¿Hubo injerencia de Estados Unidos en Brasil? ¿La habrá en España?
Paralelos económicos, políticos y geopolíticos entre los gobiernos de Lula da Silva y Pedro Sánchez en un momento de polarización global

En el otoño de 2026, Brasil y España se encuentran en puntos de inflexión políticos similares, aunque con calendarios e intensidades distintas. Luiz Inácio Lula da Silva afronta una reelección disputada contra Flávio Bolsonaro, en un contexto de acusaciones formales de interferencia estadounidense, mientras Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre tras el rechazo parlamentario de dos decretos de vivienda. Ambos líderes han presidido periodos de crecimiento macroeconómico sólido, pero enfrentan un malestar microeconómico generalizado —poder adquisitivo erosionado, vivienda inaccesible y percepción de precariedad— en medio de conflictos globales que elevan los precios energéticos y alimentarios. La pregunta sobre la injerencia de Estados Unidos, recurrente en América Latina, adquiere nueva relevancia con la administración Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, mientras en España las tensiones bilaterales existen, pero no alcanzan el mismo nivel de denuncias institucionales.
El dualismo económico: macro sólida, micro bajo presión
Tanto en Brasil como en España, los indicadores agregados muestran resiliencia. En Brasil, durante los primeros tres años del tercer mandato de Lula, el PIB acumuló un crecimiento del 8,9% entre 2022 y 2025, superando la media de varios vecinos sudamericanos (alrededor del 5,7%). El desempleo cayó de forma notable, del 9,3% en el segundo trimestre de 2022 al 5,4% en el segundo de 2026, el nivel más bajo de la serie histórica para ese periodo. El salario mínimo real subió un 12,7% y los ingresos laborales medios reales alrededor del 13%. El programa Bolsa Família aumentó su valor medio en más del 70% en términos reales. El déficit primario se redujo significativamente, de más del 2% del PIB a menos del 0,5%, aunque la deuda pública bruta se elevó por encima del 80% del PIB debido al costo de los intereses en un entorno de tasas Selic elevadas (que llegaron a picos del 15%).
En España, el PIB ha crecido a ritmos superiores a la media de la eurozona (previsiones alrededor del 2,6% para 2026 según algunas entidades), con la afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos cercanos a los 22,5 millones y el paro por debajo del 10%. Desde 2018, el empleo ha aumentado en varios millones de personas. Sin embargo, la inflación se ha mantenido elevada (cerca del 5% en algunos momentos de 2026) y el poder adquisitivo de amplias capas de la población no ha acompañado el crecimiento del PIB.
El contraste aparece en la vida cotidiana. En ambos países, la microeconomía —precios de alimentos, energía, alquileres y vivienda— genera insatisfacción. En España, el precio de la vivienda se ha encarecido cerca del 45-50% desde 2018, superando máximos de la burbuja anterior, con un déficit estimado de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 según el Banco de España. Los alquileres han subido de forma sostenida. La vivienda se ha convertido en el principal problema citado por los ciudadanos, por delante incluso de la economía general en algunas encuestas. En Brasil, el consumo se desaceleró en 2025 pese a mejoras laborales, en parte por el costo del crédito y el endeudamiento de las familias.
España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, absorbe de manera más directa las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Sin embargo, ha mitigado parte del impacto energético mediante un acercamiento a Argelia —principal proveedor de gas natural en 2026, con cerca del 34% del suministro— y una relación comercial creciente con China, que se ha convertido en el primer proveedor de bienes de España, superando a Alemania. El déficit comercial con China supera los 40.000 millones de euros anuales. En Brasil, la diversificación hacia China y otros mercados también ha sido clave, aunque las tarifas estadounidenses del 25% sobre la mayoría de importaciones brasileñas han tensionado la relación bilateral.
Ambos gobiernos han operado dentro del marco capitalista, combinando ortodoxia fiscal y monetaria con medidas sociales puntuales. No han adoptado un modelo al estilo chino de planificación estatal intensa que aprovecha el mercado. En Brasil, el Banco Central independiente mantiene tasas altas para controlar la inflación. En España, la dependencia de los fondos europeos y de la demanda interna (impulsada también por inmigración) ha sostenido el crecimiento, pero la productividad sigue siendo un punto débil.
El laberinto parlamentario y las oportunidades políticas
Ni Lula ni Sánchez gozan de mayorías absolutas. En Brasil, el Congreso es fragmentado, con predominio de fuerzas de centro y derecha. Lula ha negociado con formaciones diversas, incluido en ocasiones con sectores de derecha, para sacar adelante legislación. En 2026, las encuestas apuntaban a un empate técnico o a una segunda vuelta ajustada contra Flávio Bolsonaro. El presidente necesita atraer al electorado centrista.
En España, el Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha dependido de apoyos de partidos nacionalistas y de izquierda. El 2 de octubre de 2026, el Congreso rechazó dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. El primero contemplaba protección frente a desahucios hasta 2030, restricciones a la compra por fondos especulativos y medidas sobre alquileres turísticos; el segundo, la renovación automática de contratos de alquiler. PP, Vox y Junts votaron en contra (el PNV también se opuso al segundo). Tras un fin de semana de manifestaciones por la vivienda, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. El Gobierno planeaba reeditar los decretos para su convalidación por la Diputación Permanente, donde sí cuenta con mayoría.
Las protestas por la vivienda en España crearon una ventana de oportunidad política similar a la que Lula busca en el centro del espectro brasileño. Ambos líderes han demostrado capacidad de pacto, pero la fragmentación limita su margen de maniobra.
El patrón de acusaciones de injerencia estadounidense
Las denuncias de interferencia de Estados Unidos en Brasil alcanzaron un nivel institucional en septiembre-octubre de 2026. La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) elaboró un informe que elevó a “crítico” el riesgo de influencia estadounidense en las elecciones, contextualizado en la reafirmación de la hegemonía estadounidense en América Latina bajo Trump. La Policía Federal abrió una investigación. La campaña de Lula solicitó al STF y al TSE indagar posibles acciones a favor de Flávio Bolsonaro, incluyendo el uso de inteligencia artificial y financiación.
Los elementos citados incluyen: aranceles del 25% sobre productos brasileños; designación de grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas extranjeras; intentos de envío de funcionarios del Departamento de Estado; y, según The Guardian, la reasignación de un millón de dólares de un fondo de derechos humanos a un programa contra el “lawfare y la censura” en Brasil, dirigido a grupos críticos del Supremo Tribunal Federal. Trump y Rubio han mantenido una relación cercana con el entorno bolsonarista. Estados Unidos niega interferencia y afirma respetar la soberanía brasileña.
Este patrón no es nuevo. En Argentina, Trump condicionó ayuda financiera a los resultados legislativos favorables a Milei. En Honduras, respaldó abiertamente a Nasry Asfura. En Colombia, apoyó a Abelardo de la Espriella. Hay precedentes históricos de intervención estadounidense en la región, desde la Guerra Fría. La captura de Fernando Cerimedo en Bolivia en agosto de 2026 —exasesor de campañas de derecha, cofundador de La Derecha Diario y operador de estrategias digitales con bots y trolls— puso de relieve una red de influencia en redes sociales que operó en Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, Chile y otros países. Cerimedo, detenido por intento de feminicidio, tenía vínculos con entornos republicanos estadounidenses y con el periodista español Javier Negre, quien controla ahora el medio y mantiene operaciones críticas al gobierno de Sánchez.
En España, no existen denuncias institucionales equivalentes de interferencia electoral directa. Sí hay tensiones: aumento de desinversiones estadounidenses, críticas de Trump a la política migratoria española y un clima de fricción diplomática. Algunos analistas advierten sobre posibles flujos de financiación o influencia digital a través de redes afines a la derecha, pero no se ha documentado un plan comparable al reportado en Brasil. España y Estados Unidos han cooperado en el pasado contra la desinformación, aunque el contexto actual es más confrontativo.
El horizonte de 2027 y las tensiones del capitalismo global
Muchos economistas advierten sobre riesgos en 2027 vinculados a los conflictos en Oriente Medio y la guerra en Ucrania/Rusia. Los ataques a refinerías rusas y las tensiones en el Golfo Pérsico han presionado los precios del diésel y el petróleo. Previsiones de agencias como Fitch apuntan a un Brent alrededor de 70 dólares en 2027 (con escenarios más altos si persisten las interrupciones), y hay alertas sobre posibles picos del diésel por encima de 2 euros el litro en Europa. El crecimiento global se prevé moderado, con riesgos de inflación energética.
No hay consenso sobre una “gran crisis” inevitable que destruya el capitalismo desde Londres, Tel Aviv o Washington. Sí existe un deterioro del libre comercio por aranceles y sanciones, y una reconfiguración geopolítica. Los gobiernos de Lula y Sánchez han priorizado medidas sociales dentro del marco neoliberal existente, sin avanzar hacia un modelo de socialismo de mercado al estilo chino. Si pierden, no estarán en el poder en un periodo de posibles tensiones, pero los desafíos estructurales —deuda, productividad, transición energética y polarización— permanecerán independientemente del color del gobierno.
La cuestión de fondo no es solo si hubo o habrá injerencia, sino cómo las democracias fragmentadas de Brasil y España gestionan la dualidad entre cifras macroeconómicas favorables y una microeconomía que genera desafección, en un mundo donde las potencias externas —Estados Unidos, China y otras— proyectan influencia a través de tarifas, financiación digital y alianzas ideológicas. Las elecciones de 2026 en ambos países serán un test de la capacidad de los sistemas políticos para absorber estas presiones sin erosionar la soberanía popular.
