Minería ilegal devasta zonas protegidas en Sonsón, Antioquia, mientras el gobierno de Rendón es señalado por inacción

Un grave daño ambiental amenaza los ecosistemas protegidos de la vereda Brasil, sector Los Montes, en el municipio de Sonsón, Antioquia, debido a actividades de minería ilegal que operan sin control. Según denuncias recopiladas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible (Corpades), retroexcavadoras manejadas por grupos armados ilegales ingresaron por la vía hacia El Melcocho, en una zona de alto valor ecológico y turístico que conecta con Río Verde, causando estragos irreparables en el paisaje.
Corpades reporta que estas operaciones, que incluyen dragas funcionando 24 horas al borde del río, han devastado aproximadamente 30 kilómetros de ecosistemas protegidos, sin contar con permisos ambientales. La intervención ha alterado gravemente la biodiversidad y los recursos hídricos de la región, poniendo en riesgo su riqueza natural.
Las comunidades locales, según Corpades, han expresado su preocupación por la aparente inacción de la Gobernación de Antioquia, liderada por Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC), la Alcaldía de Sonsón y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (@Cornare). Más alarmante aún, fuentes citadas por Corpades sugieren la presunta complicidad de algunos funcionarios de estas entidades, quienes habrían facilitado el acceso de maquinaria pesada y la apertura de caminos en áreas protegidas, en detrimento del medio ambiente.
La situación se agrava para los pequeños mineros campesinos de la zona, quienes, según Corpades, son víctimas de extorsión por parte de los grupos armados, obligados a pagar tributos para continuar sus labores. El miedo a represalias ha silenciado a muchos habitantes, generando una profunda desconfianza hacia las autoridades locales y la fuerza pública, cuya respuesta ha sido insuficiente para detener esta problemática.
Corpades exige una investigación exhaustiva para esclarecer la presunta complicidad de funcionarios y frenar el avance de la minería ilegal que amenaza los recursos naturales de Sonsón. La organización hace un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Sonsón y Cornare para que actúen con celeridad, protejan las zonas afectadas y garanticen la seguridad de las comunidades, salvaguardando el patrimonio ambiental de este municipio.
Otros casos de minería ilegal en Antioquia
La crisis en Sonsón no es un caso aislado. Corpades ha documentado situaciones similares en otras subregiones de Antioquia, donde la minería ilegal deja una estela de devastación ambiental y social:
- Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí): Esta zona es una de las más afectadas por la extracción ilegal de oro de aluvión. Corpades reporta que entre 20,000 y 30,000 hectáreas han sido devastadas, con ríos como el Nechí y el Cauca contaminados por mercurio y cianuro. En 2022, más de 3,700 hectáreas de bosque fueron deforestadas, y en febrero de 2023, se registraron 137 alertas por destrucción de ecosistemas. Grupos armados como el Clan del Golfo han intensificado la extorsión a mineros artesanales, generando cierres de comercios como retaliación por operativos policiales.
- Nordeste (Amalfi, Anorí, Remedios): En Amalfi y Anorí, Corpades destaca operativos de 2025 que desmantelaron frentes mineros ilegales en el río Porce, donde se destruían ecosistemas clave para la estabilidad de la hidroeléctrica Porce III. En Remedios, la incautación de mercurio y equipos en 2024 evitó la contaminación de millones de litros de agua, pero la presencia de grupos como el ELN persiste.
- Oriente Antioqueño (San Carlos): Según Corpades, la minería ilegal respaldada por grupos armados ha causado deforestación y contaminación de fuentes hídricas en San Carlos, afectando la calidad de vida de las comunidades y el turismo ecológico.
- Buriticá: En 2025, Corpades informó sobre la recuperación del túnel Yaraguá, controlado por el Clan del Golfo durante cinco años. Este caso evidencia cómo la minería ilegal no solo daña el medio ambiente, sino que desplaza a mineros legales y perpetúa la violencia.
Corpades subraya que estos casos reflejan un patrón de devastación ambiental, extorsión y gobernanza débil en zonas ricas en recursos minerales. La organización aboga por una acción coordinada entre autoridades locales, regionales y nacionales, junto con la formalización de la minería artesanal, para mitigar esta crisis que pone en jaque la biodiversidad y la seguridad de las comunidades antioqueñas.
