Otro menor asesinado en bombardeo del gobierno de Abelardo con el apoyo de EE.UU.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó la muerte de adolescente de 16 años en ataque al Frente 33 en límites entre Tibú y El Tarra

En la noche del sábado 10 de octubre de 2026, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un bombardeo contra campamentos del Frente 33 de las disidencias de las FARC (facción de alias Calarcá) en zona rural en límites entre Tibú y El Tarra, región del Catatumbo (Norte de Santander). El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora confirmó este martes 13 de octubre que entre los cuatro muertos —tres hombres y una mujer— se encuentra una adolescente de 16 años, cuya edad fue establecida por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Según el balance oficial, la menor “se encontraba en función continua de combate”. Además, tres soldados resultaron gravemente heridos al activar un campo minado en áreas aledañas durante las acciones terrestres posteriores.
Se trata del cuarto bombardeo ordenado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su posesión en agosto de 2026 y el segundo en el Catatumbo. La operación, iniciada hacia las 22:00 horas del sábado tras labores de inteligencia que identificaron tres campamentos con capacidad aproximada para 36 personas, un búnker y zonas preparadas con artefactos explosivos improvisados, empleó componente aéreo (aviones Kfir y Super Tucano, según reportes) seguido del ingreso de tropas. Se incautaron diez fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores, más de 3.800 cartuchos, miras ópticas, celulares, material de intendencia y cinco brazaletes alusivos a las FARC. El presidente De la Espriella difundió un video en el que se le ve ordenando el operativo por radioteléfono esa misma noche.
El Ministerio de Defensa sostiene que la operación se ajustó al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con objetivos previamente identificados y delimitados, y principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Su propósito declarado fue proteger a las comunidades rurales de Tibú, afectadas por la confrontación entre el Frente 33 y el ELN, que ha incluido ataques con drones cargados de explosivos y siembra de minas que destruyen viviendas y ponen en riesgo a civiles y fuerza pública. Mora condenó nuevamente el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que, según el DIH, los expone a las hostilidades.
El patrón que se repite y las preguntas que quedan
Esta no es la primera vez. En los primeros bombardeos del gobierno De la Espriella ya habían muerto menores de edad: al menos uno en el ataque de agosto al ELN en el Catatumbo y tres en la operación de finales de agosto en Guaviare contra estructuras de Calarcá. Esos hechos generaron tutelas, una moción de censura que Mora superó en el Congreso y decisiones judiciales que, si bien levantaron suspensiones generales a los bombardeos, impusieron un “estándar reforzado de precaución”: verificación intensificada de inteligencia sobre presencia de menores, evaluación de alternativas menos lesivas y análisis caso por caso, sin presumir automáticamente “función continua de combate” por la sola presencia en un campamento o el uso de uniformes.
La justificación oficial —que la adolescente cumplía función continua de combate y que la responsabilidad recae en el grupo que la reclutó— es jurídicamente defendible bajo ciertas interpretaciones del DIH: los menores que participan de forma permanente en hostilidades pueden ser objetivos legítimos. Sin embargo, el reclutamiento de menores de 18 años está prohibido y constituye una violación grave. Convertir a niños y adolescentes en combatientes no los despoja de su condición de víctimas prioritarias, y el Estado tiene obligaciones reforzadas de protección. Cada vez que un bombardeo deja menores muertos, se reabre el debate sobre si la inteligencia previa fue suficiente, si se exploraron opciones de interdicción terrestre o de menor letalidad, y si el costo humanitario es proporcionado a la ventaja militar obtenida (en este caso, cuatro bajas y material de guerra, sin confirmación pública de que se neutralizara a cabecillas clave como Andrey Avendaño).
El Catatumbo vive una crisis humanitaria prolongada desde inicios de 2025 por la disputa entre disidencias y ELN: desplazamientos masivos, destrucción de viviendas y minas antipersonal que siguen cobrando víctimas civiles y militares. El gobierno presenta estos bombardeos como respuesta necesaria para recuperar el control territorial y proteger a la población. Críticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición advierten que la estrategia de “golpear duro” desde el aire, sin avances paralelos robustos en desmantelamiento de economías ilícitas, prevención del reclutamiento y presencia estatal integral, reproduce un ciclo en el que los grupos armados siguen reclutando menores y el Estado responde con operaciones que los matan.
No hay, hasta el momento, información pública verificable que respalde una colaboración directa de Estados Unidos en este operativo específico. Las aeronaves y la inteligencia parecen ser colombianas. La narrativa de “colaboración con EE.UU.”, aunque presente en debates políticos más amplios sobre seguridad, no se sustenta en los balances oficiales ni en reportes periodísticos sobre este ataque.
La muerte de una adolescente de 16 años en un campamento ilegal no es un “daño colateral abstracto”: es el resultado previsible de una guerra en la que los grupos armados usan a niños como carne de cañón y el Estado responde con poder aéreo. El gobierno tiene la obligación de demostrar, con transparencia y documentación, que cada bombardeo cumple no solo la letra del DIH sino el espíritu de protección prioritaria a la niñez. Mientras tanto, en el Catatumbo, las minas siguen explotando, los drones siguen volando y los menores siguen siendo reclutados. El ciclo no se rompe solo con bombas.
