Caso ‘Pegasus’: Fiscalía de Barbosa, en el gobierno de Iván Duque, habría usado tecnología de geolocalización sin orden judicial

Foto: Colombia Reports

Exfiscal Francisco Barbosa habría autorizado el uso de esta tecnología durante su mandato, según una reciente revelación, que sacude los cimientos de la Fiscalía General de Colombia, realizada por el periodista Gonzalo Guillén de acuerdo con sus fuentes judiciales. Guillén denunció en redes sociales el uso de tecnología de geolocalización avanzada sin orden judicial en el país, gracias a la donación de equipo adicional de espionaje por parte de la Embajada de Israel.

La tecnología, conocida como Nikita, fue supuestamente utilizada por la Fiscalía para rastrear a ciudadanos colombianos sin los debidos permisos judiciales, una práctica que violaría derechos fundamentales y las garantías de privacidad de los ciudadanos.

Según las fuentes a Guillén, la Embajada de Israel habría entregado un vehículo especializado al organismo de justicia colombiano después de la adquisición del polémico software espía Pegasus, empleado en diversos países para interceptar comunicaciones y realizar seguimientos digitales. Este nuevo dispositivo, denominado Nikita, permite geolocalizar personas en tiempo real y hacerles un seguimiento exhaustivo sin dejar evidencia legal que pueda ser usada en tribunales.

Guillén publicó en su cuenta de Twitter detalles alarmantes sobre cómo se estaría llevando a cabo esta actividad ilegal, describiendo el proceso de espionaje que, según él, involucra la instalación de Nikita en el antiguo edificio del DAS en Paloquemao, Bogotá.

“La embajada de Israel después de la compra de Pegasus donó un vehículo a la @FiscaliaCol, vehículo que introdujeron en las instalaciones del antiguo DAS en Paloquemao, al que llaman Nikita; desde allí, vía satélite, ubican la voz del ciudadano que quieren interceptar sin orden judicial y le hacen todo el seguimiento”, escribió Guillén en Twitter. La denuncia también incluye declaraciones de fuentes judiciales anónimas que, según el periodista, habrían confirmado la existencia y operación de este sistema para interceptar comunicaciones y vigilar ciudadanos colombianos.

Un uso ilegal en la estructura de casos

El periodista además reveló que la información recolectada a través de Nikita se utiliza para la estructuración de casos en la Fiscalía, aunque esta no se pueda presentar como prueba en un tribunal debido a su naturaleza ilegal. “Como es una prueba ilegal, la emplean para que los fiscales tengan suficiente información del investigado. Información que no pueden presentar en juzgados pero que sí les sirve para estructurar casos”, escribió Guillén.

Según las declaraciones de Guillén, el exfiscal Francisco Barbosa habría autorizado el uso de esta tecnología durante su mandato, argumentando que este tipo de herramientas serían empleadas “en bien de la ley”. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía recurra a métodos ilegales para rastrear ciudadanos, de confirmarse, constituiría una violación grave de los derechos constitucionales de los colombianos.

Implicaciones legales y éticas

La revelación plantea serios cuestionamientos sobre la conducta de la Fiscalía y la relación con proveedores internacionales de tecnología de espionaje. En el caso de ser ciertas, estas prácticas representan una violación directa a la Constitución y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que la interceptación y geolocalización de personas sin orden judicial está explícitamente prohibida por la legislación colombiana. La posible participación de la Embajada de Israel en la donación de Nikita también genera dudas sobre la naturaleza de la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad.

Por el momento, las autoridades no han respondido oficialmente a las denuncias de Guillén, y no existen confirmaciones públicas por parte de la Fiscalía o de la Embajada de Israel. Sin embargo, las declaraciones del periodista han generado una ola de indignación y alarma entre la opinión pública, que demanda explicaciones sobre el posible uso de tecnología de espionaje sin el debido proceso judicial.

¿Cuáles son los próximos pasos?

En un contexto de desconfianza en las instituciones, esta denuncia podría desencadenar investigaciones internas o en el Congreso colombiano para esclarecer la situación y revisar la legalidad de los recursos utilizados por la Fiscalía. Asimismo, los organismos de derechos humanos han expresado su preocupación y podrían intervenir para exigir respuestas a las autoridades.

La acusación de espionaje sin orden judicial en Colombia pone sobre la mesa la necesidad de un control riguroso y transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia, especialmente en instituciones que, como la Fiscalía, son responsables de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y actuar bajo el estricto marco de la ley.

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