La traición del agua: cómo el gobierno de De la Espriella desmanteló en 60 días los escudos de Santurbán y le abrió la puerta a Aris Mining

El agua de más de 2,5 millones de colombianos en Santander y Norte de Santander no está simplemente amenazada: está siendo subastada a plazos cortos por el gobierno que apenas cumple dos meses. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella y su equipo hablan de “seguridad jurídica” y “corrección de vicios”, Aris Mining —la multinacional canadiense dueña del proyecto Soto Norte— acaba de confesar públicamente lo que las organizaciones ambientales denunciaban: las recientes decisiones del Ejecutivo eliminaron las restricciones regulatorias clave que frenaban su avance. El 30 de septiembre de 2026 la empresa anunció que ya tiene lista la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA) y que en octubre iniciará el “compromiso comunitario” previo a radicar la solicitud de licencia ambiental. No es una interpretación de los defensores del páramo. Lo dice la propia compañía.
Esto no es un ajuste técnico. Es el resultado de un desmontaje sistemático, exprés y deliberado de las protecciones construidas durante años.
El cronograma de la regresión ecológica
En menos de sesenta días el gobierno de De la Espriella ha derribado tres actos administrativos de protección sobre Santurbán. Un récord de regresión ambiental difícil de igualar:
- Agosto 2026: Apenas asumido el poder, el ministro de Ambiente Fabio Arjona firmó la Resolución 1037 que revocó la reserva permanente de 1.499 hectáreas sobre la microcuenca de la quebrada La Baja, zona neurálgica y rica en oro. La medida había sido adoptada en los últimos días del gobierno anterior. El argumento oficial: vicios de trámite y órdenes judiciales. El efecto práctico: se eliminó la protección definitiva más dura sobre un área crítica para el proyecto Soto Norte.
- Septiembre 2026: Ante la presión de las veedurías, el ministro Arjona fue recusado por sus nexos históricos con el sector minero. El gobierno no se detuvo: designó como ministro ad hoc al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y con esa figura firmó la Resolución 1277 del 28 de septiembre. Esta norma derogó en su integridad la Resolución 0970 que había extendido la reserva temporal del costado occidental de Santurbán hasta marzo de 2029 y actualizado su cartografía. La vigencia regresa ahora a marzo de 2027. Dos años menos de protección.
- En paralelo se revocó también la delimitación parcial “exprés” del complejo de páramos (Resolución 1278), argumentando fallas de participación. El resultado neto: tres resoluciones de protección caídas y cero medidas nuevas de conservación efectiva.
La reserva temporal no desaparece todavía —sigue vigente hasta marzo de 2027—, pero el mensaje es inequívoco: el reloj se aceleró a favor de la minería. Aris Mining lo entendió al instante. En su comunicado de finales de septiembre la empresa celebra explícitamente que “las recientes acciones gubernamentales que eliminan restricciones regulatorias clave” le permiten avanzar. La propia multinacional reconoce que la revocatoria de La Baja y el retorno de la reserva temporal a 2027 están “bien alineados” con su cronograma.
El beneficiario no es abstracto: se llama Aris Mining y el proyecto se llama Soto Norte
Detrás de cada “corrección de legalidad” aparece el mismo nombre. Soto Norte es un proyecto subterráneo de oro y cobre con 4,6 millones de onzas de reservas, vida útil proyectada de 22 años y capacidad de 3.500 toneladas diarias. La Agencia Nacional de Minería ya aprobó la modificación de su Programa de Trabajos y Obras. Solo faltaba el camino libre en materia ambiental. Ese camino acaba de ser despejado.
El gobierno insiste en que se trata de restablecer el debido proceso y la seguridad jurídica. Las organizaciones sociales, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y miles de ciudadanos de Bucaramanga y su área metropolitana ven otra cosa: la subordinación del interés general —el derecho fundamental al agua— a los tiempos de una junta directiva extranjera. Mientras se acortan los plazos de protección, no existe un solo anuncio de fortalecimiento de la vigilancia, de inversión en estudios hidrológicos independientes o de medidas cautelares reales para garantizar que el páramo siga regulando el agua que llega a más de dos millones y medio de personas.
La ligereza es insultante. Se prefiere amparar las proyecciones de una multinacional por encima de la soberanía hídrica. Se reduce el tiempo de resistencia de las comunidades y se las obliga a librar una batalla jurídica asimétrica contra un gigante minero que ahora cuenta con el respaldo explícito de la Casa de Nariño.
La fachada de la “ciencia” y la “participación”
El discurso oficial se escuda en “fallas de trámite”, “participación ciudadana” y “cumplimiento de sentencias”. Es un argumento que suena técnico y responsable. En la práctica opera como coartada. Se derogan protecciones con velocidad de rayo y se pospone indefinidamente cualquier decisión de conservación definitiva. El Comité de Santurbán ha fijado un ultimátum claro: el 13 de noviembre de 2026 es la fecha límite para que el Ministerio de Ambiente someta a consulta pública el proyecto de reserva natural definitiva. Si el gobierno sigue ignorando el clamor regional, la respuesta no se limitará a las acciones populares y las medidas cautelares. La defensa del agua se trasladará en masa a las calles de Bogotá.
Quienes en Santander y Norte de Santander votaron por promesas de prosperidad y “orden” hoy contemplan cómo el agua de sus hijos y el equilibrio de un ecosistema estratégico son tratados como activos de remate bursátil. La retórica de protección ambiental “sustentada en la ciencia” se revela, una vez más, como fachada para viabilizar títulos mineros.
La historia de Santurbán no es nueva. Es la misma batalla de siempre entre el derecho colectivo al agua y el extractivismo disfrazado de desarrollo. Lo nuevo —y lo especialmente grave— es la velocidad y la desfachatez con que el gobierno actual ha actuado. En menos de dos meses ha logrado lo que años de presión minera no habían conseguido: desmontar los escudos jurídicos y entregar el calendario a Aris Mining.
La vida y los páramos no se negocian. Aunque el gobernante de turno pretenda firmar su entrega con resoluciones ad hoc y discursos de “seguridad jurídica”. El 13 de noviembre se verá si el Ministerio de Ambiente responde al clamor de la región o si prefiere seguir abriendo las puertas a la explotación. Hasta entonces, el agua de millones de colombianos sigue pendiente de un hilo cada vez más fino.
