Tras años de investigación, el sabotaje del Nord Stream apunta a Ucrania: el juicio que confirma lo que muchos intuían

El 26 de septiembre de 2022, una serie de explosiones submarinas destruyeron tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm. Las detonaciones, detectadas por sismógrafos a cientos de kilómetros, provocaron la mayor liberación artificial de metano de la historia y cortaron de golpe una de las principales vías de suministro de gas ruso a Alemania y Europa. En plena guerra de agresión rusa contra Ucrania, iniciada en febrero de ese año, el atentado se convirtió en uno de los misterios geopolíticos más complejos del conflicto: ¿quién tenía la capacidad, el motivo y la voluntad de llevar a cabo un acto de sabotaje de tal magnitud en aguas internacionales?

Durante años circularon teorías: Rusia se autoatacaba para subir precios o culpabilizar a Occidente; Estados Unidos o aliados de la OTAN actuaban para desacoplar a Europa de la energía rusa; o se trataba de una operación ucraniana para privar a Moscú de ingresos. Ucrania siempre negó cualquier participación. Ahora, casi cuatro años después, la investigación alemana ha cristalizado en un juicio que se inicia en Hamburgo y que sitúa a un ciudadano ucraniano en el banquillo, acusado de coordinar la operación en nombre de agencias estatales ucranianas.

La investigación alemana y el hilo que lleva a Ucrania

La investigación, liderada por la Fiscalía Federal alemana (Generalbundesanwalt) y el Bundeskriminalamt (BKA), se centró desde el principio en el territorio alemán porque los gasoductos terminan en Lubmin (Mecklemburgo-Pomerania Occidental) y el sabotaje afectó directamente a la seguridad energética del país. Mientras Suecia y Dinamarca cerraron sus pesquisas en 2024 sin identificar a los responsables, Alemania persistió.

El rastro clave apuntó a un yate de recreo alemán de unos 15 metros, el Andromeda (un Bavaria C50), alquilado a mediados de septiembre de 2022 en el puerto de Rostock-Warnemünde mediante documentos de identidad falsificados (búlgaros y rumanos, según algunas informaciones). Según la acusación, un grupo de unas siete personas —incluyendo buceadores profesionales civiles y personal militar— partió de allí, transportó explosivos de grado militar (mezclas de hexógeno y octógeno) y colocó dispositivos con temporizadores a unos 80 metros de profundidad cerca de Bornholm. Las cargas detonaron el 26 de septiembre a partir de las 02:03 horas.

Huellas forenses en el yate (restos de explosivos, ADN, huellas dactilares), cámaras de tráfico en la isla de Rügen que captaron un furgón con matrícula ucraniana, testimonios y datos de teléfonos móviles configuraron el rompecabezas. Los investigadores identificaron a varios sospechosos ucranianos vinculados a una escuela de buceo en Kiev y a unidades especiales del ejército ucraniano.

La orden de detención de 2024: el aviso anticipado

Ya en agosto de 2024 —casi dos años después de los hechos— Alemania emitió una orden de detención europea contra un ciudadano ucraniano identificado como Volodymyr Z. (según medios, Volodymyr Zhuravlov o Zhuravlyov), un instructor de buceo de unos 44 años que residía en Polonia, cerca de Varsovia. Se le acusaba de participar en la colocación de los explosivos como buceador. La orden se transmitió a las autoridades polacas en junio de 2024, pero el sospechoso abandonó Polonia a principios de julio cruzando hacia Ucrania antes de que pudiera ser detenido. Polonia explicó que no figuraba en la base de datos Schengen de personas buscadas en el momento del cruce.

Aquella noticia, publicada entonces por medios alemanes (ARD, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) y recogida internacionalmente, ya apuntaba claramente a una pista ucraniana. Era la primera orden de detención formal en el caso y confirmaba que la investigación alemana seguía un rastro concreto hacia ciudadanos ucranianos, no hacia potencias occidentales ni hacia Rusia. En aquel momento se mencionaban al menos dos o tres cómplices más, también ucranianos. El propio Volodymyr Z. negó cualquier implicación cuando fue contactado por periodistas.

Esta orden de 2024 se ha convertido ahora en pieza central del relato: lo que entonces era una sospecha investigativa se ha consolidado con detenciones, extradicciones y un escrito de acusación formal.

El principal acusado: Serhii K. y el juicio de Hamburgo

El protagonista del juicio que comienza la próxima semana en el Tribunal Regional Superior de Hamburgo es Serhii K. (identificado en procedimientos de extradición como Serhii Kuznetsov o Kuznietsov), un ucraniano de unos 49-50 años, exoficial del ejército ucraniano y padre de familia. Fue detenido el 21 de agosto de 2025 por los carabinieri italianos en un bungaló de vacaciones en la costa adriática (San Clemente o zona de Rimini), donde se encontraba con su esposa e hijos. Se entregó sin resistencia. Tras meses de prisión preventiva en Italia y una batalla legal, fue extraditado a Alemania a finales de noviembre de 2025 y se encuentra desde entonces en aislamiento en una prisión de máxima seguridad.

La Fiscalía Federal le acusa de coautoría en un crimen de guerra (ataque contra objetos civiles según el Código alemán de Crímenes contra el Derecho Internacional), de provocar explosiones, de destrucción de infraestructuras y de interrupción de servicios públicos. Según el escrito de acusación (de más de 130 páginas), Serhii K. era en 2022 oficial del ejército ucraniano y, actuando por orden de organismos estatales ucranianos, ideó y comandó junto a otros militares un plan para destruir permanentemente los gasoductos y privar a Rusia de ingresos con los que financiar la guerra. Él y su equipo habrían entrado en Alemania con pasaportes falsificados, alquilado el Andromeda y colocado los dispositivos.

Serhii K. niega cualquier participación. Su defensa sostiene que se encontraba en Ucrania en las fechas de los hechos y que, como militar, gozaría de inmunidad funcional. Ucrania ha negado reiteradamente cualquier implicación oficial. La fiscalía alemana no ha establecido si el presidente Volodymyr Zelensky fue informado de la operación.

Un segundo sospechoso, el buceador Volodymyr Zhuravlyov (el mismo de la orden de 2024), fue detenido en Croacia en agosto de 2026 mientras trabajaba como consultor en un thriller cinematográfico sobre el sabotaje. Alemania solicita su extradición. Otros miembros del supuesto grupo siguen siendo buscados; al menos uno habría muerto en el frente.

Implicaciones políticas y el largo camino hasta aquí

El caso es extremadamente sensible. Alemania ha sido uno de los principales proveedores de ayuda militar y financiera a Ucrania. Un veredicto que confirme la autoría ucraniana —incluso si se trata de una operación no autorizada al más alto nivel— generaría tensiones diplomáticas considerables y podría abrir la puerta a reclamaciones millonarias (los operadores de los gasoductos y aseguradoras han litigado por cientos de millones de euros). Rusia, que siempre acusó a Occidente o a Ucrania, ha seguido el caso de cerca y lo presenta como prueba de “terrorismo de Estado” ucraniano.

La investigación alemana ha sido descrita por la BBC y otros medios como un trabajo de policías meticuloso, que partió de evidencias forenses en el yate, cámaras de tráfico, datos de telefonía y testimonios hasta llegar a Ucrania. No se trata de filtraciones anónimas ni de teorías conspirativas, sino de un proceso judicial formal con acusación, detenciones y juicio público.

Aun así, permanecen interrogantes. Algunos expertos han cuestionado la viabilidad técnica de colocar cargas tan potentes desde un yate de recreo en condiciones de mar abierto y a gran profundidad. Otras teorías (como la del periodista Seymour Hersh sobre una operación estadounidense-noruega durante ejercicios NAVO) no han encontrado eco en las pruebas presentadas por los fiscales alemanes. El juicio de Hamburgo será la primera ocasión en que las evidencias se confronten en un tribunal, con testigos, peritos y la posibilidad de que la defensa presente declaraciones de superiores militares ucranianos.

Lo que en 2024 era una orden de detención contra un buceador ucraniano que logró escapar se ha convertido, en octubre de 2026, en el inicio de un proceso penal de alto voltaje. El sabotaje del Nord Stream dejó de ser un misterio geopolítico para convertirse en un caso judicial concreto. El mundo sabrá ahora, con pruebas sobre la mesa, hasta dónde llega la responsabilidad ucraniana en uno de los actos de sabotaje más trascendentales de las últimas décadas en Europa.

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