La resurrección sospechosa de Apes Inc.: cómo el entorno de Bukele mantiene vivo el mayor escándalo de lavado que lo salpica

En abril de 2024, alguien pagó 25 dólares de multa en Panamá. Con ese gesto burocrático y casi ridículo, la sociedad Apes Inc. —una de las piezas clave del mayor escándalo de desvío y lavado de fondos venezolanos en la historia reciente de El Salvador— volvió a la vida legal. La firma, que había permanecido suspendida durante años tras el estallido del caso Alba Petróleos, recuperó su capacidad de operar y disponer de activos. No hay nombre del pagador en la factura. Solo el hecho: la empresa que canalizó más de 165 millones de dólares entre 2009 y 2014, de los cuales al menos 101,8 millones quedaron como “cuentas por cobrar” nunca recuperadas, sigue existiendo. Y su director principal durante años fue Erick Geovanni Vega, médico íntimo de Nayib Bukele, padrino de uno de sus hijos según medios locales y hombre de confianza que viajaba con pasaporte diplomático antes de que el actual presidente tomara el poder.
El dato, revelado por investigaciones periodísticas, no es un detalle menor. Es el síntoma de un patrón: mientras el régimen de Bukele presume de “guerra contra las pandillas” y de haber convertido a El Salvador en el país más seguro de la región, las estructuras financieras opacas vinculadas a su pasado y a su círculo íntimo no solo no se desmantelan, sino que se reactivan discretamente.
El origen del dinero que financió el ascenso
Alba Petróleos de El Salvador nació en 2006 como el vehículo del programa de subsidios petroleros de Hugo Chávez para Centroamérica. El 60% de sus acciones pertenecía a PDV Caribe, filial de PDVSA. En la práctica, se transformó en una piñata. Auditorías de la Fiscalía salvadoreña calcularon transacciones por más de 3.200 millones de dólares —equivalente a la mitad del presupuesto nacional de 2019— desviados a través de un entramado de subsidiarias, incluyendo Apes Inc. en Panamá. Los fondos no llegaron a los beneficiarios anunciados. Se diluyeron en créditos, “inversiones” y transferencias a personas y empresas cercanas al poder.
Uno de esos beneficiarios fue el propio Bukele. En 2013, siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán y todavía figura emergente del FMLN, recibió 1,9 millones de dólares a su nombre de Inverval, subsidiaria de Alba Petróleos. Otras empresas de su familia —Starlight y Obermet— recibieron 1,4 millones adicionales. En total, alrededor de 3,3 millones de dólares de origen venezolano llegaron a cuentas vinculadas al actual presidente y su grupo familiar. Bukele nunca negó haber recibido el dinero. Su respuesta, célebre por su cinismo, fue: “¿Qué empresa no recibió dinero de ellos?”. No devolvió los fondos. Parte de ese capital sirvió para consolidar el canal TVX, herramienta mediática que impulsó su carrera política.
Erick Vega, el hombre al que Apes Inc. otorgó en 2016 un poder omnímodo —celebrar cualquier contrato, abrir cuentas, vender activos, demandar, contratar y despedir—, era entonces el nexo perfecto entre el viejo poder de izquierda y el nuevo proyecto bukelista. Durante una década fue secretario personal de José Luis Merino, el excomandante del FMLN señalado por inteligencia estadounidense como facilitador de armas para las FARC y lavador de dinero de “clase mundial”. Merino fue incluido en 2021 en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. Vega, según informes de consultoras ligadas a agencias de seguridad de Estados Unidos, viajaba a reuniones con funcionarios de Maduro, líderes de las FARC y empresarios rusos. Hoy se mueve en las sombras del poder bukelista.
La investigación que se congeló
En mayo de 2019, un día antes de que Bukele asumiera la presidencia, la Fiscalía de Raúl Melara allanó oficinas de Alba Petróleos y de más de 20 empresas ligadas al conglomerado por sospechas de lavado. La investigación avanzaba con apoyo de la embajada de Estados Unidos. Tres meses después, en septiembre, la junta de Apes Inc. revocó el poder de Vega. Casi al mismo tiempo, alguien solicitó al Registro Público de Panamá un certificado de ese mismo poder con la instrucción en mayúsculas: “IMPORTANTE QUE DIGA QUE ESTA VIGENTE”.
Luego llegó el cambio de fiscal. Melara fue destituido. En su lugar, la Asamblea controlada por Nuevas Ideas nombró a Rodolfo Delgado, un hombre de confianza de Bukele que previamente había trabajado como abogado para Alba Petróleos y que, según investigaciones periodísticas, había omitido indicios clave en otros casos de lavado de alto perfil, como el de “Chepe Diablo”. Desde entonces, el expediente de Alba Petróleos permanece congelado. Exinvestigadores fiscales han declarado bajo anonimato que “ni una sola hoja de papel se ha movido” en el caso desde la llegada de Delgado. El resultado no le conviene ni al fiscal ni al presidente.
Mientras tanto, otras empresas confiscadas a acusados de narcolavado —como las ligadas a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”— han seguido obteniendo contratos millonarios con el Estado bajo la administración de Bukele. Al menos cinco de ellas generaron decenas de millones de dólares en negocios públicos durante su primer mandato, especialmente durante la pandemia.
El método: control total y opacidad selectiva
Bukele ha construido un sistema en el que la Fiscalía, la Corte Suprema, la Asamblea y buena parte de los medios oficiales funcionan como extensiones del poder ejecutivo. Las investigaciones que apuntan hacia arriba se paralizan. Las que apuntan hacia abajo o hacia opositores se aceleran. Periodistas independientes que han documentado estos nexos han enfrentado auditorías fiscales, acusaciones infundadas de lavado, bloqueos de cuentas y hostigamiento. El propio El Faro tuvo que trasladar su estructura legal a Costa Rica.
La reactivación de Apes Inc. en 2024 no es un acto aislado ni un error administrativo. Es la confirmación de que las estructuras financieras que financiaron el ascenso de Bukele desde la izquierda chavista hasta el populismo autoritario de derecha no se desmantelaron: se pusieron en pausa. Y cuando convino, se reactivaron.
El presidente se presenta como el hombre que salvó a El Salvador de las pandillas. Los números de homicidios han bajado de forma dramática, es cierto. Pero el costo ha sido la destrucción sistemática de los contrapesos institucionales y la protección de las redes de corrupción que lo ayudaron a llegar al poder. Mientras Apes Inc. vuelve a existir en el registro panameño y el caso Alba Petróleos permanece en el congelador de la Fiscalía, la pregunta no es solo de dónde salió el dinero que impulsó a Bukele. Es quién protege hoy las vías por las que ese dinero —y posiblemente mucho más— sigue circulando.
En El Salvador de Bukele, la seguridad de las calles se paga con la opacidad de las cuentas. Y las empresas que debían haber muerto de vergüenza siguen respirando.
