Colombia sin comida sin agua y sin ayudas tras el sismo, bajo un gobierno que prioriza la minería sobre la vida
La Embajada de Estados Unidos ha actualizado sus alertas sobre la nación. Así, el gobierno estadounidense, que colabora en misiones de las fuerzas de seguridad del país sudamericano, insta a no visitar Norte de Santander y a reconsiderar cualquier viaje al país ante la amenaza de grupos armados

Casi dos meses después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el país enfrenta una triple amenaza que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella parece empeñado en agravar en lugar de resolver. Miles de familias damnificadas siguen esperando recursos que no llegan; zonas estratégicas para la producción de alimentos pierden protecciones justo cuando se avecina el peor fenómeno de El Niño registrado; y los páramos que abastecen de agua a millones de personas quedan expuestos a la minería a cielo abierto. La combinación no es casual: es el resultado de decisiones administrativas que privilegian intereses extractivos sobre la seguridad alimentaria, hídrica y humanitaria de los colombianos.
El sismo dejó un saldo trágico que las cifras oficiales apenas logran dimensionar. Según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actualizaciones posteriores, más de 300 personas fallecieron, miles resultaron heridas y cientos de miles de familias quedaron damnificadas en al menos 15 o 16 departamentos y cerca de 500 municipios. Viviendas destruidas o averiadas superan las 230.000 en algunos balances; la infraestructura vial, educativa y de salud sufrió daños masivos; y el acceso a agua potable y alimentos se interrumpió en amplias zonas. Réplicas y nuevos temblores continúan sacudiendo regiones como Chocó, lo que mantiene la incertidumbre. Expertos de la Universidad Nacional han advertido que los daños en vías, puentes, electricidad y sistemas de agua ponen en riesgo no solo la producción agrícola inmediata, sino el transporte y la conservación de alimentos perecederos en todo el país.
Frente a esta emergencia, el gobierno decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y creó el llamado Fondo Milagro, con una adición presupuestal de alrededor de 624.600 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Sin embargo, según denuncias periodísticas recientes, casi dos meses después el fondo sigue sin operar: no tiene gerente, carece de manual de contratación y no ha transferido recursos. Los damnificados esperan mientras la burocracia y la improvisación se imponen. Organizaciones humanitarias internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se movilizaron para asistir a decenas de miles de personas, y empresas privadas han donado agua y productos de higiene. Pero la respuesta estatal central, aquella que debía canalizar los recursos extraordinarios, permanece paralizada. Es una falla de gobernanza que convierte una catástrofe natural en una crisis prolongada por inacción.
Mientras las víctimas del terremoto claman por ayudas, el Ministerio de Agricultura, encabezado por Indalecio Dangond, tomó una decisión que agrava el panorama alimentario. Según la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, el ministro eliminó la protección de 79.782 hectáreas que estaban resguardadas para producir alimentos en La Guajira. Lo hizo sin responder los comentarios y preguntas ciudadanas en el sistema de participación (SUCOP), y justo cuando el IDEAM proyecta, procesado por el Radar Agrario, una reducción del 95,3 % de las lluvias en diciembre frente al promedio histórico. Menos lluvia significa mayor estrés hídrico para cultivos y comunidades rurales en un departamento ya castigado por la pobreza y la minería del carbón.
Esas hectáreas desprotegidas se ubican en ocho municipios que, según la UPRA, producen aproximadamente 501.164 toneladas de alimentos: yuca, arroz, maíz, plátano, caña, aguacate, café y melón, entre otros. La coincidencia es inquietante: en la misma zona, Best Coal Company proyecta la mina de carbón a cielo abierto Cañaverales. La derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) elimina una barrera que impedía destinar suelos de vocación agropecuaria a usos extractivos. Críticos señalan que el gobierno parece tener una agenda clara: reducir la frontera agrícola, expandir la megaminería (carbón, cobre y potencialmente fracking en la cuenca Ranchería-Cesar) y dejar expuestos reservorios de agua como los manantiales de Cañaverales. En plena amenaza de sequía extrema, ¿qué instrumento garantizará que esas tierras y sus fuentes de agua sigan disponibles para producir comida? La pregunta queda sin respuesta oficial convincente.
El patrón se repite en el páramo de Santurbán, vital para el abastecimiento de agua de alrededor de 2,5 millones de personas en Santander y otras regiones. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán denuncia que decisiones recientes del gobierno —incluida la revocatoria de reservas temporales y de la reserva de La Baja— han eliminado restricciones regulatorias que frenaban proyectos mineros. Aris Mining, la multinacional detrás del proyecto Soto Norte, ha confirmado públicamente que tiene lista su Evaluación de Impacto Ambiental y Social y se alista para solicitar la licencia ambiental, precisamente gracias a “las recientes decisiones del Gobierno que eliminaron las restricciones regulatorias”. No es una interpretación de los defensores del páramo: lo dice la propia empresa.
El ministro de Ambiente se declaró impedido y el ministro de Agricultura actúa como ad hoc en estos asuntos. En menos de dos meses, según el Comité, se han tumbado resoluciones de protección sin adoptar medidas equivalentes a favor del ecosistema. El 13 de noviembre se ha convocado un plantón frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá si no se reabre la consulta pública sobre la reserva de La Baja. Santurbán no es solo un debate sobre minería; es una discusión sobre agua, territorio y el futuro de los páramos que sostienen la vida en el oriente colombiano. Avanzar hacia el licenciamiento de proyectos extractivos en zonas de alta sensibilidad hídrica, en un contexto de El Niño severo y de recuperación post-terremoto, es una apuesta de alto riesgo.
Estas decisiones no ocurren en el vacío. Colombia enfrenta simultáneamente las secuelas de un sismo que afectó la distribución de alimentos, una sequía histórica proyectada y la pérdida de protecciones sobre suelos productivos y fuentes de agua. El gobierno de De la Espriella heredó una emergencia y, en lugar de consolidar la resiliencia alimentaria e hídrica, parece abrir la puerta a intereses mineros que compiten directamente por el mismo territorio y los mismos recursos. La promesa de reconstrucción se diluye en un fondo sin gerente; la seguridad alimentaria se debilita al desproteger hectáreas productivas en La Guajira; y el agua de millones queda amenazada por el avance de Soto Norte.
Las comunidades rurales del sur de La Guajira, las familias damnificadas del Chocó, Valle, Risaralda y Caldas, y los habitantes que dependen del agua de Santurbán no pueden esperar indefinidamente. La crítica no es ideológica: es práctica. Un Estado que no logra desembolsar recursos de emergencia, que elimina barreras de protección agrícola en plena sequía y que facilita el camino a la minería en páramos está eligiendo un modelo de desarrollo que pone en riesgo lo más básico: la comida en la mesa, el agua en el grifo y la ayuda oportuna cuando la tierra tiembla. Colombia no puede permitirse que la recuperación post-terremoto se convierta en el pretexto para profundizar vulnerabilidades estructurales. La ciudadanía, las organizaciones agrarias y los comités de defensa del agua tienen derecho a exigir respuestas claras, transparencia en el uso de los 624.600 millones y la restitución de las protecciones ambientales y productivas que se han levantado. De lo contrario, el legado de esta administración no será la reconstrucción, sino la profundización de la escasez.
