El ocaso de un “titán”: Álvaro Uribe enfrentado a la sombra del soborno y la manipulación

Juicio contra Álvaro Uribe Vélez, el hombre que alguna vez fue aclamado como el salvador de Colombia y hoy se tambalea al borde de una condena histórica, ha tomado un giro devastador esta semana con el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. En una audiencia cargada de tensión el pasado lunes 7 de abril, ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, Vélez lanzó una acusación que resuena como un martillo sobre el legado del expresidente: Diego Cadena, su abogado de confianza, intentó sobornarlo con 200 millones de pesos para torcer su testimonio a favor de Uribe y encubrir sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Lo que está en juego no es solo la libertad de un exmandatario –que enfrenta hasta 12 años de prisión por fraude procesal y soborno–, sino la credibilidad de un sistema político que durante décadas pareció intocable bajo su sombra.
El relato de Vélez, pronunciado bajo juramento, transporta a la sala al año 2018, cuando, desde la cárcel de Palmira, recibió la visita de Cadena. “Él me dijo que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Me ofreció la plata para desmentir a ‘Pipintá’ y firmar una carta que él mismo escribió”, afirmó el exparamilitar, refiriéndose a Pablo Hernán Sierra, un exjefe de las Autodefensas que había señalado a Uribe como cómplice en la creación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. La carta, según Vélez, fue redactada de puño y letra por Cadena: “La firma y la huella son mías, pero el escrito lo hizo él”. Este detalle, que podría parecer menor, es una pieza clave en un rompecabezas que la Fiscalía lleva años armando: un supuesto entramado criminal diseñado para manipular testigos y proteger al líder del Centro Democrático de las acusaciones que lo persiguen desde hace más de una década.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, intentó desmantelar el testimonio de Vélez en un contrainterrogatorio que, según observadores presentes, resultó más desesperado que efectivo. Granados señaló supuestas inconsistencias en el relato del exparamilitar, pero sus esfuerzos chocaron contra un muro erigido por la propia Corte Suprema de Justicia en un fallo previo: “Ese requisito de ser un testigo veraz en el contexto de estos muy deplorables acontecimientos, al parecer era lo que menos importaba para el procesado el senador Uribe Vélez y sus abogados”. La Corte, con una lucidez que corta como bisturí, destacó que la dudosa credibilidad de Vélez no era un defecto, sino una virtud para quienes lo reclutaron: un hombre con un historial delictivo –condenado a 40 años por concierto para delinquir y homicidios– era el candidato perfecto para ser comprado y moldeado a conveniencia.
El testimonio de Vélez no llega solo. Las pruebas presentadas en el juicio –desde agendas personales hasta recibos de giros– tejen una red que atrapa no solo a Cadena, sino también al propio Uribe. La investigadora Luz Mireya López, de la Policía Judicial, acreditó pagos por más de 10 millones de pesos a familiares y amigos de Vélez, canalizados a través de Rodrigo Echeverry, mensajero de Cadena. Otro testigo, Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, confesó haber recibido 700.000 pesos para “buscar potenciales testigos” en 2019, mientras que Vélez reveló un pacto aún más oscuro: “El pago de la promesa remuneratoria quedó condicionado a que un proceso que tenía en Manizales por Falso Testimonio se resolviera a mi favor”. Aunque salió bien librado de ese proceso, el exparamilitar asegura que no recibió los 200 millones completos, un detalle que, lejos de debilitar su acusación, subraya la precariedad del supuesto plan.
Pero la trama se enreda aún más. Cadena, según su propia declaración ante la Corte en 2019, buscó beneficios judiciales para Vélez a cambio de una entrega de armas, informando de estas gestiones directamente a Uribe. “No fui puntual en el tema de los fusiles”, admitió el abogado, en un intento por minimizar su rol. Sin embargo, esta confesión –junto a interceptaciones telefónicas avaladas por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2025– pinta un cuadro claro: Uribe no era un espectador pasivo, sino un actor consciente en un juego de favores y silencios comprados. La defensa insiste en que no hay pruebas directas contra el expresidente, pero el senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el caso, no duda en calificarlo como el cerebro de un “aparato criminal”. En “El testimonio de Carlos Enrique Vélez es una radiografía de cómo fue urdido y perpetrado el soborno y el fraude procesal por parte del aparato criminal que habría dirigido personalmente el procesado”, afirmó Cepeda en redes sociales, consolidando una narrativa que gana fuerza con cada audiencia.
Este juicio, que arrancó formalmente en 2024 tras años de investigaciones, no es solo un proceso legal; es un ajuste de cuentas histórico. Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con mano dura y un discurso de seguridad que lo convirtió en ícono para unos y villano para otros, enfrenta ahora el peso de las acusaciones que lo han perseguido desde sus días como gobernador de Antioquia. Las Convivir, las masacres paramilitares, los falsos positivos: todos estos fantasmas reaparecen en las declaraciones de exparamilitares como Vélez, Monsalve y Sierra, quienes, aunque manchados por su propio pasado, ofrecen un relato coherente que la justicia no puede ignorar.
La polarización que Uribe despierta sigue intacta. Sus seguidores claman persecución política, señalando al gobierno de Gustavo Petro y a una supuesta “justicia sesgada” como los verdaderos culpables. Sus detractores, en cambio, ven en este proceso un hito largamente postergado: el fin de la impunidad para un hombre que, durante décadas, se creyó por encima de la ley. Sin embargo, más allá de las pasiones, los hechos hablan por sí solos: las interceptaciones telefónicas de 2018, las agendas de Vélez con números de Cadena, los giros documentados, las confesiones de los implicados. Todo apunta a un esquema deliberado para torcer la verdad, y Uribe, guste o no, está en el centro de la tormenta.
El juicio está lejos de terminar. Con más testigos por declarar y un plazo que podría expirar en octubre de 2025 –salvo que Uribe renuncie a la prescripción–, el destino del expresidente pende de un hilo. Pero una cosa es segura: el mito de infalibilidad que lo sostuvo durante años se desmorona. Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar que alguna vez escoltó a Uribe en campaña, según reveló en una entrevista con Revista Raya, podría ser el golpe final. “Álvaro Uribe es el papá de nosotros, es papá de las AUC”, dijo desde la cárcel de Palmira, una frase que resuena como epitafio de una era. Colombia observa, entre la expectativa y el cansancio, cómo uno de sus titanes cae, no por la fuerza de las armas, sino por el peso de sus propios secretos.
