La JEP cita a Rodrigo Londoño y Sandra Ramírez, aunque, advierte que podría dejar de existir por asfixia presupuestal

En una jornada de alta tensión institucional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vivió dos noticias que, aunque distintas en apariencia, se entrelazan en el delicado momento que atraviesa el principal mecanismo de justicia transicional del Acuerdo de Paz de 2016. Por un lado, la Sala de Reconocimiento de Verdad citó a rendir versión a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo, figura histórica de las Farc y expareja de Manuel Marulanda Vélez. Por el otro, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, lanzó una alerta máxima: las iniciativas presupuestales que cursan en el Congreso podrían dejar inoperante al tribunal, al punto de equivaler a su cierre práctico.
La coincidencia de ambas decisiones, anunciadas el mismo viernes, ilustra la paradoja que enfrenta la justicia transicional colombiana: mientras avanza en el esclarecimiento de graves crímenes del conflicto armado —violencia sexual, reclutamiento de menores y violencias de género—, enfrenta una amenaza existencial por recortes de recursos que, según su máxima autoridad, pondrían en riesgo el cumplimiento de su mandato constitucional e internacional.
Las citaciones: Londoño y el Secretariado por violencia sexual; Ramírez por reclutamiento de menores
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP convocó a seis integrantes del último Secretariado de las Farc-EP a rendir versión en el marco del Caso 11 (subcaso 03), que investiga hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos dentro de las filas entre 1990 y 2015. Los citados son:
- Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko)
- Jaime Alberto Parra Rodríguez (El Médico)
- Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez)
- Pablo Catatumbo Torres Victoria
- Pastor Lisandro Alape Lascarro
- Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada)
Según la información revelada por medios y confirmada por la propia jurisdicción, el llamado busca establecer si la cúpula conocía, ordenó o permitió un patrón de violencias contra al menos 34 víctimas acreditadas —30 de ellas directas—, que incluyen abusos sexuales, abortos forzados, amenazas de consejos de guerra y fusilamientos contra mujeres reclutadas. El caso se enmarca en la investigación de crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual y de género.
De manera paralela, la misma Sala citó a Sandra Ramírez Lobo Silva, conocida en las filas como Griselda Lobo y expareja del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín Marín (Tirofijo). La citación se produce en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado, así como las violencias intrafilas cometidas en su contra (tratos crueles, tortura, homicidio, violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio).
La magistrada Lily Rueda Guzmán, ponente del caso, consideró necesario profundizar en la trayectoria de más de 30 años de Ramírez dentro de la organización, las funciones que desempeñó (comunicación, radioperadora, documentación e información entre Marulanda y los mandos de bloque) y su eventual “poder de facto”. La Sala busca determinar si su relación personal con el máximo comandante, sumada a su posición, le confirió influencia sobre otros integrantes y si tuvo conocimiento o intervención en las violencias sufridas por menores, especialmente niñas. Varias víctimas, entre ellas Deisy Dorelly Guanaro (reclutada a los 10 años), han señalado a Ramírez en denuncias relacionadas con abusos.
Estas citaciones no constituyen aún imputaciones ni declaraciones de responsabilidad. Se trata de versiones voluntarias orientadas a contrastar información, aportar verdad y avanzar en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad. La JEP ha enfatizado que el aporte de verdad no implica necesariamente reconocimiento de cargos, pero sí forma parte del proceso de contrastación que debe conducir a resoluciones de conclusiones y, eventualmente, a sentencias.
La amenaza presupuestal: “El ataque más grave que ha recibido la JEP”
Mientras la Sala de Reconocimiento avanzaba en estas convocatorias, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se pronunció en la rendición de cuentas 2026 y en declaraciones a medios sobre lo que calificó como una estrategia combinada para impedir el funcionamiento de la jurisdicción.
El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional (partido de la coalición de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella), radicó proposiciones para restar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP en 2027 y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. El objetivo declarado es fortalecer la justicia ordinaria mediante la creación de nuevos despachos o la formalización de cargos. De la Espriella respaldó públicamente la iniciativa con un mensaje en redes: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.
La JEP ya enfrentaba una desfinanciación previa. Solicitó inicialmente 947.642 millones de pesos para 2027; el proyecto de Presupuesto General de la Nación le asignó aproximadamente 821.803 millones (unos 125.000 millones menos). Si se aprueba el recorte adicional de 100.000 millones, el impacto total se aproximaría a 185.000 millones de pesos. Según Ramelli, esto afectaría de manera directa:
- El 62 % del rubro de adquisición de bienes y servicios (hoy estimado en 161.271 millones).
- Los convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (más de 62.000 millones), esenciales para la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios.
- Arriendos, servicios públicos y mantenimiento de sedes (alrededor de 29.000 millones).
- Sistemas de información, centro de datos e interoperabilidad (impacto superior al 40 %).
“Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar”, afirmó Ramelli en diálogo con Caracol Radio. “No tendríamos ni siquiera sede. Sería una corte en internet”. Advirtió que la entidad no podría garantizar esquemas de protección, realizar audiencias ni cerrar las investigaciones en su fase más crítica. “No habría forma de funcionar”.
El magistrado subrayó que 2026 y 2027 son años decisivos: en lo que resta de 2026 la Sala de Reconocimiento debe concluir los macrocasos, y en 2027 la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) debe culminar las imputaciones. “Ni estamos pidiendo prórrogas, ni estamos pidiendo que nos amplíen nada. Estoy diciendo que estamos cumpliendo y, por eso, es tan importante el presupuesto del próximo año, porque es el presupuesto del cierre de las investigaciones”, explicó.
Gómez y sectores afines justifican el recorte cuestionando los resultados de la JEP: aseguran que ha costado cerca de 4 billones de pesos, ha proferido pocas sentencias (las primeras llegaron en 2025) y mantiene una estructura costosa con más de 1.400 funcionarios de planta y cientos de contratistas. La han calificado de “jurisdicción de la impunidad” y “fortín burocrático”. De la Espriella, durante la campaña, ya había anunciado su intención de revisar o eliminar la entidad por considerarla un “bodrio” de alto costo.
El llamado internacional y los blindajes de la JEP
Ramelli anunció que la JEP pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Argumentó que se trata de una “estrategia de asfixia económica” que vulnera la autonomía e independencia del tribunal y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
La JEP cuenta con blindajes constitucionales (Actos Legislativos 01 de 2017 y normas estatutarias) y un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la CPI firmado en 2021, en el que el Estado se comprometió a no derogar ni desfinanciar el sistema de justicia transicional. Su mandato temporal se extiende, en principio, hasta 2038, aunque existen iniciativas paralelas para limitar prórrogas y acelerar su cierre.
Más de 300.000 víctimas individuales y colectivas participan ante la jurisdicción. Miles de comparecientes de la fuerza pública y de las antiguas Farc tienen seguridad jurídica atada al proceso. Un eventual colapso presupuestal, advierten desde la JEP, no solo afectaría la continuidad de las investigaciones en curso —incluyendo las versiones de Londoño, Ramírez y el resto del Secretariado—, sino que generaría un vacío de justicia que podría reabrir la competencia de la Corte Penal Internacional.
Una jornada que define el futuro de la justicia transicional
La citación a dos de las figuras más emblemáticas de las antiguas Farc y la alerta de asfixia presupuestal ocurren en un contexto político marcado por el cambio de gobierno y por un debate abierto sobre el costo y los resultados de la JEP. Mientras la jurisdicción avanza en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad —violencia sexual intrafilas y reclutamiento de menores—, enfrenta una presión fiscal que, según su presidente, pone en riesgo su misma existencia.
El Congreso debatirá en los próximos días el Presupuesto General de la Nación 2027. De las decisiones que se tomen dependerá si la JEP puede seguir operando con la autonomía e independencia que le confiere la Constitución y el Acuerdo de Paz, o si, como advirtió Ramelli, se convierte en una entidad nominal sin capacidad real de cumplir su mandato. En paralelo, las versiones de Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez y los demás comparecientes del Secretariado marcarán un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad sobre algunos de los crímenes más graves del conflicto armado colombiano.
La coincidencia de ambas noticias este 18 de septiembre no es solo cronológica: refleja la tensión entre el avance de la justicia transicional y las fuerzas políticas que cuestionan su continuidad. El desenlace de este debate presupuestal y de estos procesos judiciales definirá, en buena medida, el legado del Acuerdo de Paz en materia de verdad, justicia y reparación.
