Ejército habría asesinado a un civil en Meta

La operación militar casi termina con la vida de una niña de 7 años

El fantasma de los falsos positivos —aquella trágica práctica de asesinar a civiles desarmados para presentarlos fraudulentamente como bajas en combate— continúa proyectando una densa sombra sobre la historia de los derechos humanos en Colombia. Aunque los discursos del actual gobierno insisten frecuentemente en un cambio radical de doctrina y en el respeto estricto de la vida por parte de la Fuerza Pública, las denuncias recolectadas desde los territorios plantean dudas alarmantes y exigen un control riguroso por parte de la sociedad civil y los organismos judiciales.

Un reciente y crudo reportaje publicado por el portal de periodismo independiente Vorágine expone los graves hechos ocurridos en el departamento del Meta. A través de testimonios comunitarios de la familia Guerrero Motta y otros testigos presenciales, el medio documentó una operación militar que dejó a una niña pequeña escondida aterrorizada bajo su cama en medio de ráfagas de fusil, y que terminó con la muerte de un campesino de la región, Luis Carlos Mojica.

La gravedad del caso radica en las profundas contradicciones entre el relato oficial y la versión comunitaria:

  • Mientras el Ejército Nacional y la Presidencia defendieron la legitimidad de la acción argumentando el decomiso de un arsenal y combates contra disidencias en el lugar,
  • Los testimonios recogidos en el terreno sostienen que Mojica se encontraba herido, completamente desarmado y en estado de indefensión en el suelo cuando, presuntamente, un soldado le disparó a escasos centímetros de la cabeza.

De confirmarse esta hipótesis por parte de las autoridades judiciales, no estaríamos ante un “error táctico” o un daño colateral del conflicto, sino ante una clara ejecución extrajudicial y un Crimen de Guerra. La presunta manipulación de la escena o la justificación apresurada de la baja civil bajo el rótulo de delincuente evoca de manera directa el modus operandi de los falsos positivos que desangraron al país en décadas anteriores.

Este tipo de sucesos pone bajo la lupa las promesas del gobierno en materia de seguridad. En este caso incluyó amenazas físicas a mujeres de la comunidad y maltrato a sus viviendas— siguen apareciendo en las investigaciones periodísticas.

La paz y la legitimidad institucional no se consolidan ocultando las fallas de la Fuerza Pública bajo tapetes discursivos, sino garantizando que la justicia opere con celeridad y total independencia sobre los implicados en la cadena de mando. La Fiscalía General de la Nación tiene el deber imperativo de esclarecer la muerte de Luis Carlos Mojica y determinar si las viejas dinámicas de presentar cuerpos como trofeos de guerra persisten camufladas en la ruralidad colombiana.

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