Militares habrían liquidado a un líder social en Nariño

Con Keiner Banguera, ya son 119 líderes sociales asesinados en 2026

El 2 de octubre de 2026, en el sector Arenal del municipio de El Charco, Nariño, una embarcación fue interceptada por unidades de la Armada y el Ejército. Horas después, el presidente Abelardo de la Espriella se apresuró a celebrar el resultado en su cuenta de X: un “narcoterrorista” de la estructura 30 de las disidencias de alias Iván Mordisco había sido “dado de baja”. Recuperaron 675 millones de pesos en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición. “Vamos a acabar a esa plaga con la fuerza legítima de las leyes y las armas de la República. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, proclamó el mandatario.

La identidad del muerto, dijo, estaba “en verificación”. No esperó. El relato oficial ya estaba cerrado: otro golpe a las finanzas del narcoterrorismo, otra victoria de la “mano dura” que el presidente prometió desde su posesión el 7 de agosto.

Dos días después, el relato se derrumba. Indepaz identificó al fallecido como Keiner Banguera Mancilla, líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje y del consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje, organizaciones vinculadas al Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA). Según la denuncia del Consejo Comunitario y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente (reddh-fic), Banguera se desplazaba en un bote de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de Infantería de Marina N.° 4 le dispararon. Luego trasladaron su cuerpo al casco urbano. Con él, Indepaz contabiliza 119 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026.

La Defensoría del Pueblo no se limitó a tomar nota. En un pronunciamiento oficial exigió que las circunstancias de la muerte de Keiner Banguera “sean plenamente esclarecidas” y recordó que corresponde a la justicia penal ordinaria determinar qué ocurrió, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y si hay responsabilidades. Anunció que seguirá acompañando a la comunidad y a la familia.

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño fue más explícita: hasta el momento las autoridades no han establecido de manera concluyente que el joven fuera integrante de una organización armada ilegal. “Muchos integrantes de la comunidad reconocen su liderazgo juvenil y señalan que pertenecía al Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje”.

Este no es un caso aislado ni un “error de inteligencia”. Es el patrón que el nuevo gobierno parece estar instalando con velocidad alarmante. De la Espriella llegó al poder prometiendo acabar con los diálogos de paz, imponer “autoridad” y tratar a los grupos armados como “plaga”. En menos de dos meses ha convertido cada operativo en un espectáculo de redes sociales donde la etiqueta “narcoterrorista” se aplica antes de cualquier verificación forense o judicial. Cuando la víctima resulta ser un líder social afro de una zona históricamente abandonada por el Estado y disputada por el EMC, el ELN y bandas locales, el relato oficial no se rectifica: se silencia o se relativiza.

El Charco y el río Tapaje no son un escenario cualquiera. Son territorio de comunidades negras que han resistido durante décadas la violencia de todos los actores armados, incluidos aquellos que hoy el Gobierno dice combatir. La Defensoría ya había alertado, mediante la Alerta Temprana 019/23, sobre el riesgo extremo que enfrentan líderes y defensores en esa región. Que el mismo Estado que debe protegerlos sea señalado de haber disparado primero y preguntado después no es un detalle menor: es la continuación de una lógica de estigmatización que convierte a cualquier persona que se mueva en bote por el río en sospechoso de ser “narcoterrorista”.

El Gobierno de De la Espriella presume cifras de capturas, incautaciones y “dados de baja”. Pero cuando uno de esos “dados de baja” resulta ser un defensor de derechos humanos reconocido por su comunidad, las cifras dejan de ser un logro y se convierten en una acusación. La prisa por anunciar la muerte de un enemigo antes de identificarlo no es contundencia: es irresponsabilidad. Y en un país donde los líderes sociales siguen cayendo a un ritmo aterrador, esa irresponsabilidad tiene nombres y apellidos.

Keiner Banguera Mancilla no era un “narcoterrorista” de la estructura 30 hasta que el presidente lo bautizó como tal en un tuit. Era un joven líder afro del Pacífico nariñense. Ahora su muerte es materia de investigación, como exige la Defensoría. Pero el daño ya está hecho: el mensaje del nuevo gobierno quedó grabado. En esta Colombia de “mano dura”, primero se dispara, luego se verifica y, si resulta incómodo, se calla.

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