Colombia cede sus recursos naturales a Estados Unidos, otra vez el legislativo queda al margen

Barranquilla fue el escenario elegido por el presidente Abelardo de la Espriella para recibir a Marco Rubio y proclamar el relanzamiento de la relación bilateral con Estados Unidos. Los “Acuerdos de Barranquilla” suenan ambiciosos: reconstrucción tras el sismo, inversión, minerales estratégicos, cooperación nuclear civil y un refuerzo de la seguridad regional. El mandatario habló de una alianza “más firme que nunca” y de pasar de la solidaridad de emergencia a una asociación de largo plazo.
Sin embargo, el anuncio llega sin que el Legislativo haya tenido voz ni voto sobre el contenido de los memorandos firmados. No es la primera vez. De la Espriella ya había avanzado en el acercamiento con Washington —incluyendo conversaciones previas a su posesión y el discurso de “aliados principales”— sin pasar por un debate o ratificación congresional de un marco general de alianza. Ahora, con estos documentos protocolarios, el patrón se confirma: el Ejecutivo decide, firma y presenta los hechos consumados.
En el derecho colombiano, los tratados formales que crean obligaciones nuevas o afectan de manera significativa la soberanía deben tramitarse ante el Congreso y luego pasar por control de constitucionalidad. Los memorandos de entendimiento, en cambio, se diseñan precisamente para evitar ese camino. Son flexibles, reversibles y no obligan. El Gobierno puede argumentar, con razón técnica, que no necesita aval legislativo para este tipo de instrumentos. Pero el mensaje político es otro: las decisiones estratégicas de política exterior y de recursos naturales (minerales críticos y potencial nuclear) se toman en el salón de la presidencia alterna, no en el Capitolio.
La oposición ya empezó a cuestionarlo. Voces del Pacto Histórico, entre ellas la de Iván Cepeda, han advertido que se trata de compromisos que tocan aspectos sensibles de soberanía y que todo convenio internacional de este calibre debería pasar por el Congreso. El argumento no es nuevo en la historia reciente de Colombia: acuerdos de cooperación con Estados Unidos han generado debates intensos precisamente cuando se percibe que el Ejecutivo elude el control parlamentario.
De la Espriella llega al poder con una bancada propia reducida y ha privilegiado desde el primer día la vía de los decretos y las decisiones administrativas. Su gobierno ha mostrado preferencia por la velocidad y la unilateralidad en seguridad, reconstrucción y ahora en la relación con Washington. Gobernar saltándose o minimizando al Legislativo puede acelerar resultados visibles, pero erosiona el contrapeso institucional y alimenta la narrativa de que las grandes decisiones se toman entre el presidente y sus interlocutores externos.
Los Acuerdos de Barranquilla pueden convertirse en proyectos concretos de inversión y cooperación, o quedarse en intenciones diplomáticas. Lo que ya es concreto es el método: Abelardo de la Espriella vuelve a actuar como si el Congreso fuera un trámite opcional cuando se trata de redefinir la alianza con Estados Unidos. Si esta lógica se consolida, el Legislativo no solo perderá influencia en política exterior; perderá, poco a poco, su capacidad de ser el escenario donde se deliberan los grandes rumbos del país.
