias de comunidades y cuestionamientos técnicos. Siete días y mil hectáreas no cambian esa trayectoria; apenas la reinician.
Falsa solución frente a un problema estructural
Colombia registró alrededor de 261.000 hectáreas de coca al cierre de 2024. La erradicación manual forzosa se desplomó. El Gobierno responde con la herramienta más visible y más simbólica: el avión. Pero la evidencia acumulada muestra que la aspersión química reduce temporalmente la cobertura visible y estimula la dispersión, el desplazamiento de cultivos hacia zonas más remotas o protegidas, y la reposición rápida. El propio Indepaz y otros analistas han señalado que el rebrote con glufosinato puede ser superior, lo que convierte la “solución” en un círculo de más aspersiones.
Mientras tanto, las causas profundas —pobreza rural, ausencia de Estado, control territorial de grupos armados, demanda internacional de cocaína— permanecen intactas. La fumigación aérea nunca las resolvió. Tampoco lo hará un herbicida con otro nombre.
El plan piloto no es un experimento científico neutral. Es el primer paso político de un gobierno que llegó prometiendo mano dura y que necesita mostrar resultados rápidos ante cifras récord y presión externa. El costo lo pagarán, una vez más, los territorios más vulnerables, la biodiversidad y las comunidades que ya han vivido décadas de promesas incumplidas y químicos caídos del cielo.
Llamar “piloto evaluable” a la reintroducción de un agrotóxico de mayor peligrosidad aguda no es prudencia. Es maquillaje. Y en Colombia, el maquillaje de las políticas antidrogas siempre ha olido a lo mismo: a fracaso anunciado y a daño colateral que nadie asume.
