Sobre la “operación” de Blackwater en Haití

En las calles de la capital haitiana, donde las pandillas armadas estarían controlando vastas extensiones del territorio y la población vive atrapada entre el terror y el hambre, en un país que en las últimas décadas ha tenido presencia de Estados Unidos y Francia, CNN ha logrado un acceso exclusivo a una de las operaciones de seguridad más controvertidas y opacas de los últimos años. El corresponsal jefe de seguridad internacional de la cadena, Nick Paton Walsh, ha reportado desde el corazón de la ofensiva liderada por el empresario estadounidense Erik Prince, fundador de la polémica firma Blackwater y amigo de Donald Trump, a través de su actual empresa Vectus Global.
El reportaje, titulado Inside Erik Prince’s anti-gang mercenary operation in Haiti y disponible en CNN All Access, muestra por primera vez de cerca el funcionamiento de esta fuerza privada que opera desde marzo de 2025 junto a las autoridades haitianas. Mientras la Policía Nacional de Haití y la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por Naciones Unidas, combaten a grupos que dominan gran parte de Puerto Príncipe, los contratistas de Prince despliegan drones armados, personal especializado y tácticas de combate en una guerra urbana que ya ha dejado miles de muertos.
Un país al borde del colapso
La crisis de Haití no es nueva, pero ha alcanzado niveles inéditos. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el país ha sufrido un vacío de poder, una fragmentación institucional y el auge de coaliciones de pandillas como Viv Ansanm (“Vivir juntos”), que unió a antiguos rivales y llegó a controlar hasta el 85-90 % de Puerto Príncipe y sus alrededores. Estos grupos no solo ejercen violencia extrema —asesinatos, secuestros, violaciones masivas y desplazamientos forzados—, sino que también controlan rutas comerciales clave, puertos y puntos de extorsión, asfixiando la economía y el suministro de alimentos.
Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, solo entre enero y septiembre de 2026 se documentaron al menos 5.700 personas muertas o heridas por la violencia de las pandillas o en operaciones contra ellas. Más de 230 personas fueron secuestradas y más de 1.000 mujeres y niñas violadas. El desplazamiento interno supera el millón y medio de personas, y millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Las pandillas se han expandido más allá de la capital, hacia el Artibonite, el Centro y el Sur, controlando corredores estratégicos y amenazando la estabilidad regional.
La misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, autorizada por la ONU en 2023, nunca alcanzó su objetivo de 2.500 efectivos y se retiró a comienzos de 2026. En su lugar, el Consejo de Seguridad autorizó la Gang Suppression Force (GSF), con un mandato de hasta 5.550 personal uniformado y mayor capacidad operativa. Sin embargo, a mediados de 2026 apenas superaba el millar de efectivos, lejos de la fuerza necesaria para revertir la situación.
La llegada de Erik Prince y Vectus Global
Ante el fracaso de las intervenciones internacionales tradicionales, el Gobierno de transición haitiano recurrió a una solución privada. En marzo de 2025, Vectus Global, dirigida por Erik Prince —ex Navy SEAL, aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump y figura emblemática de la industria de contratistas militares privados—, comenzó a operar en el país. La empresa forma parte de una task force gubernamental liderada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que utiliza drones cuadricópteros cargados con explosivos para atacar a miembros de las pandillas en barrios densamente poblados de Puerto Príncipe y municipios aledaños.
Prince, cuyo nombre quedó marcado por la masacre de Nisour Square en Irak en 2007 —donde empleados de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes—, ha presentado la operación como una oportunidad para “devolver el país a los haitianos”. En una entrevista con Reuters en agosto de 2025, afirmó haber firmado un acuerdo de diez años: primero para combatir a las pandillas y luego para ayudar a restaurar el sistema de recaudación de impuestos, especialmente en la frontera con República Dominicana, donde las bandas controlan gran parte del contrabando. Su medida de éxito, dijo, sería poder conducir de Puerto Príncipe a Cap-Haïtien en un vehículo sin blindaje sin ser detenido por pandilleros.
Según fuentes cercanas a la operación, Vectus desplegó inicialmente drones y, más tarde, personal de combate —snipers, especialistas en inteligencia y comunicaciones— procedentes de Estados Unidos, Europa y El Salvador, junto con helicópteros y embarcaciones. Se habló de casi 200 contratistas en una primera fase, con planes de ampliar la presencia. El contrato de un año para la parte de seguridad se estimó en alrededor de 50 millones de dólares. El Departamento de Estado de EE.UU. otorgó a Vectus una licencia para exportar servicios de defensa a Haití, aunque Washington ha insistido en que no está directamente involucrado en el contrato.
El reportaje de Nick Paton Walsh ofrece la primera mirada periodística detallada a estas operaciones: drones que sobrevuelan zonas controladas por pandillas, vehículos blindados, personal armado y la coordinación con fuerzas de seguridad haitianas en un escenario de guerra urbana. CNN describe el trabajo como un intento de lograr lo que otros han fallado: recuperar territorio en una ciudad donde el Estado apenas existe en muchos barrios.
El costo humano de la “guerra de los drones”
Los resultados de estas operaciones han sido contundentes, pero también profundamente controvertidos. Human Rights Watch documentó que entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026 se realizaron 141 operaciones con drones que causaron al menos 1.243 muertes y 738 heridos. Entre los muertos había al menos 43 adultos civiles y 17 niños; entre los heridos, al menos 49 civiles. Un ataque en el barrio de Simon Pelé en septiembre de 2025 mató a diez personas no afiliadas a pandillas, incluidos nueve niños de entre tres y doce años.
La ONU y organizaciones locales han señalado el uso de fuerza letal desproporcionada y, en algunos casos, posibles ejecuciones extrajudiciales. Las operaciones se realizan en zonas densamente pobladas, donde la distinción entre combatientes y civiles es a menudo imposible. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa también han sido acusados de ejecuciones sumarias y excesos. Entre marzo de 2025 y enero de 2026, la ONU registró más de 5.500 muertos en total por la violencia de todos los actores.
A pesar de la intensidad de los ataques, las pandillas no han sido derrotadas. Siguen adaptándose, desplazándose hacia las periferias, expandiéndose hacia el sur y el norte, y manteniendo el control de rutas clave. En septiembre de 2026, un ataque de pandillas en Kenscoff dejó al menos 47 muertos. Informes recientes de la ONU advierten de vínculos entre algunas pandillas y actores políticos y económicos que las utilizan para influir en futuras elecciones o consolidar poder local.
Un modelo en debate: privatizar la seguridad
La presencia de Prince en Haití revive un debate global sobre el papel de las empresas militares privadas en conflictos internos. Sus defensores argumentan que, ante la incapacidad del Estado y de las misiones internacionales, estas fuerzas ofrecen capacidad técnica, rapidez y menor costo político. Prince ha afirmado que su modelo es más eficiente y que el éxito se medirá en la recuperación de rutas y la restauración de servicios básicos.
Los críticos, incluidos grupos de derechos humanos, diplomáticos y analistas haitianos, advierten de la falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión. Señalan el historial de Blackwater, el riesgo de impunidad y el peligro de que una empresa privada termine ejerciendo funciones estatales —incluida la recaudación de impuestos— en un país soberano. Organizaciones locales como Fondasyon Je Klere han calificado de escandalosos estos contratos por atentar contra la soberanía nacional.
En julio de 2026, un asesor militar estadounidense testificó ante el Congreso que se planeaban lazos más estrechos entre la GSF y la task force haitiana respaldada por Vectus, aunque insistió en que no había solapamiento operativo en ese momento. La coordinación informal ya existía a todos los niveles.
¿Un punto de inflexión o más de lo mismo?
El reportaje de Nick Paton Walsh llega en un momento crítico. Haití se prepara —o intenta prepararse— para elecciones generales que llevan más de una década sin celebrarse, pero la violencia, la falta de seguridad y los retrasos logísticos han obligado a aplazamientos indefinidos. La GSF ha intensificado operaciones en algunas zonas de la capital y ha logrado recuperar temporalmente ciertos barrios, pero las pandillas se reagrupan y la violencia se desplaza.
Mientras tanto, la población haitiana sigue atrapada. Millones sobreviven entre el miedo a las pandillas, el temor a los drones que caen desde el cielo y la ausencia casi total de servicios públicos. La “guerra de los drones” de Prince y la task force ha demostrado capacidad letal, pero no ha restaurado la seguridad cotidiana ni ha resuelto las causas estructurales: pobreza extrema, corrupción, tráfico de armas y un Estado fallido.
El acceso exclusivo de CNN ofrece una ventana sin precedentes a una operación que, hasta ahora, se había desarrollado en la sombra. Muestra tanto la determinación de quienes intentan recuperar el control como las profundas sombras éticas, legales y humanas que acompañan a la privatización de la guerra en uno de los países más vulnerables del hemisferio occidental. Si este modelo logrará “devolver Haití a los haitianos”, como promete Prince, o si simplemente profundizará el ciclo de violencia y dependencia, es una pregunta que solo el tiempo —y la sangre que aún se derrama en las calles de Puerto Príncipe— podrá responder.
