Sobre el asesinato a la fiscal que investigaba los ataques de EE.UU. contra pescadores ecuatorianos

Foto: Drop Site News

El 14 de junio de 2026, alrededor de las 11 de la mañana, en la concurrida avenida Flavio Reyes de Manta, provincia de Manabí, un sicario a bordo de una motocicleta negra se aproximó a Gloria Alexandra Bravo Cedeño, fiscal de 46 años, y abrió fuego. Su hermana mayor, Olinda Emperatriz Bravo Cedeño, se lanzó a protegerla y también recibió impactos de bala. Ambas murieron en el lugar. El chofer de la fiscal resultó herido. En la escena del crimen los agentes hallaron cinco casquillos de calibre 9 mm. No había rastro de la escolta policial que le había sido asignada para protegerla.

La Fiscalía General del Estado calificó el ataque como una “represalia contra la lucha frontal y permanente” que la institución mantiene contra las estructuras delictivas. Human Rights Watch lo describió como el más reciente asesinato de operadores de justicia en Ecuador y exigió una investigación rápida, creíble e imparcial. Bravo era la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022 y la vigésima sexta persona del sistema judicial ecuatoriano eliminada desde 2020.

Meses después, en septiembre de 2026, el caso resurgió con fuerza a través de reportajes y publicaciones en redes. El medio independiente Drop Site News, en una investigación firmada por la periodista ecuatoriana Camila Lourdes Galarza, reveló que Bravo no solo investigaba homicidios y crimen organizado: estaba a cargo de los expedientes de tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas atacadas entre enero y marzo de 2026 —la Fiorella, la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca—. Los sobrevivientes denunciaron ataques con drones, secuestro, tortura y abandono en El Salvador por parte de hombres armados que hablaban inglés, vestían uniformes con parches de la bandera estadounidense y operaban desde un barco patrullero con bandera de Estados Unidos.

Los ataques a las embarcaciones: testimonios de terror en alta mar

Según los relatos recopilados por organizaciones de derechos humanos y por Drop Site News, las tripulaciones eran pescadores artesanales de la provincia de Manabí, principalmente de Manta y Jaramijó. En varios casos, las embarcaciones habían sido inspeccionadas horas antes por la Guardia Costera ecuatoriana, que no encontró indicios de narcotráfico.

La Fiorella zarpó el 13 de enero de 2026. Días después desapareció. Dos tripulantes que se encontraban en una lancha separada sobrevivieron y relataron haber visto humo en la última ubicación conocida del barco principal. Ocho hombres siguen desaparecidos. El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas respaldó los llamados a investigar y exigió a Estados Unidos información sobre su paradero. Hasta la fecha de la publicación de Drop Site News, Washington no había respondido públicamente.

El 17 de marzo, la Negra Francisca Duarte II, con 16 tripulantes, fue atacada por drones mientras regresaba a aguas ecuatorianas. Los sobrevivientes dijeron que abandonaron el barco en llamas y nadaron hacia la embarcación más cercana: un barco azul tripulado por hombres armados, de habla inglesa, con uniformes y parches de la bandera de Estados Unidos. Relataron haber sido retenidos, vendados, privados de alimentos y de atención médica durante horas o días, interrogados y finalmente entregados a la Armada de El Salvador, desde donde fueron liberados sin cargos. Muchos presentaban lesiones graves: pérdida de visión de hasta el 70 por ciento y heridas en los pies que dejaban expuestos músculos y huesos, compatibles, según expertos médicos, con explosiones y tortura.

Nueve días después, el 26 de marzo, el Don Maca sufrió un ataque similar. Su tripulación de unos 20 hombres describió el mismo patrón: drones, explosiones, rescate por hombres uniformados con insignias estadounidenses, detención y entrega a autoridades salvadoreñas.

Drop Site News aportó elementos adicionales: imágenes térmicas de la NASA que, según el medio, corroboran el bombardeo de la Negra Francisca Duarte II; videos de actividad de la Guardia Costera de Estados Unidos en las inmediaciones del ataque; y datos de rastreo de embarcaciones que coinciden con la ruta descrita por los pescadores tras ser capturados. La periodista Galarza subrayó que primero se descubrieron estas pruebas y luego la fiscal a cargo del caso fue abatida a plena luz del día.

El Pentágono, el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado reiteradamente cualquier conocimiento o participación en estos tres incidentes específicos. Afirman que la Operación Southern Spear —lanzada formalmente en noviembre de 2025— apunta a “narco-terroristas” y ha destruido decenas de embarcaciones con más de 220 muertes reclamadas. Estos tres casos de pescadores no figuran entre los oficialmente reconocidos. Reportes posteriores de medios como The New York Times y The Washington Post señalaron indicios de un posible programa encubierto, incluyendo aviones de patrulla operando desde bases en El Salvador.

No existe evidencia pública sólida de que las tripulaciones de estas tres embarcaciones se dedicaran al narcotráfico. Las familias y los sobrevivientes denuncian que las autoridades ecuatorianas “les cerraron la puerta en la cara”. Una esposa de uno de los pescadores contó a Drop Site News que su suegra murió esperando el regreso de su hijo, sumida en una depresión severa.

Las presiones sobre la fiscal y su asesinato

Alexandra Bravo Cedeño llevaba más de 15 años en la Fiscalía. En Manta se había convertido en una de las fiscales más conocidas por su trabajo en casos de delincuencia organizada, sicariatos, secuestros y homicidios. Además de los expedientes de las tres embarcaciones, tenía a su cargo la investigación del incendio de junio de 2026 que destruyó decenas de barcos pesqueros en el puerto de Manta, con pérdidas millonarias y trabajadores gravemente quemados.

Según Drop Site News, una fuente del departamento de policía de Manta que conocía personalmente a Bravo afirmó que la fiscal estaba bajo presión de sus superiores para tratar los ataques únicamente como “casos de desaparición” y archivar otras líneas de investigación una vez localizados 36 de los 44 hombres. Una investigadora de Human Rights Watch que conversó con Bravo en mayo de 2026 recordó que enfrentaba “desafíos internos dentro de la propia institución” y que otras entidades, incluida la Capitanía del Puerto de Manta, no respondían a sus solicitudes de información. En su última reunión, el 8 de mayo, Bravo dijo que aún se encontraba en las etapas iniciales de la indagación.

Pocos días antes de su muerte fue reasignada a la Fiscalía Multicompetente de Montecristi y retirada de los casos de las embarcaciones. Drop Site News intentó obtener explicaciones de la Fiscalía General del Estado sobre el traslado; la institución respondió que la investigación está bajo reserva y no se pronunció sobre los motivos.

El abogado de derechos humanos Fernando Bastías, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, declaró al medio: “No puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente, cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a cabo. Eso es algo que hemos aprendido de nuestra experiencia en Ecuador”.

La Policía Nacional investiga el asesinato y la ausencia de la escolta. Hasta mediados de septiembre de 2026 no se han reportado avances públicos significativos ni detenciones concluyentes. La Fiscalía insiste en que se trata de una represalia del crimen organizado.

Ecuador bajo fuego: la crisis de inseguridad y el blanco judicial

El asesinato de Bravo se produce en medio de una de las peores crisis de seguridad de la historia reciente de Ecuador. 2025 cerró con alrededor de 8.800 a más de 9.000 homicidios intencionales, el récord histórico. En 2026 las cifras del primer semestre mostraron una leve reducción relativa respecto al año anterior, pero el país sigue registrando niveles de violencia extremadamente altos: entre enero y julio se contabilizaron cerca de 4.800 a 5.000 homicidios. Manabí, Guayas, El Oro y otras provincias costeras concentran gran parte de la letalidad. El sicariato continúa en alza. El gobierno de Daniel Noboa ha decretado reiterados estados de excepción, militarizado cárceles y calles, y catalogado a las bandas como “terroristas”.

Los operadores de justicia se han convertido en un blanco prioritario. El Observatorio de Derechos y Justicia documentó al menos 26 asesinatos de jueces, fiscales y personal judicial desde 2020. Solo en Manta han caído tres fiscales desde 2022: Luz Marina Delgado, Marcelo Vásconez y ahora Alexandra Bravo. En mayo de 2026 fueron asesinados otros dos funcionarios de la fiscalía y una jueza en Machala. La propia Bravo había expresado a Human Rights Watch, semanas antes de morir: “Ser fiscal, en este contexto de crimen organizado, es muy difícil. El peligro está presente siempre”.

La alianza con Estados Unidos y el silencio institucional

Bajo el gobierno de Noboa, Ecuador se ha convertido en un aliado clave de la administración Trump en la región. Se han intensificado las operaciones conjuntas, se ha permitido la presencia de personal estadounidense con inmunidades a través de decretos de excepción y se ha respaldado la campaña marítima conocida como Operación Southern Spear. Críticos señalan que esto ocurre pese a una prohibición constitucional de bases militares extranjeras, reafirmada por referéndum, y pese a un historial de tensiones por hundimientos de embarcaciones en el pasado.

Que una fiscal local investigara posibles bombardeos extrajudiciales y torturas de civiles ecuatorianos por parte de fuerzas estadounidenses resultaba, según analistas citados por Drop Site News, altamente sensible para la alianza bilateral. La Fiscalía General, bajo el actual esquema de poder, ha sido descrita por algunos abogados de derechos humanos como una institución cada vez más opaca y politizada.

Congresistas demócratas de Estados Unidos, entre ellos Joaquín Castro y Bill Keating, enviaron cartas el 13 de junio de 2026 —un día antes del asesinato de Bravo— exigiendo una auditoría completa de la posible participación estadounidense en los ataques. El plazo venció sin respuestas públicas detalladas del Departamento de Defensa ni de la Guardia Costera.

¿Qué se investiga ahora?

Sobre el asesinato de Alexandra Bravo, las autoridades ecuatorianas mantienen abiertas las pesquisas policiales y fiscales, centradas oficialmente en represalias del crimen organizado. No hay indicios públicos de que se esté profundizando en posibles vínculos con su trabajo sobre los ataques a las embarcaciones.

Sobre los propios ataques a los pescadores, la investigación original de Bravo quedó interrumpida por su reasignación y muerte. La Fiscalía General mantiene el expediente bajo reserva. Estados Unidos sigue sin ofrecer una explicación pública y detallada. Las familias de los desaparecidos y los sobrevivientes continúan exigiendo respuestas. Organizaciones internacionales de derechos humanos mantienen la presión.

El caso de Alexandra Bravo resume varias de las tensiones más graves que atraviesa Ecuador: la fragilidad del sistema de justicia frente al crimen organizado, la opacidad de las operaciones internacionales de seguridad, el costo humano de una guerra contra las drogas que, según los testimonios de los sobrevivientes, ha alcanzado a pescadores civiles que solo buscaban el sustento en el Pacífico, y el riesgo mortal que enfrentan quienes intentan investigar posibles delitos de Estado.

Tres meses después del doble asesinato en Manta, el rugido de los reportajes independientes y de las redes sociales mantiene vivo el reclamo de verdad y justicia. Mientras las investigaciones oficiales permanecen bajo reserva o sin avances públicos, las preguntas siguen abiertas: ¿quién ordenó el ataque a las embarcaciones? ¿Por qué se trató a pescadores como narcotraficantes? ¿Quién silenció a la fiscal que investigaba esos hechos? Y, sobre todo, ¿habrá alguna vez respuestas?

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