¿Por qué la campaña contra la mendicidad en Copacabana deshumaniza la pobreza?

Foto: Alcaldía de Copacabana

Bajo el lema “Copacabana le dice NO a la mendicidad”, la administración municipal de este rincón de Antioquia ha lanzado una ofensiva comunicativa que, a primera vista, se arropa con el manto de la sensatez técnica. El argumento institucional es de manual: dar dinero en las calles financia el microtráfico, perpetúa la habitancia en el espacio público y sabotea los programas oficiales de resocialización. Sin embargo, detrás de la pulcritud de los folletos y el discurso del orden, se esconde una premisa que roza la crueldad ética y colisiona con el marco constitucional del país, confundiendo la erradicación de la miseria con la desaparición de los miserables.

La lógica de la alcaldía comete un error de raíz al homogeneizar la vulnerabilidad. Al dictaminar un veto abstracto a la ayuda bajo la premisa de “no cooperar informalmente”, la campaña invisibiliza que el auxilio en la calle va mucho más allá de las monedas. Quien se acerca a un semáforo a ofrecer un trozo de pan, una fruta o una chaqueta para pasar la noche fría no está financiando una adicción; está respondiendo a un imperativo biológico y humano inmediato. Al cerrar esa puerta, la normativa de facto criminaliza cualquier acto de empatía comunitaria, dejando a las personas en situación de calle en un desamparo absoluto mientras se activan los —muchas veces lentos y burocráticos— canales institucionales.

El blindaje legal: Solidaridad y autonomía en Colombia

Este enfoque prohibitivo no solo es éticamente cuestionable, sino jurídicamente insostenible a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, las personas en situación de calle son consideradas sujetos de especial protección constitucional. La corporación ha dejado claro que las políticas públicas locales no pueden imponer el bienestar a la fuerza ni castigar los lazos de apoyo civil. 

Existen tres pilares constitucionales clave que desarmarían cualquier intento de coartar la libre asistencia ciudadana en Copacabana:

  1. El principio fundamental de solidaridad (Artículo 1º de la Constitución): La Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la solidaridad. Entregar alimentos, vestuario o ayuda de subsistencia es una manifestación directa de este deber ciudadano. La Corte ha señalado (como en la Sentencia T-415 de 2025) que el Estado no puede monopolizar la beneficencia ni castigar la compasión social cuando las propias redes estatales son insuficientes para cubrir el hambre de forma inmediata.
  2. El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual (Artículo 16): En fallos históricos como la Sentencia T-043/15, la Corte Constitucional determinó que la mendicidad ejercida de manera autónoma es legítima y forma parte de las opciones vitales de un individuo, por dolorosa que sea para la sociedad. El alto tribunal establece que el ciudadano habitante de calle conserva su autonomíapara decidir de forma libre si acepta o no los programas estatales de resocialización; por ende, condicionar su alimentación básica a que “se someta” a una ruta institucional es una coacción ilegal.
  3. Inexigibilidad de sanciones por condiciones inevitables: En sintonía con la Sentencia C-062/21 —donde se prohibió sancionar a habitantes de calle por realizar necesidades fisiológicas ante la falta de baños públicos—, la justicia colombiana reconoce que estas personas carecen de la infraestructura mínima para subsistir. Negarles el sustento o la comida que terceros ofrecen voluntariamente equivale a imponerles una pena de desnutrición por su propia condición de pobreza material. 

La adicción como consecuencia, no como causa

La narrativa oficial suele pintar al habitante de calle como un engranaje consciente de la delincuencia o un adicto por elección. La realidad psicológica es mucho más desgarradora: las sustancias psicoactivas son, para la mayoría, la anestesia obligatoria para soportar el fracaso sistémico, el hambre, el abandono familiar y la hostilidad de dormir sobre el asfalto. Al condicionar la ayuda únicamente al ingreso a un albergue, se ignora la dignidad de quienes, en su libre albedrío resquebrajado, todavía no se sienten listos o dignos de iniciar un proceso de desintoxicación.

El verdadero peligro de estas medidas es el desplazamiento de la responsabilidad moral y la denigración social. Al enseñarle al ciudadano que “ayudar está mal”, se limpia la conciencia colectiva. El transeúnte ya no siente compasión; ahora siente la superioridad moral de negar un plato de comida bajo el pretexto de que está “haciendo lo correcto por el municipio”. La persona en la calle deja de ser un sujeto de derecho y pasa a ser tratada como un estorbo visual o un vector de inseguridad que debe ser reportado a una línea telefónica, como quien denuncia una bombilla rota o un bache en la vía pública.

La idea de canalizar los recursos puede tener una intención técnica loable, pero su ejecución actual resulta éticamente reprobable y legalmente frágil. Copacabana no resolverá el problema de sus calles convirtiendo la solidaridad vecinal en un acto bajo sospecha. Mientras las rutas oficiales de la alcaldía tengan horarios de oficina y cupos limitados, el hambre en las aceras no esperará. Negarle un pan a quien lo pide, en nombre de una futura e hipotética política social, no es pedagogía urbana; es, llanamente, una forma institucionalizada de crueldad.

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