Casi tres meses después del terremoto: réplicas, protestas, denuncias por ayudas, el debate sobre el fracking y la fundación de la primera dama

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El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana (hora local), un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de alrededor de 100-108 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el USGS. Fue un evento de tipo intraplaca asociado a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Se sintió en gran parte del país, así como en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.

Las cifras oficiales y de medios variaron en los primeros días, pero el balance consolidado apunta a más de 300 muertos (algunos reportes superan los 330), miles de heridos (más de 4.500 en algunos conteos), cientos de desaparecidos y daños materiales estimados en cerca de 9.500 millones de dólares. Las zonas más afectadas fueron el Eje Cafetero (especialmente Pereira y municipios de Risaralda, Caldas y Quindío), el Valle del Cauca (Cali y alrededores) y el Chocó. Se reportaron miles de viviendas destruidas o averiadas, decenas de edificios colapsados, escuelas y centros de salud dañados, cortes de energía prolongados y problemas de acceso por daños en vías.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia y activó la respuesta interinstitucional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se abrió el Registro Único de Damnificados (RUD), que para septiembre-octubre de 2026 ya cubría cientos de municipios y reportaba cientos de miles de familias afectadas (cifras que oscilan según la fuente entre más de 300.000 y 360.000 familias, con decenas de miles de viviendas destruidas o inhabitables).

La actividad sísmica no se detuvo

El terremoto principal generó cientos de réplicas. Pero a partir de finales de septiembre de 2026, el municipio de Chaparral (Tolima) concentró una secuencia sísmica inusual: más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en poco tiempo, la mayoría superficiales (menos de 30 km de profundidad). El 3 de noviembre de 2026, a las 4:13-4:18 de la madrugada, un sismo de magnitud 5,6 (inicialmente reportado como 5,3) con epicentro cerca de Chaparral se sintió en Bogotá, Cali, Pereira, Ibagué y otras ciudades. Generó evacuaciones, un herido por derrumbe de un muro en Chaparral, grietas menores en viviendas de Roncesvalles e Ibagué, y desprendimientos en una iglesia de Quimbaya (Quindío). Se registraron varias réplicas en las horas siguientes.

El SGC ha caracterizado estos eventos como parte de la compleja sismicidad natural de la región, sin vincularlos de manera causal al terremoto de agosto, aunque la población vive con el miedo constante a nuevos movimientos fuertes.

El debate sobre el fracking y la sismicidad inducida

Poco después del sismo de agosto y durante el enjambre de Chaparral, circularon en redes sociales afirmaciones que vinculaban los temblores con el fracking o con promesas del gobierno de explorar esta técnica. El presidente de la Espriella ha hablado de retomar pilotos de fracturamiento hidráulico.

Expertos y el propio SGC han rechazado de forma reiterada esa relación para el evento principal y para la secuencia de Chaparral. El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió a gran profundidad (cerca de 100 km), típica de procesos tectónicos de subducción, no de actividades humanas superficiales. En Colombia no hay registro oficial de fracking comercial a gran escala; los pilotos están regulados y, en caso de sismos de cierta magnitud en el volumen vigilado, deben suspenderse. La sismicidad inducida por inyección de fluidos suele ser de baja magnitud y superficial. El SGC ha reconocido que actividades humanas pueden generar sismicidad, pero ha afirmado que en Chaparral y en el Chocó la explicación es tectónica y de complejidad geológica. Fact-checkers y geólogos independientes coinciden en que las afirmaciones que atribuyen el gran terremoto al fracking son falsas.

El debate, no obstante, sigue presente en la opinión pública y en sectores políticos opuestos a la técnica.

Damnificados en la calle, retrasos en las ayudas y protestas

Tres meses después, una parte significativa de los afectados sigue sin solución de vivienda definitiva. Reportes de medios y testimonios describen familias viviendo en carpas, en la calle o en condiciones precarias en Cali, Pereira, Armenia y otros municipios, expuestas a las lluvias, el frío y la inseguridad. Muchos se quejan de que los subsidios de arriendo temporal, los kits humanitarios y los apoyos económicos anunciados llegan con retraso, de forma incompleta o no llegan a todas las zonas.

En lugares como Dagua (Valle del Cauca) se han registrado plantones y bloqueos en la vía al mar para exigir reconstrucción de viviendas, subsidios, acceso a agua potable y soluciones ante restricciones de uso del suelo en zonas de reserva forestal. Habitantes de zonas rurales y de municipios menos mediáticos denuncian que la atención se concentra en las ciudades grandes mientras ellos quedan al margen.

El Gobierno ha habilitado rutas de registro a través del RUD, puestos de mando unificado y puntos de atención. Se han anunciado y, en algunos casos, comenzado a desembolsar auxilios económicos (por ejemplo, pagos de alrededor de 1.050.000 pesos en Cali a través de puntos de SuperGIROS y cuentas bancarias, con jornadas masivas a principios de noviembre). También hay propuestas de subsidios de vivienda de hasta 90 salarios mínimos (alrededor de 157 millones de pesos) para propietarios cuya casa quedó destruida o inhabitable, aunque aún en fase de consulta y con riesgos de dejar por fuera a arrendatarios. Existen apoyos para desempleados y pequeñas empresas. Sin embargo, la brecha de financiamiento para la reconstrucción completa se estima en decenas de billones de pesos, y los críticos señalan que los presupuestos ordinarios y de emergencia no contemplan aún una respuesta a la escala del desastre.

La Procuraduría y otros órganos de control han pedido explicaciones a la UNGRD y a otras entidades sobre el ritmo de entrega de ayudas.

Las donaciones, la primera dama y las exigencias de transparencia

Paralelamente a la respuesta estatal, la primera dama Ana Lucía Pineda impulsó la campaña “Colombia Un Solo Corazón” a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Se recolectaron donaciones en especie (miles de toneladas de alimentos, kits de aseo, colchonetas, etc.) y en dinero. Según el informe de gestión presentado por la fundación en octubre de 2026, se recibieron, administraron y canalizaron unos 54.589 millones de pesos (alrededor de 17 millones de dólares), de los cuales cerca del 81 % proviene de un aporte del Grupo Gilinski con destinación específica a reconstrucción (especialmente de colegios y hospitales en Cali, y algunos proyectos de vivienda). La fundación reporta haber atendido a más de 48.000 personas en 80 municipios, movilizado más de 5.650 toneladas de ayuda y destinado montos muy bajos a gastos administrativos.

La primera dama ha entregado algunas viviendas nuevas en municipios como Dosquebradas (Risaralda) y ha insistido en que “no hay nada que ocultar” y que los recursos se están traduciendo en acciones concretas, priorizando la fase de reconstrucción sobre la ayuda humanitaria inmediata para ciertos fondos condicionados.

Sin embargo, la oposición, algunos afectados y sectores de la opinión pública han cuestionado la transparencia, el monto real de las donaciones (algunos hablan de cifras anunciadas mucho mayores en redes del presidente) y la lentitud en llegar a quienes perdieron todo. El 5 de noviembre de 2026 un juez ordenó a la fundación rendir cuentas completas y detalladas en un plazo corto sobre donantes, montos, destinación, gastos y beneficiarios, considerando que, aunque sea privada, asumió un rol protagónico en la respuesta al desastre de interés público.

Un panorama incompleto

A inicios de noviembre de 2026, Colombia sigue lidiando con las consecuencias del terremoto de agosto: la reconstrucción apenas comienza, la actividad sísmica en zonas como Chaparral mantiene la tensión, las quejas por vivienda y ayudas persisten en calles y protestas, el debate sobre el fracking se mezcla con la incertidumbre geológica, y la gestión de las donaciones privadas enfrenta escrutinio judicial y mediático.

Las autoridades destacan los avances en el registro de damnificados, los desembolsos parciales y las alianzas público-privadas. Los afectados y la oposición insisten en que las promesas aún no se traducen en techos seguros y en una recuperación digna para todos. El terremoto del 10 de agosto no solo movió la tierra: dejó al descubierto las debilidades de la respuesta institucional y social ante un desastre de esta magnitud. La historia, tres meses después, sigue escribiéndose entre escombros, réplicas y reclamos.

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