Campesinos desplazados de Turbo claman por la Reforma Agraria, una lucha de una década por la tierra y la dignidad
En la vereda 23 de Enero, en el corazón del municipio de Turbo, Antioquia, 1.243 familias desplazadas por el conflicto armado libran una batalla silenciosa pero persistente. Hace más de diez años, estas comunidades, organizadas bajo la Asociación Agrobipaz y la Junta de Acción Comunal del barrio Envigado, se asentaron en tierras que transformaron en cultivos de plátano, yuca y arroz. Hoy, alzan su voz para exigir al Gobierno nacional la legalización de esos predios y la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral, un pilar de la política agraria que promete transformar la vida de los campesinos colombianos, pero que, según denuncian, aún no llega a quienes más la necesitan.
Una década de resistencia en la tierra
La vereda 23 de Enero es un mosaico de historias de resiliencia. Sus habitantes, víctimas del desplazamiento forzado durante las décadas más crudas del conflicto armado, encontraron en estos terrenos una oportunidad para rehacer sus vidas. Con sus propias manos, levantaron casas de madera y material, improvisaron sistemas de agua y electricidad, y convirtieron suelos baldíos en parcelas productivas. Sin embargo, la falta de títulos de propiedad los mantiene en un limbo jurídico que limita su acceso a créditos, subsidios y programas estatales.
Darío Escobar, vicepresidente de la Asociación Agrobipaz, resume el sentir de la comunidad: “Somos gente desplazada del conflicto armado y llevamos 10 años posesionados en estas tierras, cultivando nuestra alimentación. Nuestro objetivo es que el Gobierno nacional, a través de su política de reforma agraria, nos haga entrega del territorio donde tenemos nuestras parcelas. Somos campesinos que no tenemos tierras para cultivar nuestro pan de cada día”. Sus palabras reflejan no solo la urgencia de una solución, sino también la frustración ante la lentitud de las instituciones encargadas de materializar las promesas del Acuerdo de Paz y la reforma agraria.
Entre las voces que resuenan en la vereda, la de Betis Cecilia Sánchez, integrante de Agrobipaz, destaca por su fuerza y claridad. “Venimos luchando por este terreno, que lo tenemos cultivado con plátano, yuca, arroz. Nos presentamos a la opinión pública para que conozcan que somos campesinos desplazados que merecemos ser escuchados por la Agencia Nacional de Tierras y la SAE. Llevamos 10 años detrás de este proceso, para que nos tengan en cuenta como campesinos que necesitamos el apoyo de todas las autoridades”, afirmó Sánchez.
La líder comunitaria también hizo un llamado al actual Gobierno, autodenominado “del cambio”: “En este lugar, hecho con casas de material y madera, las capacidades no son las mismas para todas las personas. Le queremos mostrar al Gobierno lo que necesitamos los vecinos del Urabá. Estamos aquí esperando la ayuda del cambio”. Su mensaje pone en evidencia las desigualdades que persisten en la región y la necesidad de políticas públicas que atiendan las particularidades de las comunidades rurales desplazadas.
Otra vecina de Turbo, quien prefirió mantenerse en el anonimato, añadió: “Queremos que el gobierno de Petro nos colabore con la legalización de los predios para tener un sostenimiento. Aspiramos a tener una mejor calidad de vida”. Sus palabras reflejan un anhelo compartido: la posibilidad de construir un futuro digno, con acceso a la tierra y a oportunidades que les permitan salir del ciclo de pobreza y exclusión.
Vivienda digna: Otro clamor urgente
La legalización de predios no es el único desafío en la vereda 23 de Enero. Muchas familias carecen de una vivienda adecuada, un problema que se agrava por la precariedad económica y la falta de apoyo estatal. Jairo Yepes, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Envigado, ubicado en esta vereda, explicó: “Este barrio está poblado por personas desplazadas y víctimas de la violencia. Estamos haciendo unas diligencias por medio del senador Omar Restrepo, solicitándole al Gobierno nacional que el subproyecto de Reforma Agraria Integral tenga en cuenta a esta población, que necesita un lote, un terreno donde hacer una vivienda digna, colaborándonos con la legalización de estos predios para ir mitigando un poco las falencias que han tenido anteriores gobiernos con las víctimas y desplazados”.
Yepes subrayó que la comunidad no solo busca tierra para cultivar, sino también un lugar donde establecerse de manera permanente. “La legalización de los predios es clave para que las familias puedan acceder a programas de vivienda y servicios básicos. Sin eso, seguimos en la incertidumbre”, añadió.
El contexto de la Reforma Agraria en Colombia
La Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, busca democratizar el acceso a la tierra, reducir la desigualdad en el campo y reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, su implementación ha enfrentado múltiples obstáculos: trámites burocráticos, falta de recursos, conflictos con grandes propietarios y la persistencia de la violencia en algunas regiones.
En el caso de Turbo, la situación es emblemática. El Urabá antioqueño, históricamente golpeado por el conflicto armado y la desigualdad en la tenencia de la tierra, concentra miles de familias desplazadas que, como las de la vereda 23 de Enero, reclaman su derecho a la tierra. A pesar de los compromisos del actual Gobierno, liderado por Gustavo Petro, de priorizar la reforma agraria, las comunidades denuncian que los avances son insuficientes. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargadas de gestionar los procesos de titulación, aún no han respondido de manera efectiva a las demandas de estas familias.
Un llamado al “Gobierno del cambio”
La lucha de las 1.243 familias de la vereda 23 de Enero es un reflejo de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia agraria. Más allá de la legalización de predios, estas comunidades buscan ser reconocidas como sujetos de derechos, con acceso a la tierra, la vivienda, la educación y la salud. Su mensaje es claro: no quieren promesas, sino acciones concretas que transformen sus condiciones de vida.
Mientras cultivan la tierra que consideran suya, los habitantes de la vereda 23 de Enero mantienen la esperanza de que el “Gobierno del cambio” escuche su clamor. Como expresó Darío Escobar, “somos campesinos que queremos trabajar y vivir con dignidad”. En sus manos, el plátano, la yuca y el arroz no son solo alimentos, sino símbolos de resistencia y de un futuro que, aunque incierto, están decididos a construir.
