¿El estado bombardeó a civiles en Tibú?

La población civil del Catatumbo sigue atrapada en el fuego cruzado y la militarización avanza

Foto: RR.SS.

En el Catatumbo la guerra no da tregua y la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella celebra operativos aéreos contra estructuras ilegales, denuncias desde la vereda El Diamante, en Tibú (Norte de Santander), apuntan a que el costo lo pagan familias campesinas. Al mismo tiempo, en Bogotá, militares armados entran a las instalaciones principales de Ecopetrol en una decisión que normaliza la presencia de fusiles en espacios de trabajo. El panorama de los primeros meses del gobierno revela una apuesta por la militarización y la ofensiva, con resultados que incluyen un aumento de uniformados muertos y comunidades que se sienten abandonadas.

Denuncias desde El Diamante y la ofensiva oficial

El 9 de noviembre de 2026 el presidente autorizó la operación Noah: bombardeos de la Fuerza Aérea y el Ejército contra campamentos del Frente 33 de las disidencias de las Farc (facción de alias Calarcá) en zona rural de Tibú. El balance oficial: cuatro muertos, seis capturados (incluido alias Barba Chivo o Costeño, señalado cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño), siete fusiles y 15 granadas adaptadas para drones. De la Espriella lo presentó como un golpe contundente: “En Colombia la autoridad se respeta”. Según el conteo de medios, este fue el séptimo bombardeo ordenado por el mandatario y el tercero en Norte de Santander.

Horas después y en días cercanos, habitantes de la vereda El Diamante denunciaron un ataque con drones cargados de explosivos que dejó un civil muerto, dos heridos y al menos 16 viviendas afectadas o destruidas. El presidente de la Junta de Acción Comunal grabó videos mostrando casas destrozadas y un cuerpo, y reclamó: “Son viviendas de civiles. Entonces, la guerra es contra nosotros los civiles… nosotros no tenemos apoyo de Gobierno”. Senadoras del Pacto Histórico difundieron la denuncia y exigieron esclarecimiento. Reportes de medios locales y nacionales, así como de organizaciones de víctimas, atribuyen los ataques con drones a la confrontación entre el ELN y las disidencias, que se disputan el control territorial del Catatumbo y han usado esta tecnología de manera creciente (más de 70 ataques contra fuerza pública y cerca de 40 contra civiles en el año, según reportes previos; el alcalde de Tibú reporta más de 100 ataques con drones en el municipio solo en 2026). Comunidades en Versalles ya habían salido con banderas blancas días antes.

La distinción entre el bombardeo oficial contra campamentos y los ataques con drones sobre viviendas civiles es clave. Las autoridades no han presentado evidencia pública que vincule directamente el operativo aéreo estatal con las víctimas de El Diamante; las denuncias locales y de oposición insisten en que la población queda en medio y que la respuesta del Estado es insuficiente. En una región donde los grupos armados siembran minas, usan drones y se enfrentan entre sí, la ofensiva militar sin protección efectiva a civiles alimenta la percepción de abandono.

Militarización de espacios laborales: Ecopetrol bajo fusiles

El 9 de noviembre, militares armados ingresaron al edificio principal de Ecopetrol en Bogotá. La normativa interna de la empresa prohíbe el porte de armas, incluso para seguridad privada. La entrada fue autorizada por la Gerencia de Seguridad, dirigida por el general (r) Eduardo Zapateiro. La justificación oficial: la campaña “Correo de gratitud”, en la que se invita a los trabajadores a agradecer a los militares por “cuidar a la ciudadanía”.

Reportes sindicales y de medios señalan que esto viola normas internas y estándares internacionales de derechos humanos sobre la militarización de espacios laborales. Al frente de Ecopetrol está Joaquín Gutiérrez Caballero, cercano al presidente. Convertir la sede de la principal empresa estatal en un escenario de presencia armada militar, bajo el pretexto de una campaña de imagen, envía un mensaje claro de priorización de la lógica de seguridad sobre la autonomía laboral y civil.

Militarización urbana y el costo en uniformados

De la Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta tras una ola de violencia. El Ejército reforzó presencia en coordinación con la Policía, y se activaron la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana. Voces como la del general (r) Luis Ernesto Gilibert cuestionaron la idea de militarizar ciudades: las funciones de Policía y Fuerzas Militares son distintas.

Los números de los primeros meses del gobierno muestran el precio elevado en uniformados. El ELN y las disidencias aparecen como principales responsables. Ataques con drones contra instalaciones militares se repiten con intensidad creciente.

Cauca y el patrón nacional

En el Cauca la vía Panamericana sigue bajo presión: ataques con drones y explosivos contra peajes, presencia de disidencias, disparos y bloqueos. Situaciones que se extienden a otras regiones. La confrontación entre grupos armados y la respuesta estatal de ofensiva y militarización se replican: más tropa, más operaciones, más civiles en medio y más uniformados caídos.

La estrategia de mano dura, bombardeos autorizados y presencia militar en ciudades y empresas se presenta como recuperación de autoridad. Los datos de víctimas uniformadas, las denuncias de comunidades en Tibú que piden protección y no solo operativos, y la normalización de fusiles en oficinas de Ecopetrol plantean una pregunta incómoda: ¿se está fortaleciendo el Estado o se está militarizando la vida cotidiana mientras la guerra total entre grupos armados sigue cobrando su precio en la población civil? Las autoridades deben esclarecer de manera transparente e independiente lo ocurrido en El Diamante. Mientras tanto, las banderas blancas en el Catatumbo y los militares en los pasillos de Ecopetrol dibujan un país donde la lógica de la fuerza avanza más rápido que la protección de quienes no portan armas.

Otros bombardeos del Estado y ataques con drones de grupos armados en los días posteriores

En los días siguientes al 9 de noviembre la violencia no cesó. El 10 de noviembre las Fuerzas Militares ejecutaron la operación Nehemías en Tarazá (Antioquia) contra un campamento de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, con un balance de ocho integrantes abatidos. Además, fuentes militares confirmaron un bombardeo de alta precisión en Vichada (no anunciado inicialmente) contra un círculo de seguridad cercano a alias Iván Mordisco, sin reportes de afectaciones a civiles. Con estos y el de Tibú, el gobierno de De la Espriella acumula al menos siete u ocho bombardeos oficiales (más operaciones no reportadas de inmediato).

Por el lado de los grupos armados, el 12 de noviembre (jueves) se registró uno de los ataques más graves con drones en el Catatumbo: un enjambre de aproximadamente 15-20 drones cargados de explosivos (algunas versiones hablan de hasta 30 dispositivos) impactó a tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 del Ejército en la vereda Barco La Silla (o Parco La Silla), zona rural de Tibú, muy cerca de la frontera con Venezuela. El saldo oficial fue de cuatro militares muertos (cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor) y cinco heridos graves. Las autoridades investigan la autoría del ELN y la hipótesis de que los drones fueron operados desde territorio venezolano. El alcalde de Tibú, Richard Claro, subrayó que el municipio supera los 100 ataques con drones en 2026, tanto contra fuerza pública como contra civiles.

Estos hechos refuerzan el patrón: ofensivas estatales con bombardeos, respuesta de los grupos armados con drones (incluidos ataques desde el otro lado de la frontera) y comunidades civiles que siguen pagando el precio más alto en medio del fuego cruzado.

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