Dos muertes bajo el manto de la “seguridad”: el gobierno de Abelardo de la Espriella y el regreso del fantasma de los falsos positivos

Foto: RR.SS.

En menos de una semana, dos jóvenes colombianos perdieron la vida en procedimientos policiales. Uno, de 18 años, abatido en un operativo “contra el narcotráfico” en la Sierra Nevada. El otro, padre de familia y trabajador, falleció bajo custodia tras ser reducido con golpes y descargas eléctricas. Las familias gritan inocencia. El gobierno y la Policía responden con versiones oficiales, separaciones temporales y promesas de investigación. El país, una vez más, asiste al espectáculo de la fuerza pública que mata primero y explica después.

Ricardo Andrés Rodríguez Martínez: el “hijo de Pinocho” que su familia no reconoce

El lunes 21 de septiembre de 2026, en la vereda Quebrada del Sol (corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta), la Policía Nacional —con apoyo de Comandos Jungla, Aviación Policial y la Fuerza Aérea— ejecutó un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Resultado oficial: siete muertos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla, y tres capturados. El presidente Abelardo de la Espriella celebró el golpe y habló de “narcoterroristas”.

Entre los abatidos figuraba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años. Las primeras versiones oficiales y mediáticas lo presentaron como hijo de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe de las ACSN, y como integrante de la estructura criminal. Su familia estalló de indignación.

Los allegados llegaron a Medicina Legal en Barranquilla y rechazaron de forma rotunda esa narrativa. Aseguran que Ricardo trabajaba en una finca, cuidaba ganado y realizaba labores del campo. Niegan cualquier vínculo con grupos armados y, sobre todo, niegan que fuera hijo de “Pinocho”. “Abelardo voy a denunciarte”, gritaron en videos que circularon ampliamente. Exigen a la Fiscalía una investigación independiente que esclarezca las circunstancias reales de su muerte y no las que el gobierno necesita para maquillar el operativo.

La pregunta es obvia y brutal: ¿cuántas veces más se va a repetir el libreto de “neutralizado en combate” cuando la víctima resulta ser un campesino sin prontuario? La historia reciente de Colombia está llena de “falsos positivos” en los que jóvenes pobres terminaban convertidos en “guerrilleros” o “paramilitares” para inflar estadísticas. Hoy, bajo un gobierno que presume de mano dura, el patrón parece resurgir con nuevos disfraces.

Donovan Balanta: muerto bajo custodia, con taser y golpes

Mientras el gobierno celebraba el “éxito” en la Sierra Nevada, en el sur de Bogotá se consumaba otra tragedia. El domingo 20 de septiembre, en el sector de Caracolí (límites entre Ciudad Bolívar y Soacha), Donovan Balanta Paz —32 o 34 años según las fuentes, padre de dos hijos, trabajador de una farmacéutica y estudiante de criminalística— fue detenido durante una intervención policial por una riña.

Según testigos y familiares, Donovan no participaba activamente en la pelea. Lanzó una botella desde cierta distancia y, al ver que los uniformados se dirigían hacia él, corrió. Fue perseguido, reducido por una decena o más de policías, esposado y, según denuncias consistentes, golpeado y sometido a múltiples descargas de taser en la espalda y el pecho mientras ya estaba inmovilizado en el suelo. Algunos vecinos hablan de insultos racistas.

Fue trasladado a la estación de Cazucá. Allí, según la familia, se quejó de dolor en el pecho y pidió ayuda médica que no llegó a tiempo. La Policía sostiene que sufrió una “afectación repentina de salud”, que activó protocolos y que llegó con vida al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde falleció. Los allegados afirman que ingresó sin signos vitales. Siete uniformados fueron separados del cargo y se abrió indagación disciplinaria. Medicina Legal aún no entrega la causa oficial de muerte.

El presidente Petro y otras voces de oposición calificaron el hecho como asesinato y denunciaron “soberbia violenta”. El gobierno de De la Espriella, por su parte, se limita a dejar que la Policía se investigue a sí misma.

La misma lógica de siempre

Dos casos, un mismo patrón: uso desproporcionado de la fuerza, versiones oficiales que criminalizan a la víctima o minimizan la responsabilidad institucional, y una respuesta administrativa que se agota en “separaciones temporales” y promesas de investigación. En un país con décadas de abusos policiales y militares documentados, estas muertes no son accidentes aislados. Son el resultado previsible de una política de seguridad que prioriza el espectáculo de los “dados de baja” y el control territorial por encima de la vida de los ciudadanos —especialmente de los jóvenes, los afrodescendientes y los habitantes de zonas marginales o rurales.

El gobierno de Abelardo de la Espriella llegó prometiendo orden y mano dura. Lo que está entregando, en sus primeros meses, es el mismo cóctel tóxico de siempre: operativos mediáticos, cuerpos sin explicación convincente y familias destrozadas que tienen que pelear contra la maquinaria del Estado para que sus muertos no sean convertidos en delincuentes póstumos.

La Fiscalía tiene la palabra. Pero la historia enseña que, cuando la fuerza pública mata y el poder político celebra o calla, la justicia suele llegar tarde… o nunca. Mientras tanto, dos familias colombianas lloran a sus muertos y se preguntan, una vez más, de qué lado está realmente el Estado.

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