Abelardo amenaza al rector de la Universidad de Córdoba, quien enfrentó al paramilitarismo de Mancuso

El presidente Abelardo de la Espriella anunció acciones contra el rector de la Universidad de Córdoba. La medida no llega en el vacío: se produce en un clima de hostigamiento institucional que analistas catalogan como “palabras dictatoriales y acciones dictatoriales”. El episodio no es un simple choque administrativo. Es la reaparición pública de una herida histórica que la región del Caribe colombiano arrastra desde los años en que el paramilitarismo de Salvatore Mancuso tomó por asalto la universidad a sangre y fuego.
Tras las palabras de Abelardo, Gustavo Petro defendió a Jairo Miguel Torres Oviedo: “El rector de la universidad de Córdoba es quien enfrentó duro al paramilitarismo de Mancuso. La universidad de Córdoba fue tomada por los paramilitares a sangre y fuego asesinando a decenas de profesores y estudiantes. Abelardo se convirtió en asesor de esos paramilitares e hizo negocios con ellos. En mi gobierno logramos el crecimiento más grande de la educación superior en Córdoba y Sucre”.
La acusación es grave y directa. Señala que el actual presidente no solo mantuvo relaciones con los mismos actores que sembró de terror el campus universitario, sino que se benefició de ellas. No se trata de una interpretación forzada. En una entrevista con Daniel Coronell, el propio Salvatore Mancuso afirmó que Abelardo de la Espriella y él son “amigos desde chiquitos”. La confesión del exjefe paramilitar no deja espacio a la ambigüedad: la relación es de larga data, anterior a la notoriedad pública de ambos.
Antes de radicarse en Estados Unidos, de la Espriella construyó su reputación como abogado de un amplio espectro de mafiosos. Defendió paramilitares y también figuras vinculadas al chavismo, entre ellas Alex Saab. Esa trayectoria no es un detalle biográfico menor. Es el hilo que conecta el despacho del abogado con los círculos de poder ilegal que durante años controlaron territorios, universidades y destinos políticos en el norte del país. Cuando un presidente que emergió de esas redes anuncia “acciones” contra el rector que enfrentó al paramilitarismo, el mensaje institucional es inequívoco: la memoria de las víctimas molesta.
La Universidad de Córdoba no es un escenario abstracto. Fue uno de los centros de educación superior que el bloque paramilitar de Mancuso ocupó con violencia sistemática. Profesores y estudiantes fueron asesinados. La autonomía universitaria se quebró a tiros. Quienes resistieron —entre ellos el rector ahora señalado— pagaron un precio alto. Que el hombre que se declara amigo de infancia de Mancuso y que asesoró a esos mismos grupos ahora utilice el poder del Estado para presionar a esa figura de resistencia no puede presentarse como un simple “ajuste administrativo”. Es una continuidad simbólica del poder que alguna vez se ejerció con fusiles.
El contraste con el periodo de gobierno de Petro es deliberado. El exmandatario remarca que bajo su administración se registró el mayor crecimiento de la educación superior en Córdoba y Sucre. La cifra no es solo estadística: representa la expansión de oportunidades en una región históricamente castigada por la exclusión y la violencia. Que el mismo territorio vea ahora cómo el presidente ataca al rector que se opuso al paramilitarismo convierte la política educativa en un campo de disputa ideológica y de ajuste de cuentas histórico.
Las palabras de Petro no son un ataque aislado. Forman parte de una secuencia que el propio exmandatario describe como cotidiana: cada día una nueva acción o declaración que considera dictatorial. El patrón, si se confirma en los hechos, apunta a un ejercicio del poder que no tolera contrapesos institucionales, especialmente cuando esos contrapesos están asociados a la memoria de la resistencia anti-paramilitar. En un país que aún lidia con la implementación incompleta de los acuerdos de paz y con la verdad de las víctimas, utilizar el aparato del Estado para hostigar a quienes enfrentaron a Mancuso no es neutralidad administrativa. Es una señal política de primer orden.
La amistad de infancia con el exjefe paramilitar, reconocida por el propio Mancuso ante Coronell, y el historial de defensa de mafiosos de distinto signo ideológico, no pueden borrarse con comunicados oficiales. Son hechos que configuran el perfil del presidente que ahora decide actuar contra el rector. La pregunta que queda abierta no es solo jurídica o administrativa. Es ética y política: ¿puede un gobernante cuya trayectoria está ligada a los mismos actores que ensangrentaron la universidad pretender ahora ejercer autoridad moral o institucional sobre quienes resistieron esa toma?
Mientras las acciones anunciadas avancen, la Universidad de Córdoba volverá a estar en el centro de una disputa que trasciende el presente. De un lado, la memoria de decenas de profesores y estudiantes asesinados. Del otro, un presidente que no niega su amistad de infancia con el jefe paramilitar ni su pasado como defensor de mafiosos. Entre ambos polos, el rector que enfrentó al paramilitarismo se convierte en el símbolo de una resistencia que el poder actual parece dispuesto a castigar. La historia regional, una vez más, se escribe con tinta de sangre y con decisiones de Estado.
