Miles de damnificados del terremoto enfrentan el riesgo de quedarse sin ayuda humanitaria

Casi 3 meses después del devastador sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), unas 57.000 personas afectadas podrían quedarse sin asistencia humanitaria por falta de financiación. Así lo advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, que solo ha recibido 6,5 de los 30 millones de dólares solicitados para atender a 100.000 damnificados. Con los recursos disponibles podrá ayudar a unas 43.000 personas, dejando a miles de familias sin apoyo para vivienda segura, agua potable y atención sanitaria.
El terremoto dejó un saldo de 335 muertos, más de 100 desaparecidos y cerca de 487.000 afectados en 16 departamentos. Cerca de 207.000 viviendas resultaron dañadas y unas 36.000 destruidas. Alrededor de 2.700 personas siguen en alojamientos temporales y más de 286.000 niños y adolescentes estudian en instalaciones provisionales. La llegada del fenómeno de El Niño agrava el panorama, con riesgos de escasez de agua, incendios forestales y nuevas pérdidas de medios de vida.
En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, la situación se describe como cada vez más crítica. Residentes y organizaciones locales han señalado que la ayuda no llega de manera suficiente a muchos territorios afectados. Numerosas familias continúan durmiendo en la calle o en carpas improvisadas en parques, como ocurrió en el parque Olaya Herrera en las primeras semanas, donde se concentraron cientos de personas ante el colapso de albergues oficiales. Voluntarios y rescatistas han denunciado obstáculos en las labores de atención y estigmatización, mientras organizaciones sociales lideran comedores comunitarios y distribución de ayuda ante lo que consideran una respuesta institucional insuficiente.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha activado el Fondo Milagro, con recursos iniciales para demoliciones, remoción de escombros y reconstrucción de infraestructura crítica. En Pereira se estiman necesidades de alrededor de 13,8 billones de pesos para la recuperación total. Se han entregado ayudas económicas a familias (cerca de 1.050.543 pesos por hogar para quienes perdieron viviendas) y apoyos a comerciantes, pero miles de beneficiarios aún no han cobrado y persisten quejas por demoras. Protestas recientes en la ciudad han exigido mayor celeridad en la reconstrucción, subsidios y planes de vivienda.
A esto se suma el aumento de hostilidades entre el Estado y grupos armados en varias regiones, que erosiona la confianza y dificulta la reactivación del turismo, un sector clave para la economía local del Eje Cafetero. La aprobación de los presupuestos generales ha generado fuertes críticas por los recortes, en un contexto en el que se espera un alza generalizada de precios, incluida la electricidad. Analistas y damnificados advierten que esta presión económica podría aumentar el número de afectados, ya que muchas familias no podrán costear servicios básicos ni reconstruir por sus propios medios. Las estimaciones de daños del sismo superan los 58 billones de pesos a nivel nacional, con el Valle del Cauca requiriendo más de 20 billones, y la oposición cuestiona que parte de los recursos dependan de “saldos” o del Fondo Milagro, calificado por algunos como opaco y sin suficientes garantías de transparencia para la reconstrucción.
La OIM ha hecho un llamado urgente a la financiación internacional y a la articulación con el Gobierno colombiano para evitar una segunda crisis humanitaria. Mientras tanto, en las calles de Pereira y otros municipios golpeados, la solidaridad ciudadana y el trabajo de voluntarios siguen siendo el principal sostén de quienes aún esperan una respuesta definitiva.
El presupuesto 2027: recortes territoriales y tensiones que agravan la crisis de los damnificados
En la madrugada del martes 20 de octubre de 2026, tras casi 19 horas de debate, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos, el primero del gobierno de Abelardo de la Espriella. Presentado como un ejercicio de “sinceramiento” fiscal, el texto ha desatado críticas generalizadas por los recortes en inversión regional y social.
El diputado de la Asamblea de Antioquia Walter Salas resumió el malestar: “Se aprobó el Presupuesto General de la Nación por 634 billones, pero en Antioquia nos mordió el tigre con un recorte de 633 mil millones. Aplaudan, ¿por qué no aplauden?”. Según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión regionalizada en Antioquia baja de aproximadamente 7,01 billones en 2026 a 6,38 billones en 2027 (633.709 millones menos, 9 % nominal y 14,2 % real). La participación del departamento cae del 7,9 % al 7,3 %. Sectores como transporte, educación, inclusión social y agricultura se ven afectados, con preocupaciones por obras como el Túnel del Toyo.
Antioquia no está sola: 24 de los 33 entes territoriales sufrirían reducciones. El Atlántico registra una de las mayores caídas absolutas (más de 635.000 millones en algunas estimaciones) y San Andrés una de las más altas en porcentaje (alrededor del 33-36 %). Mientras la inversión regionalizada se comprime, el servicio de la deuda pública salta de unos 100,5 billones a cerca de 147-155 billones (aumento cercano al 46 %).
Desde el Pacto Histórico, la senadora Carolina Corcho denunció “graves vicios de inconstitucionalidad”, en particular el recorte de alrededor del 80 % del presupuesto de inversión de la JEP (unos 170.000 millones más 11.000 adicionales), calificado como un golpe a la justicia transicional y a las víctimas. También criticó recortes a subsidios de energía y gas, a la salud (36 %), al SENA (500.000 millones) y al sector agropecuario, además de la insuficiencia de recursos claros para la reconstrucción pos-terremoto. Anunciaron acciones judiciales, medidas cautelares ante el Sistema Interamericano y un Paro Cívico Nacional en noviembre.
El Gobierno defiende el presupuesto como responsabilidad fiscal ante un legado de endeudamiento y caídas de ingresos. Sin embargo, las promesas de descentralización y apoyo preferente a ciertas regiones no se tradujeron plenamente en números. Para los damnificados del terremoto, este escenario de austeridad y recortes refuerza la incertidumbre: menos margen para inversión social y territorial, mayores presiones sobre los precios y una reconstrucción que sigue dependiendo de mecanismos cuestionados. El “tigre” del recorte ya mordió, y las consecuencias se sentirán en las comunidades que aún esperan techo, agua y esperanza.
